El Ministerio Público de Brasil presentó este viernes una denuncia ante la Justicia para obligar al gobierno a divulgar los datos sobre la violencia policial, que omitió en su último informe sobre los derechos humanos en el país.

El Ministerio Público Federal de Brasil exigió en su demanda que la Justicia, mediante una cautelar, obligue al gobierno a divulgar los datos referentes a las denuncias de violencia policial, que fueron omitidos en el informe sobre la situación de los derechos humanos en el país oficializado este mes.

La decisión de acudir a tribunales se produjo una semana después de que la Procuraduría hiciese esa petición en una notificación al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y recibiera una respuesta negativa.

El organismo fiscalizador igualmente exige en su denuncia que el gobierno "elabore un diagnóstico y promueva un debate público" sobre el asunto", según un comunicado divulgado por la Procuraduría.

El gobierno presenta anualmente un informe sobre las denuncias recibidas por el "Marque 100", una línea telefónica que habilitó para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, pero este año excluyó del mismo los datos sobre violencia policial.

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"La publicación de los datos y la compilación de las denuncias es una obligación del gobierno para subsidiar el análisis sobre el escenario de los derechos humanos en Brasil y permitir un diagnóstico sobre los diversos grupos vulnerables", alegó el Ministerio Público.

De acuerdo con la Procuraduría, el gobierno alegó que en el informe que presentó en 2020 con las denuncias de 2019 omitió las denuncias de violencia policial por "supuestas inconsistencias en los datos, con lo que interrumpió una serie histórica que mostraba el crecimiento de la violencia policial en Brasil".

Según los informes del gobierno, las denuncias de violencia policial saltaron en un 60 % en los últimos años, desde 1.009 casos en 2016 hasta 1.319 en 2017 (un salto del 30,7 %) y hasta 1.638 en 2018 (+24 %).

"En ese contexto, la exposición de informaciones es fundamental para guiar el debate y la actuación administrativa. La exclusión de datos es muy preocupante en momentos en que el mundo discute muertes como la de menor Joao Pedro en Río de Janeiro y de George Floyd en Minneapolis", afirmó el procurador de la República Julio José Araujo Junior, autor de la denuncia.

Para este procurador, "la discusión acerca del genocidio contra la población negra es un tema esencial para comprender al Brasil actual, por lo que es necesario contar con datos para poder cualificar esa discusión".

Según las estadísticas del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en un país en el que 55 % se declara afrodescendiente, estos representan el 75 % de las víctimas de operaciones policiales.

Según esta organización no gubernamental, 6.220 personas murieron en 2018 en Brasil en operaciones policiales, un promedio de 17 por día, de las que tres de cada cuatro eran afrodescendientes.

De acuerdo con el Monitor de la Violencia, un estudio mensual realizado por el portal G1 con base en informaciones de las secretarías regionales de Seguridad Pública, el número de víctimas en operaciones policiales creció un 1,5 % el año pasado con respecto a 2018 pese a que los homicidios en Brasil cayeron un 19 % en el mismo período.

"La falta de transparencia del gobierno y los reiterados intentos de alterar la metodología de recopilación de cifras en diferentes áreas, como muertes por COVID-19 y desempleo, entre otros, ponen en duda la veracidad de las informaciones divulgadas por el Ejecutivo", denunció el Fórum Brasileño de Seguridad Pública en una nota en que se quejó de la omisión de los datos sobre violencia policial.

Según el Fórum, incluso ante cifras que muestran un aumento de los abusos policiales, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insiste en un proyecto de ley que permita ampliar las situaciones en que los uniformados no pueden ser procesados penalmente en casos de muerte de civiles en operaciones.