Desde que se destapó el caso de las bombas en la oficina del exministro del Interior y una comisaría en Huechuraba, la detención de los presuntos involucrados demoró exactamente un año. ¿Te genera extrañeza la demora o fue un tiempo necesario para recopilar pruebas?

Mirando el proceso de formalización queda en evidencia que, efectivamente, hubo un trabajo bastante detallado en recopilar antecedentes y pruebas. Creo que a diferencia de otros juicios similares, hay harta contundencia en lo que está presentando el Ministerio Público para llevar adelante la acusación. Aunque, sin embargo, siempre llama la atención el tiempo en que esto se decide hacer, justo cuando se cumple un año del caso, y que se realice en un momento tan clave de la discusión política. A pesar de esto, no es suficiente para cuestionar el proceso. Creo que lo que nos debería preocupar es que esta misma rigurosidad y esfuerzos, ojalá también se realicen en otros casos donde lamentablemente pasan años y las investigaciones no llegan a nada.

Da la impresión que después del caso bombas uno, que incluyó en sus pruebas un póster de Axel Rose, la fiscalía no está dispuesta a pasar un nuevo bochorno. Acá hubo un acopio importante de videos, trazados de recorridos y hasta un estudio de material genético.

Comparativamente, las pruebas que han sido mostradas en este proceso de formalización son bastante más robustas y sustantivas de lo que vimos en el primer caso bombas, donde incluso existieron acusaciones de montaje. Creo que toda institución tiene procesos de aprendizaje y, hoy en día, no hay margen para que se produzca un nuevo bochorno. No sólo en esta institución, sino también en el parlamento, pasando por el gobierno y particularmente las policías. Si bien las personas no son culpables hasta que son declaradas culpables, hemos visto hasta ahora elementos probatorios bastante robustos.

Aunque desde el punto de vista de la seguridad genera cierto ruido que Solar y Caballero, luego de su detención en España lleguen a Chile y continúen en lo mismo, sin un monitoreo relevante para evitar que estas cosas sucedan.

Sí, creo que hay una serie de preguntas y cuestionamientos que son bastante naturales. No es autoexplicativo que después de haber pasado por todo lo que pasaron en España, luego de haber vuelto al país con la posibilidad de volver a iniciar y rehacer su vida, vuelvan a incurrir en lo mismo. Si ellos fuesen encontrados culpables, estamos hablando de un perfil de personas que no tienen un cálculo intermedio para llevar adelante estas acciones. Ahora bien, esto sucede en medio de un debate sobre la inteligencia en Chile y por eso mismo llama la atención el momento en que se lleva adelante este procedimiento. Ojalá sea solamente algo anecdótico, pero no deja de llamar la atención que suceda esto justo después de un año exacto y estemos debatiendo sobre la Ley de Inteligencia.

En las imágenes sobre la instalación de un artefacto explosivo en España, no se aprecia un uso tan sofisticado del disfraz. Ahora, sin embargo, se nota una evolución importante desde el punto de vista de la caracterización.

Hoy en día los actos de terrorismo y amedrentamiento están llevados adelante con altos grados de independencia y eso permite que la trazabilidad sea cada día más compleja.  Por eso creo que una de las grandes interrogantes que quedan en este caso, que por cierto todavía no está cerrado, es cómo dos personas que habían pasado por estos dos procesos, que obtuvieron la libertad, vuelven  a incurrir en lo mismo, entendiendo que estaban bajo la mirada de un sistema de inteligencia. Esa es una interrogante que queda abierta respecto a lo entrecomillas absurdo que significa que esta pareja vuelva a incurrir en lo mismo.

¿Crees que subestimaron al sistema de inteligencia chileno?

Es difícil aseverar si subestimaron o no el sistema de inteligencia chileno, porque puede ser simplemente que su ideología, sus convicciones en este caso, si es que son declarados culpables de infringir terror, superaban todo riesgo y estaban disponibles a todo. Pero, repito, creo que aquí queda una gran interrogante respecto a por qué toman esta decisión tan poco tiempo después de haber sido parte de investigaciones tan grandes, no solamente en Chile sino también en el exterior.

Ley de Inteligencia

Es bastante frecuente introducir reformas o leyes en momentos convulsionados. Hace poco hablaste del poyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia, presentado por Piñera en el 2018 y que aceleró el tranco en el congreso justo después del estallido social. No dijiste que había sido gol, sino un golazo.

La Ley de Inteligencia, junto al paquete de medidas de populismo penal que el gobierno ha logrado empujar en el congreso, son parte de un claro aprovechamiento sobre un momento en que el país está sumido en la incertidumbre, el miedo; incluso algunos sectores de las poblaciones están pasando hambre. Empujar esta agenda en estos momentos es una ganancia pura, principalmente desde el punto de vista comunicacional. Lo que queda claro es que vamos camino hacia la politización de la seguridad y la inteligencia en Chile, mientras de paso el gobierno busca tener un control desproporcionado y sin límites  sobre el sistema de inteligencia nacional.

Que encaja muy bien con la retórica sobre la guerra y el enemigo interno que se ha instalado post estallido…

Absolutamente, el gobierno no pierde la oportunidad de inventar guerras y batallas. Ya lo vimos cuando lanzó el programa elige vivir sin drogas, donde el presidente de la República en cadena nacional, fuera de todo contexto, anunció una  nueva guerra contra el narcotráfico. Lo mismo que hizo al inicio de la pandemia cuando anunció la batalla de Santiago. El problema no sólo radica en que el gobierno sigue haciendo política por medio de pautas de prensa, sino que terminan por perder las mismas guerras que ellos inventan, coherente con su obsesión bélica. Ahora, por medio de las reformas al sistema de inteligencia, quieren crear un enemigo interno dentro de los movimientos sociales para seguir justificando estas guerras y así poder desplegar de manera desproporcionada a las policías y como en el caso particular del proyecto de infraestructura crítica, incluso a las Fuerzas Armadas.

Tú mismo le has llamado “populismo panfletero” que es la inmensa discrepancia entre el anuncio bombástico y los escasos resultados en términos prácticos.
Como cuando iniciaron su obsesión con las rondas masivas, y resulta que la efectividad era alrededor del 2% de quienes terminan detenidos en estos show desproporcionados sobre ciertos territorios. Y ahora vemos que en estado de excepción las Fuerzas Armadas terminan siendo fronteras de control social, arrinconando el delito y la inseguridad en los territorios, donde viven las personas más vulnerables y transformando los espacios donde vive la elite política y económica en verdaderos oasis de seguridad. Lo que se busca es una ley de inteligencia que sea proactiva y que de cierta manera haga una pesca de arrastre, saliendo a buscar  datos e información sin respeto alguno por el derecho a la privacidad. En otras palabras es como instalar un buque factoría sobre la sociedad chilena esperando que algo caiga.

Cantidad por sobre la calidad...

Sí, porque lo que debería suceder, por el contrario, es que se aplicara un enfoque selectivo, altamente profesional, pero por sobre todo democrático, transparente y que logre resguardar el derecho de las personas. Uno de los mayores poseedores de datos sobre nosotros es el Estado. Con estas nuevas reformas no solamente la vulnerabilidad de las personas crecerá, que ya era un diagnostico bastante negativo, sino que se transformará en un potencial enemigo interno prácticamente cualquier persona.

Además se suma a las Fuerzas Armadas en labores de contrainteligencia y seguridad interna.

Las Fuerzas Armadas ya vienen trabajando en labores que no le competen y esto lo vimos tras la firma del famoso decreto que se hizo en el norte de Chile que permitía su participación en labores de narcotráfico. Pero no es sorpresa que el gobierno esté aprovechando esta pandemia para este despliegue de mayor control. Lo hemos visto también en la Araucanía, donde el Estado sigue tratando de abordar los desafíos sociales, económicos y políticos por medio de la fuerza, pero además donde se han hecho esfuerzos reales de poner a las Fuerzas Armadas a jugar un rol en la seguridad interna. Países como Colombia están absolutamente preocupados porque sus policías y la seguridad en general vuelva a tener un perfil ciudadano, tras la evidente militarización que han sufrido en las últimas décadas. Toda la evidencia nos muestra que una vez que se avanza en la militarización, ya sea de la práctica policial o en la participación directa de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, es prácticamente imposible dar un paso atrás.

Las nuevas atribuciones de las Fuerzas Armadas pueden entenderse también dentro del contexto de anticipación a un eventual estallido 2.0

Nadie que quiera hablar con responsabilidad podría asegurar que no lo vio venir. Cuando vemos que el gobierno es incapaz de gobernar para proteger a las personas y lo que hace es ofrecer más endeudamiento, es esperable que las personas salgan a la calle y existan nuevos episodios de demanda social. El problema es la forma en que la institucionalidad se está preparando a través de esta ley de inteligencia para vigilar y castigar. El gobierno ha perdido una gran oportunidad de reformar a carabineros y eso no solo nos está pasado la cuenta hoy, sino cuando nuevos estallidos sociales florezcan de manera más atomizada en los territorios, donde ya hay un control exacerbado de parte de las policías y ahora se suman también las Fuerzas Armadas. Al final la reforma a Carabineros terminó como un espacio de negociación legislativa para empujar la agenda de populismo penal del gobierno a partir de la ley antibarricadas, el paquete de las reformas al sistema de inteligencia y maquillando de una manera superficial a una institución que clama desde dentro, incluso desde sus altos mandos, que debe reformarse porque no da para más. Estamos frente a una situación de desgobierno en materia de seguridad y esta situación nos va a pasar la cuenta.

¿En qué nos puede pasar la cuenta?

Primero que todo Carabineros de Chile no ha cambiado un ápice desde el estallido social. Si es que antes existía brutalidad, abuso en las calles, policías incapaces de cumplir su labor de prevención del delito, de control y de resguardo del orden público, sin salirse del marco del respeto de los derechos humanos, hoy nada nos dice objetivamente que algo ha cambiado... Carabineros es una institución que no debe ser modernizada, ni maquillada, lo que  se requiere es una profunda reforma. Lo que vimos desde octubre, hasta incluso el día antes que se detectara el primer caso de coronavius en Chile, fue claramente brutalidad policial. Eso no tiene otro nombre. El problema es que esa brutalidad se venía viendo por décadas en los territorios donde viven las personas con menos privilegios, seguridad, trabajo y recursos. Lo que vimos con Gustavo Gatica que hasta el día de hoy lo único que sabemos es que la reacción de carabineros ha sido entrecomillas un castigo administrativo, pero ni siquiera sabemos quién le disparó. Eso contribuye a esta olla a presión que va a explotar con una policía que, a pesar que quiera reformarse, no lo ha hecho porque la autoridad política ha sido incapaz de liderar  un proceso profundo que ellos mismos anunciaron.