Un tema crucial es la evasión tributaria, mecanismo por el cual los segmentos más ricos de la sociedad han acumulado grandes fortunas violando la ley y así afectando a la inmensa mayoría de la población.

Se trata de recursos que podrían haber sido destinados a inversión social, mayores pensiones, ayuda a las familias y Pymes, todas inversiones hoy más necesarias que nunca en el contexto de la profunda crisis social y sanitaria que el país vive. Este verdadero saqueo al país va en beneficio de los sectores más ricos de la sociedad, en el marco de la brutal desigualdad existente y trágicos niveles de vulnerabilidad en que vive más del 80% de los hogares chilenos.

Para dimensionar lo grave de la situación, enfatizamos 4 puntos en base a datos contundentes:

Primero. Se estima que la evasión del impuesto de primera categoría y el IVA corresponde entre un 3% y 4% del producto anual del país (PIB) (Yáñez, 2016).

Segundo. Por otro lado, las estimaciones llegan a cifras aún mayores, para el impuesto a la renta (3,59% del PIB), IVA (0,91% del PIB) y combustibles (0,29% del PIB), sumando 4,8% del PIB (Jorratt, 2012).

Tercero. El quintil más rico concentra un 98% de la evasión del impuesto a la renta y un 70% del IVA. Más aún, el 1% más rico concentra un 61% del total de la evasión del impuesto a la renta, según cifras oficiales del SII.

Cuarto. La concentración de la evasión tributaria se concentra extraordinariamente en los sectores de mayor ingreso. El quintil más rico evade un 4% del PIB y el 1% más rico un monto en torno al 2,4% del PIB.

Considerando los datos expuestos y el actual PIB de Chile, el monto total de evasión concentrado en el 1% más rico correspondería a unos 6.000 millones de dólares anuales, casi el 10% de la recaudación fiscal. Con estos dineros se podrían triplicar todos los recursos que el gobierno hoy ha destinado a apoyar a las familias o a duplicar la ayuda actual a las Pymes.

Aclaramos que estas cifras son muy conservadoras, tal como se aprecia en las metodologías consideradas por los estudios citados. Muchas de estas estimaciones deben ser actualizadas, pero extrañamente ni el SII ni la mayor parte de los economistas han mostrado mayor interés en actualizar los profundos estudios hechos por Michel Jorratt y otros por José Yánez, hace ya algunos años.

También es extraño que tanto el SII como el Servicio de Aduanas no muestren alarma por esta masiva evasión de impuestos. Tampoco el gobierno ha sido muy entusiasta en utilizar los servicios internacionales de transparencia financiera que ofrece la OCDE, en la que muchos países miembros participan activamente permitiéndoles reducir significativamente la evasión tributaria. Al parecer a nadie en el gobierno o en el Congreso parece interesarle lograr la implementación de muchas normas que la OCDE recomienda para reducir la evasión tributaria, incluyendo la eliminación del secreto bancario, establecer una verdadera norma general anti elusiva (la que existe en Chile sólo de nombre) y muchas otras recomendaciones que sí han sido acatadas por casi todos los demás países.

Este es un urgente desafío al gobierno y al Congreso, para que se aboquen inmediata y eficazmente a una labor que está en el corazón del deber para el cual han sido elegidos: reducir el brutal saqueo que sufre la gran mayoría de chilenas y chilenos por parte de los segmentos más ricos del país a través de la evasión tributaria.

Se deben explorar mecanismos inmediatos y efectivos para facultar al SII y al Servicio de Aduanas de mayores atribuciones administrativas, para atacar esta pérdida de recursos para la sociedad en su conjunto. Esta política pública tendría un impacto muy progresivo.

Se señala a menudo que “necesitamos que quienes ganen y tienen más, paguen más”. Con esta propuesta exigimos que paguen al menos lo que legalmente les corresponde. Esta escandalosa evasión ha ocurrido por muchos años a vista y paciencia de políticos, autoridades y la mayor parte de los economistas y abogados asesores. Esta política de relativa tolerancia hacia los evasores ha creado lo que el periodista Juan Andrés Guzmán (autor del libro Empresarios zombis) llama la “industria de la evasión”: grandes y sofisticados estudios jurídicos y económicos dedicados a una “innovación” socialmente destructiva.

Creemos que esto es una tarea urgente que puede y debe hacer este gobierno para obtener el esfuerzo interno necesario para financiar esta crisis (como complemento al impuesto patrimonial, que actualmente se está tramitando en el Congreso Nacional), sin necesidad de depender tanto de la deuda del país y de los hogares.

Este es un desafío no sólo para el gobierno y los parlamentarios, sino también para parte de nuestros colegas economistas, que una vez más aparecen como cómplices de un crimen económico que sigue causando, y agravando, el sufrimiento de las chilenas y chilenos, más aún en este tan álgido momento.