“No es difícil imaginar cuán insostenible se ha tornado la biografía cotidiana de millones de personas”, manifiesta la vocera de la Coordinadora Feminista 8M y abogada especialista en seguridad social, Karina Nohales. Desde 2018 la profesional integra el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora 8M, que este año movilizó a millones de mujeres en una marcha histórica, que nuevamente tuvo entre sus demandas la garantía y protección de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras.

Nohales también ha integrado diversas instancias dedicadas a plantear propuestas sobre prensiones con perspectiva de género. Una de ellas fue un encuentro sobre seguridad social que terminó por levantar la idea de un sistema de seguros y jubilaciones que reconozca el trabajo doméstico, como trabajo de cuidados, que se realizó en 2019.

Hoy, dice que la pandemia nos enfrenta una vez más a las deficiencias estructurales del sistema, claro que con elementos que ve más preocupantes: se han destruido cientos de puestos de trabajo y se está echando mano al bolsillo de las y los trabajadores para pagar esos costos. Y esto, sostiene, ha profundizado la desigualdad de condiciones de las mujeres.

Es por eso que el proyecto por el Postnatal de Emergencia y por el acceso al retiro del seguro de cesantía para las trabajadoras de casa particular se vuelven urgentes. Pero aquí el gobierno ha puesto una muralla que Nohales ve difícil de franquear. “Puede suceder que lleguemos al final del Estado de Emergencia sin que se haya resuelto nada; no es descartable que sea esa la aspiración del gobierno”, apunta en entrevista con El Desconcierto.

-El retiro del 10% de los fondos de las AFP se ha tomado el debate estos días. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Si bien se trata de un debate que hoy está en el Congreso, el camino de la impugnación al sistema de AFP lo han abierto y sostenido los y las trabajadoras movilizadas. Son esas luchas las que hacen posible que este debate exista. El masivo apoyo popular al retiro del 10% de los fondos responde en parte a la necesidad económica ante la crisis, pero no únicamente. Es también un momento más del rechazo a un sistema que sólo garantiza hoy y mañana pensiones de miseria.

Un aspecto contradictorio de este proyecto es que sigue significando que los y las trabajadoras paguen la crisis a costa de su propio ahorro previsional, mientras a las grandes fortunas no se les toca, mientras millonarias utilidades se reparten en medio de un país atravesado por el hambre. Pero que los y las trabajadoras reclamen su derecho a decidir qué hacer con sus fondos, literalmente secuestrados por las AFP en beneficio de los grandes grupos económicos, es absolutamente correcto.

Si hoy los y las trabajadoras han decidido que quieren utilizarlos para sobrevivir en medio de la crisis, es porque las luchas de estos años han logrado que millones comprendamos que en manos de las AFP estos fondos no serán utilizados en nuestro bienestar y, como ha sucedido tantas veces, corren el riesgo de esfumarse de un minuto para otro en el mercado financiero; al mismo tiempo, este debate expresa una tajante negativa a aceptar el camino del endeudamiento que propone el gobierno, y que sólo se puede traducir en una profundización de la precarización de la vida.

-Analizándolo desde una perspectiva de género, ¿cuánto es el promedio de fondos previsionales que acumulan las trabajadoras?

De acuerdo a los datos proporcionados por la Fundación Sol, cerca del 47% de las cotizantes de AFP son mujeres. De ellas, el 32% tiene un ahorro menor a un 1 millón de pesos, el 64% tiene un ahorro menor a 5 millones de pesos y el 78% tiene un ahorro menos a 10 millones de pesos. Son sumas bajísimas. De aprobarse el retiro de fondos, casi 2 millones de un total de más o menos 5 millones de mujeres cotizantes podrán retirar el total de su ahorro y los montos a los que accederán todas serán muy bajos.

Al igual que la mayoría de los problemas sociales, las pensiones están fuertemente atravesadas por la división sexual del trabajo. El diagnóstico no es nuevo. Desde el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas, hemos levantado desde 2018 dos Encuentros de Feminismo, Trabajo y Seguridad Social en que analizamos detalladamente la realidad laboral y previsional de las mujeres. A la realidad general de los bajos sueldos que percibe el conjunto de la población, se suma la brecha salarial que afecta particularmente a las trabajadoras, la mayor esperanza de vida que se calcula, las altas tasas de informalidad laboral que imperan y, especialmente, el no reconocimiento del trabajo de cuidados que se traduce para algunas en lagunas previsionales ligadas a los periodos de crianza y para otras en la imposibilidad absoluta de acceder a un trabajo y formal y, por tanto, de cotizar. El ahorro previsional es bajo para todos y todas, pero los factores que describimos determinan que sea aún más bajo para las mujeres.

Pero el problema no se reduce únicamente a las mujeres ni a los y las cotizantes activas, sino también a esa mayoría de la población que no cotizan activamente, para quienes la posibilidad de retirar sus fondos no es una alternativa. A unos y otras les esperan pensiones de miseria y esta realidad, en medio de este importante debate, se mantiene intacta; simplemente no es parte de la discusión parlamentaria.

-El deterioro del mercado laboral que se ha visto en estos meses, ¿ha generado también un deterioro en los derechos laborales de las trabajadoras?

Desde el punto de vista de los derechos laborales han sucedido varias cosas. Primero, las personas que subsisten a partir de distintas formas de autoempleo se han visto impedidas de trabajar debido a las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico. Muchas de estas personas, que ya trabajaban de manera precaria, hoy simplemente han quedado sin ingresos. La mayor parte de estas personas son mujeres.

Segundo, en virtud de la denominada Ley de Protección al Empleo, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras están consumiendo sus fondos de cesantía y recibiendo un ingreso mucho más bajo que el habitual, lo que empobrece; mientras, las empresas han quedado liberadas de su obligación de pagar sueldos y al mismo tiempo son libres de despedir a su antojo y de repartir cuantiosas utilidades entre sus accionistas. Si bien la mayoría de quienes están en esta condición son hombres, es imposible omitir el impacto devastador que esta medida tiene para las familias monoparentales en que las mujeres son jefas de hogar (84,9%).

Tercero, el desempleo se ha disparado alcanzado cifras históricas. Las primeras en ser expulsadas masivamente del mercado de trabajo son las mujeres que, sin poder contar hoy con escuelas, salas cuna y las redes apoyo familiar producto de la epidemia, se ven muchas veces obligadas a optar entre el trabajo asalariado y la crianza u otras formas de cuidados. La participación laboral femenina retrocedió en pocos meses a los niveles de hace una década atrás.

Cuarto, la implementación del teletrabajo, medida contemplada en la agenda laboral del gobierno desde hace tiempo, obliga hoy a numerosas trabajadoras a combinar su trabajo remunerado con las tareas de no remuneradas del hogar de manera simultánea, generando infinitas jornadas de trabajo que nunca acaban y con ello niveles alarmantes de deterioro físico y mental. Junto a ello, muchos de los insumos necesarios para teletrabajar, como computadores, internet y teléfonos, son financiados hoy por los y las mismas trabajadoras de su bolsillo. Un gasto menos para las empresas.

Quinto, quienes conservan un trabajo presencial están exponiendo cada día la salud propia y la de sus familias. Hemos visto cómo muchas empresas falsean sus giros para mantener actividades no esenciales y con ellos sus ganancias a costa de la salud de la clase trabajadora. Muchas empresas que sí tienen permiso para funcionar no respetan las medidas sanitarias mínimas, como vimos en el caso de Fruna, empresa feminizada.

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Allí, la existencia de un sindicato marcó la diferencia para esas trabajadoras después de que cientos enfermaran y al menos siete fallecieran, pero hay millones de trabajadores y trabajadoras que no cuentan siquiera con una organización sindical. Las trabajadoras de la salud, hoy en la primera línea del combate a la pandemia, han denunciado reiteradamente la falta de elemento de protección personal; para ellas, sus condiciones de trabajo se han deteriorado también ostensiblemente.

Cada una de las situaciones descritas están atravesadas por el aumento de la violencia machista en el actual contexto y con ella convive cada día el impacto en los trabajos de cuidados que recaen principalmente en las mujeres.

-En estos meses se ha levantado con fuerza la demanda por el Postnatal de Emergencia. ¿Cómo has visto el debate?

El proyecto de ley que propone extender el postnatal durante el Estado de Emergencia fue presentado el 23 de marzo; hoy, casi cuatro meses después, este proyecto no ha podido convertirse en ley dejando en la desprotección a miles de trabajadoras que son madres. Esto se debe a la negativa del gobierno a patrocinarlo y es esta negativa la que ha marcado todo el debate.

La protección durante el periodo postnatal en contexto de pandemia es una materia que no le interesó en ningún momento al gobierno, prueba de ello es que no tuvo absolutamente ninguna iniciativa al respecto durante casi tres meses, sólo propuso un proyecto alternativo en la víspera del debate parlamentario sobre la admisibilidad del proyecto original y alcanzó un acuerdo con la Comisión del Trabajo del Senado inmediatamente después de que se declaró admisible. Cabe hacer presente que la Ministra de la Mujer no se ha hecho presente en la discusión, hecho especialmente expresivo del desdén del Ejecutivo sobre esta materia.

Estas dos propuestas alternativas desmejoran las condiciones del proyecto original, que nosotras defendemos porque lo consideramos una medida mínima y urgente que, si bien tiene un alcance limitado, puesto que sólo alcanza a las trabajadoras contratadas excluyendo a las trabajadoras informales que son la mayoría, al menos beneficia a quienes cubre y no las perjudica. Esto lo decimos en relación a la propuesta del gobierno, que consiste en aplicar a las trabajadoras a quienes se les venza el permiso postnatal la suspensión del contrato de trabajo con cargo al Seguro de Cesantía. Eso no es protección. En concreto, el futuro del postnatal de emergencia sigue a la deriva.

-Se ha planteado esta alternativa de extender las licencias médicas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dificultades podría generar?

La propuesta de extender el descanso postnatal otorgando una licencia médica preventiva es la que surge del acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y la Comisión de Trabajo del Senado tras la aprobación de admisibilidad del proyecto original. Nosotras leemos aquí una táctica para seguir obstaculizando la tramitación del Postnatal de Emergencia, para lo cual el gobierno contó con el apoyo de los senadores de oposición Carolina Goic, Jorge Pizarro, Jaime Quintana y Juan Pablo Letelier, férreos opositores a la extensión del postnatal.

Este acuerdo contempla el otorgamiento de una licencia preventiva para las trabajadoras a quienes se les ha vencido el posnatal durante el Estado de Emergencia, cuestión distinta a la extensión del postnatal. Dado que el acuerdo todavía no tiene forma de proyecto de ley, no conocemos aún su articulado ni podemos estar completamente seguras de cuál va a ser la “letra chica”. Hasta ahora todo lo que sabemos es que podrán solicitar esta licencia el padre o madre que haya hecho uso del postnatal parental y cuyo vencimiento haya ocurrido desde el 18 de marzo en adelante. La licencia va a durar un máximo de tres meses y siempre que esté vigente el Estado de Emergencia. El fuero maternal se extiende durante el tiempo que dure la licencia. Si esta licencia de tres meses se acaba y el Estado de Emergencia sigue vigente, la única opción es acogerse a la Ley de Protección al Empleo, es decir, a la suspensión del contrato de trabajo con cobro al Seguro de Cesantía.

Sabemos también que, a diferencia del proyecto original, el acuerdo firmado no cubre todo el periodo de Estado de Emergencia, sino tres meses y no contempla ni la extensión del prenatal ni la extensión de la licencia por enfermedad grave del hijo/a menor de un año. Junto a ello, aún está por verse si esta licencia se aplicará o no retroactivamente. De ser así, su cobertura podría ser menor a los tres meses o incluso nula, dejando como única alternativa para muchas trabajadoras el acogerse a la Ley de Protección al Empleo. Hasta ahora el acuerdo no lo indica, tendremos que esperar a conocer el articulado, pero claramente es una alternativa bastante peor a la original.

-Por otro lado, las trabajadoras de casa particular también se han visto sumamente afectadas porque no pueden acceder al retiro de sus seguros de cesantía. ¿Qué rige en específico para ellas?

A diferencia de la mayoría de los y las trabajadoras formalmente asalariadas, las trabajadoras de casa particular no tienen derecho a indemnización por años de servicio ni derecho al Seguro de Cesantía. El régimen que se les aplica consiste en una cotización con cargo al empleador, y no a la trabajadora, del 4,11% de su sueldo. Esta cotización especial es administrada por las AFP, pero no está destinada a pagar pensiones, sino a pagar una indemnización a todo evento en caso de despido, la que equivale al pago de 15 días de sueldo por cada año trabajado con un tope de 11 años.

La ley laboral asume que, por ser a todo evento, esta indemnización reemplaza la protección en caso de desempleo, lo que es injusto y además incorrecto. Es incorrecto porque la naturaleza de la indemnización por años de servicio y la del Seguro de Cesantía son diferentes, no se deberían mezclar. Una busca recompensar el desgaste físico que ocasionan los años de trabajo, la otra busca garantizar un ingreso en caso de cesantía; y es injusto porque desprotege.

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Al mes de mayo de este año el INE daba cuenta de la destrucción de más de 100 mil empleos de trabajadoras de casa particular, sabemos que sin derecho a Seguro de Cesantía. Es una cifra catastrófica si se toma en cuenta que al presente hay 190 mil personas que formalmente prestan este tipo de servicios.

Lo que las organizaciones sindicales de trabajadoras de casa particular exigen es que se fiscalicen y se promuevan condiciones de formalidad laboral, que se implementen campañas sobre el registro de contratos a que están obligados los empleadores y, finalmente, igualdad de derechos con los y las demás trabajadoras formales. Esto supone acceder a la indemnización por años de servicio y al Seguro de Cesantía en las mismas condiciones que el resto. Todas estas exigencias son un piso mínimo establecido por el Convenio 189 de la OIT ratificado por Chile, que se encuentra vigente y cuyo cumplimiento se demanda hoy.