Llevamos meses hablando de la necesidad de que esta crisis sanitaria y social no caiga sobre los hombros de las y los trabajadores, planteando que Chile, en la situación económica que está, tiene posibilidades de endeudarse e inyectar recursos frescos al aparato público como hacia políticas sociales y de seguridad social que garanticen que las y los ciudadanos puedan cumplir de forma integral las medidas de control epidemiológicas, sin tener que morirse de hambre.

El Covid-19 ha producido un importante golpe, tanto en lo sanitario como en lo económico. La estrategia sanitaria que implementó el gobierno buscó el enfrentamiento de la pandemia intentando compatibilizar medidas para mitigar los efectos del virus junto con mantener la economía funcionando. Esta estrategia sanitaria puso como meta lograr “inmunidad de rebaño”, es decir, se buscó que la población se contagie para que pueda desarrollar inmunidad y los énfasis fueron a que al Covid-19 se le derrotaba en las UCIs.

Claramente, la política fiscal que ha desplegado el gobierno ha sido más apegada a la austeridad y por eso ahora vemos una crisis sanitaria desatada, con medidas de confinamiento que resultan incumplibles porque la gran cantidad de chilenos debe seguir saliendo a trabajar día a día, incluso teniendo Covid positivo.

Las medidas económicas hasta ahora impulsadas que, si bien inyectan recursos, siguen siendo insuficientes pues se basan en recortes y ajustes presupuestarios que sólo agudizan la situación del sistema público en Chile, además de generar escasez de recursos y en servicios esenciales o de primera necesidad. Por ejemplo, la red pública de salud no ha tenido recursos adecuados para enfrentar la crisis. Hasta el 31 de mayo, los fondos adicionales que había entregado el gobierno para los establecimientos de salud equivalen a un 0,84% del presupuesto. Esto contrasta con los 5 presupuestos anteriores, que a la misma fecha habían en promedio aportado recursos por el doble de lo que se ha hecho en un año de pandemia por Covid-19. Incomprensible. Gran parte de los equipos adquiridos, así como otras necesidades, se han financiado mediante reasignaciones presupuestarias, siendo golpeados por estas reasignaciones la inversión sectorial o programas de alta sensibilidad como el de alimentación complementaria (niños y adultos mayores).

Las medidas de confinamiento como las cuarentenas deben ser integrales y efectivas para reducir la transmisión del virus SARS-COV2. Esto se logra mediante un enfoque puesto sobre los determinantes sociales de salud, así como en políticas sociales que avancen en garantizar condiciones materiales a la población para hacer el confinamiento, en conjunto con una  fiscalización intensa y frecuente, con criterio de vulnerabilidad, para no criminalizar la pobreza.

La crisis ha dejado en evidencia el problema estructural que tiene el sistema de salud en nuestro país, haciendo necesaria una reforma estructural. Pero, más preocupante aún, es que en estos momentos de pandemia el gobierno no le está inyectando los recursos frescos necesarios para lograr potenciar y reforzar la red asistencial, y proteger así a sus trabajadores y trabajadoras.