Junio fue el mes con los índices de mortalidad más alta desde el inicio de la pandemia. Según recoge el 34º Informe Epidemiológico a partir de los datos del DEIS, el mes pasado, la tasa alcanzó las 82 muertes por 100.000 habitantes, 27 puntos más que el promedio de los últimos cuatro años del mismo mes y más del doble que el del mes anterior. En mayo, el aumento de la mortalidad respecto al promedio 2016-1019 fue de 12 puntos.

Los cementerios –municipales y privados– enfrentaron el peak de fallecimientos con muy poca claridad respecto a los protocolos para entregar sus servicios de forma segura. Aunque ya habían pasado tres meses del inicio de la pandemia, la sensación de improvisación fue notoria y, en algunos casos, persistente hasta hoy.

A principios de julio, la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Cementerios Municipales de Chile (Fenascec-Chile), emitió un comunicado para denunciar el abandono de las autoridades gubernamentales en la supervisión de las medidas a tomar en los funerales y sepultaciones durante la pandemia: “Hoy somos ignorados”, lamentaban los empleados en el texto. “Cada autoridad municipal (alcaldes, directores y administradores de cementerios) tiene su propia visión de los protocolos en que jamás se nos ha tomado en cuenta y la realidad nacional del funcionario de cada cementerio es desconocida para las autoridades tanto del gobierno central como del Minsal”, criticaron.

Protocolos distintos y bajo criterios del municipio

La polémica por la muerte de Bernardino Piñera puso bajo la lupa el Protocolo de funerales en contexto de pandemia, elaborado por el Minsal, un documento de tres páginas que apunta, de forma genérica, algunas medidas para llevar a cabo en la celebración de funerales. El texto fija la duración de la ceremonia en un máximo de 90 minutos, la asistencia de 20 personas (si el fallecido no era paciente Covid), la prohibición de los velorios en domicilios, el cumplimiento de la distancia de seguridad entre los asistentes y el uso de equipos de protección personal, entre algunas otras normas. Sin embargo, no profundiza en los procedimientos para fallecidos con o por COVID-19, y deja a criterio de la dirección de cada cementerio las medidas para enterrar a las víctimas de la pandemia.

“Como al inicio todo estaba en pañales, nosotros –como cementerio– establecimos nuestro propio protocolo interno que, por fortuna, fue muy similar al que estableció el Minsal”, explica Jaime González, jefe de operaciones del Cementerio Municipal de Talca. En este recinto, que registra 11 personas fallecidas por Covid-19 desde marzo hasta la fecha, decidieron que en caso de muerte por coronavirus, solamente ingresa la carroza fúnebre con el cadáver y no hay ritual de inhumación: “Es para evitar los contagios, porque si la persona falleció por Covid, sus cercanos podrían tener la enfermedad también”, dice González.

En el Cementerio Municipal de Valparaíso, el Cementerio General de Recoleta o el Parque del Recuerdo, en cambio, en un funeral de una persona positiva permiten el ingreso de diez familiares durante la sepultura, mientras que en el Cementerio Municipal de Curicó pueden entrar solo cinco. En la ciudad maulina, además, existen turnos de 24 horas por si una persona enferma de Covid fallece de noche y necesita ser enterrado. Hasta ahora, de los 11 entierros de muertes por Covid en este camposanto, tres han sido durante la noche. “Los protocolos varían en función de la comuna porque los cementerios municipales dependen de la autoridad municipal, que no es experta en salud, sino quien administra el cementerio”, cuenta Eugenio González, presidente de la asociación de funcionarios de este cementerio. “Un día dicen una cosa, al otro día otra y no hay un hilo conductor a nivel nacional que diga esto es negro de Arica a Punta Arenas”, se queja el trabajador.

Desde el Cementerio Metropolitano, en la comuna de Lo Espejo y de gestión privada, Gabriel Sepúlveda, representante de los trabajadores del recinto, comenta que establecieron “un par de protocolos propios para sepultaciones por Covid para el uso de elementos de protección personal, sanitización, recepción [de la carroza], funeral y sepultura donde se dejará la persona que fallece”. Sepúlveda asegura que los camposantos “han tenido que tomar las decisiones por su cuenta por la poca claridad del Minsal, que definió un protocolo a nivel genérico, pero las autoridades que lo hicieron no conocen ni saben cómo operan los cementerios. Tampoco han estado presentes en un proceso de fiscalización”, lamenta.

En el Metropolitano, en junio se sepultaron 1.222 personas, 632 de las cuales tenían Covid. En la jornada más dura se  registraron hasta 60 inhumaciones. Los entierros aumentaron ese mes en 100% en relación al año pasado. El promedio de sepultaciones diarias en junio llegó a 40, pero en julio se ha reducido a 28. “Llevo 32 años en esta empresa y nunca había visto filas de carrozas esperando para ser atendidas”, asevera Sepúlveda. Y añade: “Podemos recibir hasta cuatro cortejos de forma simultánea, pero teníamos que esperar que salieran cuatro para que entraran cuatro más, y así sucesivamente”. Incluso la capilla, que no se ocupaba porque no se están celebrando misas, se tuvo que habilitar para dejar los cuerpos durante la noche, a la espera de ser sepultados a primera hora de la mañana. “Hubo un momento que esto era una caos”, exclama Mario Guajardo, presidente del sindicato de los trabajadores del Parque del Recuerdo y presidente de la Federación de Cementerios Privados. En su caso, el promedio de sepultación pasó de 10 o 11 funerales diarios al inicio de la pandemia a alcanzar los 32 en un mismo día.

En el Cementerio Municipal de Melipilla las sepultaciones se llegaron a triplicar en el peor momento de la pandemia: pasaron de tres a nueve diarias. Sin embargo, a pesar de la complejidad han podido sobrellevar la etapa más difícil. Iván Catalán, dirigente de los funcionarios de este recinto, relata como aprovecharon la falta de directrices del Minsal para diseñar por su cuenta un protocolo “estricto” y con acuerdo de todos los agentes implicados –directivos del cementerio, representantes de los trabajadores y autoridades–. Lo hicieron a través de la conformación de un comité desde el cual se instauraron medidas como separar el tratamiento de muertes Covid por la tarde y el resto en la mañana. “Tenemos la suerte que en el municipio nos toman harto en cuenta”, recalca.

“No damos abasto”

Los trabajadores y trabajadoras de los cementerios enfrentaron la primera fase de la epidemia en Chile con un alto nivel de exposición. De repente, empezaron a llegar muchos muertos por causas respiratorias y nadie tomaba ningún resguardo porque no existía documento alguno que considerase aquellos decesos asociados a Covid (por o con el virus, o con sospecha de este). “Llegaban personas fallecidas en domicilios y no sabíamos si eran casos positivos o no. La gran duda que había era que a lo mejor no ponían COVID-19 al pase de sepultación y ponían enfermedad respiratoria”, comenta Eugenio González. “Eso fue una desconfianza que se vivió en los cementerios a nivel nacional”, agrega.

Esta semana, el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, aseguró que hay un subreporte de muertes por coronavirus del 61% en Chile. Según él, “esto se debe a la metodología de notificación de muertes de COVID-19, que durante el período indicado [desde marzo hasta junio] no tuvo en cuenta a las personas que murieron fuera del hospital (por ejemplo, las que murieron en su hogar) o aquellos que murieron sin una prueba confirmada”.

“Uno intuía que eran casos Covid, pero que no aparecía eso en el certificado de defunción y como no se decía, había riesgos porque se recibía como un servicio normal y no se entregaban elementos de protección a los trabajadores porque decían que la persona había fallecido por neumonía, por ejemplo”, relata Gabriel Sepúlveda. El su comunicado, la Fenascec ya denunció la falta de personal dedicado al “resguardo de los peligros que a diario se expone un funcionario de cementerio” y alertó que, desde el punto de vista sanitario, los trabajadores son “ignorantes de los riesgos” y, en algunos casos, “carentes de medios de protección”.

Si bien ha habido cementerios que se han hecho cargo de entregar equipos protectores a sus trabajadores, como el de Curicó, otros han registrado faltas de insumos como mascarillas, overoles o guantes. “El cementerio de El Prado ha tenido problemas con los elementos de protección personal, los trabajadores se han quejado”, explica Mario Guajardo. “Ha faltado fiscalización de la Seremi”, indica. Desde el Cementerio Metropolitano, Gabriel Sepúlveda subraya lo mismo: “Al principio funcionó todo bien, pero luego se fueron relajando y ahora no se usan los buzos desechables de papel –que se deberían ocupar obligatoriamente– porque, según la dirección de la empresa, los costos aumentaron y es difícil conseguirlos”. El funcionario, que supervisa el área que atiende la llegada de los servicios funerarios, afirma que han sido días “muy estresantes”, en los que “mucha gente se contagió". Cuenta que alrededor de 20 personas, de un total de 160 trabajadores, estuvieron con una licencia, incluido él mismo, y que eso obligó a la empresa a contratar trabajadores para suplir esas bajas.

“No damos abasto”, expresa Ivo Vuskovic, dirigente del sindicato de trabajadores del Cementerio de Valparaíso. Como en los otros recintos, los mayores de 60 años o con enfermedades crónicas se quedaron en sus casas y eso ha reducido las plantillas de trabajadores de varios camposantos. “De 100 trabajadores somos solo 40 y estamos con una sobrecarga laboral muy fuerte”, subraya. Ante ese aumento laboral, los trabajadores porteños solicitaron un bono de $1.200 diarios para transporte, pero se les ha negado. “Nos sentimos muy poco valorados y escuchados”, enfatiza.

"El patio trasero de las municipalidades"

La sensación de ninguneo también quedó plasmada en el comunicado público de la Federación. Ahí los funcionarios y funcionarias llamaron a “ser tomados en cuenta como trabajadores de la primera línea de la salud pública” e insistieron que son “el último eslabón de la cadena”. Para Gabriel Sepúlveda, los cementerios “solo importan el 1º de noviembre”, la única fecha que, dice, “la seremi va a mirar qué se hace”.

En 1982, en plena dictadura, la ley 18.096 estableció el traspaso de las competencias de los cementerios públicos del entonces Servicio Nacional de Salud (SNS) a los municipios. “Desde esa fecha hemos quedado en un completo abandono”, acusan los trabajadores. Denuncian que si bien se encuentran bajo el alero de las corporaciones municipales, no son considerados funcionarios públicos, por lo que sus derechos y deberes laborales se rigen por el Código del Trabajo: “Como si fuésemos una empresa privada”, critica Ivo Vuskovic. “Son menos rigurosos con nosotros”, señala, y lo ejemplifica con las dificultades para levantar una carrera funcionaria o para recibir asignaciones de antigüedad.

Hoy los 1.200 trabajadores de cementerios municipales del país, según datos de la Federación, son los únicos trabajadores municipales que no se rigen por un estatuto, sino por el Código del Trabajo. “Somos los patios traseros de las municipalidades”, espeta Eugenio González, quien denuncia, también, que cada cuatro años, y bajo la campaña de las elecciones municipales, los cementerios “se prestan para favores políticos”. Una “deuda histórica” que el rubro ha decidido abordar. Los trabajadores y trabajadoras han empezado a buscar alianzas parlamentarias para hacerse cargo de esta situación, aprovechando la visibilidad que la pandemia les ha traído, pese al abandono institucional, las dificultades laborales que acusan y la dureza y complejidad de los tiempos que el coronavirus no obliga a vivir.