A fines de junio, un centro de la empresa Blumar en Los Lagos protagonizó un escape masivo de salmones, del que aún se están midiendo los posibles daños ambientales. Pocos días después, el Consejo de Defensa del Estado se querellaba contra la empresa Nova Austral, por falsear los números de mortalidad real de salmones y alterar el fondo marino para ocultar el deterioro del ecosistema, en sus centros de salmonicultivo en la Región de Magallanes. La forma en que se está aplicando la legislación ambiental, permitiría a estas dos salmoneras, entre otras, desarrollar su actividad en un área protegida por su valor ecológico y ancestral; la Reserva Nacional Kawésqar.

“No existe la salmonicultura sustentable”, sostiene el vocero de Greenpeace, Mauricio Ceballos. “No hay salmonera que pueda evitar los escapes de salmón, y el hecho de que sea una especie exótica los lleva a llenar el mar de fármacos. Las empresas como Nova Austral que se jactaban de ser libres de antibióticos, tenían que falsear las cifras de mortandad para poder seguir operando. Algunos centros que han protagonizado los mayores desastres ambientales en Chile tenían certificaciones internacionales de salmonicultura sustentable”, explica. Por esto, preocupa tanto a organizaciones ambientalistas como a comunidades kawésqar el hecho de que hoy en día, además de las 60 concesiones que ya existen en las aguas del parque, haya una veintena de proyectos en evaluación. ¿Está permitida esta actividad en un área protegida?

La ley y sus interpretaciones

Los proyectos que buscan desarrollarse en la reserva ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que es el método más flexible de ingreso. Sin embargo, la normativa establece que los proyectos que se instalen en áreas protegidas deben ingresar a través de Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Este es uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas, ya que el EIA exige participación ciudadana obligatoria, implica estudiar los efectos acumulativos de las distintas actividades y tiene otras exigencias que el DIA no contempla. “El SEA está incumpliendo su deber al admitir a trámite estos proyectos por la vía que no corresponde. Preocupa también que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, que tiene a cargo la protección de esta zona, no levante la alerta con respecto a esto”, afirma Christian Paredes, abogado de Terram.

La postura de la CONAF regional también generó polémica el pasado mes, cuando la contraloría dio curso a algunas concesiones acuícolas en la reserva. El dictamen recordaba que la acuicultura para dichas concesiones sólo se podrá desarrollar si se alinea con los objetivos de conservación del área. En este caso, esos objetivos se establecerán en el plan de manejo, que debería terminarse en el 2021.

Según interpretación de las organizaciones ambientales, la acuicultura entonces no podrá desarrollarse hasta que no esté completado dicho plan, que por su parte deberá recoger la postura de los pueblos originarios de la zona, quienes ya expresaron durante la consulta indígena previa la intención de proteger las aguas del lugar, dejándolas para pesca artesanal y actividades ancestrales.

Sin embargo, el director regional de la CONAF en Magallanes, Mauricio Véjar, afirmó ante la prensa regional que no era necesario esperar al plan de manejo para que los proyectos salmoneros se ingresaran. “Es preocupante porque se trata del director de la sede que está a cargo de elaborar el plan de manejo, y mientras se desarrolla dicho plan, sale a decir que estaría permitida la salmonicultura en la reserva, sin atender a las razones legales, ecosistémicas y al proceso de consulta indígena”, argumenta Victoria Belemmi, abogada de la ONG FIMA.

Un parque sin mar

Para Lisbeth Van Der Meer, directora de Oceana, el problema real se dio durante la creación del Parque Nacional Kawésqar, a inicios del 2019. El sector del parque ya contaba con concesiones en sus aguas, y la salmonicultura no está permitida en Parques Nacionales. La solución encontrada fue crear un Parque Nacional con todas las islas y secciones de tierra, y dejar las aguas como Reserva Natural, lo que les confiere un menor grado de protección y por ende las deja propensas al desarrollo de la acuicultura. “Fue un procedimiento irregular, nunca antes se había protegido solo la tierra y no el mar. Ahí estuvo el gran problema”, afirma.

Esta diferencia de protección entre tierra y mar, es la que permite que hoy, la empresa Nova Austral busque trasladar las concesiones que ya no puede utilizar en el Parque Nacional Alberto de Agostini (el que aparece detrás de los billetes de 10.000), a las aguas de esta reserva. También determina que sea la CONAF el organismo encargado de la protección de una zona marítima.

Para representantes de organizaciones como FIMA, Greenpeace y la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental (AIDA), la esencia del tema es clara: “Creemos que la salmonicultura debería estar prohibida en áreas protegidas, y que las normas existentes permiten hacerlo. Preocupa cómo las instituciones públicas hacen una interpretación antojadiza de las normas, tanto quienes deberían rechazar los estudios por su modo de ingreso, o porque no hay plan de manejo, como quienes siguen haciendo concesiones en áreas protegidas”, resume Mauricio Ceballos.

Por esto, las tres organizaciones trabajan de cerca con la comunidad kawésqar en instancias legales para, al menos, frenar los proyectos que están en evaluación. Y es justamente en manos de estos pueblos originarios, que se busca dejar la conservación. Por esto, en la reserva se han iniciado solicitudes de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO); un instrumento que deja la administración de estos espacios a pueblos que ejerzan un “uso consuetudinario” del lugar. Este instrumento prioriza ese uso por sobre otros usos del mar, y congela cualquier otra solicitud de uso en el momento en que se emite la solicitud.

“La recuperación territorial por parte del pueblo kawésqar es clave, existe una buena complementariedad entre los usos tradicionales del mar y la conservación del área, lo que permitiría generar un ordenamiento territorial que le quite terreno a las salmoneras”, reflexiona Ceballos.

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