Unos 300 ciudadanos colombianos varados en Chile por la pandemia de coronavirus, a la espera de ser repatriados en un vuelo dispuesto por el gobierno, tuvieron que firmar a cambio una declaración jurada que les prohíbe regresar al país durante nueve años, lo que ha generado molestia y polémica entre los afectados y algunas organizaciones sociales.

El documento también pide su renuncia a toda solicitud de residencia o de refugio, o al estatus de refugiado en caso de que lo posea, denunciaron asociaciones de inmigrantes.

Cientos de ciudadanos colombianos que llevan un mes acampando delante del Consulado General de su país en la capital y unos 50 ciudadanos ecuatorianos, ya habrían suscrito las condiciones del gobierno chileno, que se prevé que financie su vuelo de retorno, relatan desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

"Ellos saben lo que significa, pero están sin trabajo ni lugar donde vivir y quieren volver a su país sí o sí. Son conscientes de que les están haciendo chantaje, pero es lo que hay", dijo a Agencia Efe el presidente de la asociación, Héctor Pujols.

Algunos de los inmigrantes varados se quedaron sin poder retornar a su país tras la cancelación de sus viajes por la pandemia de coronavirus, mientras que otros se vieron afectados por el cierre de fronteras de ambos países latinoamericanos.

"Se dice que es voluntario, pero cuando una persona perdió su trabajo, su casa, incluso el apoyo de su propio país, la verdad es que no hay libertad para firmar; no tienen otra opción", aseguró el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña.

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago, que al ser admitida a trámite dejó hoy sin efectos el compromiso de no reingresar a Chile en los próximos nueve años.

"Es difícil que sea definitivo, pero en términos políticos es un golpe duro", valoró Pujols, su director.

Cuestionado plan migratorio

La declaración jurada y las condiciones que contiene se enmarcan en el "Plan Humanitario de Regreso Ordenado" aprobado por el gobierno de Piñera en 2018 y dirigido principalmente a la comunidad haitiana en Chile que, por problemas con el idioma, por las dificultades para encontrar empleo o viviendas adecuadas, o por otros motivos quisieran regresar a su país.

Dicha campaña ya fue calificada de "deportación encubierta" y de "desproporcionada" por varias organizaciones, pero el Ejecutivo alegó que se trataba de una "opción voluntaria".

"El esfuerzo que hace el país de financiar un vuelo con estas características, requiere, por parte de quien lo usa, un compromiso de no regresar, sino sería un ingreso y salida permanente con financiamiento del Estado", dijo en esa oportunidad el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para explicar el compromiso que adquieren los migrantes de no regresar en nueve años.

Dadas las condiciones actuales por el COVID-19 y la precariedad en la que viven cientos de migrantes en Santiago, durmiendo en carpas y sufriendo el frío del invierno austral, el director del Servicio Jesuita a Migrantes fue tajante: "Esto no es humanitario".

"Es miserable", añadió Pujols, quien señaló que hay unos 50 bebés y niños viviendo en la intemperie.

Cientos de inmigrantes acampando

En pleno auge del coronavirus en Chile, muchos de los migrantes que llegaron al país en los últimos años han perdido sus trabajos, han gastado sus últimos recursos o se han quedado sin vivienda por falta de dinero para pagar un arriendo.

El grupo de ciudadanos colombianos viajará de vuelta a su país próximamente, luego de que se cancelara el vuelo programado por este martes, aseguraron a Efe fuentes del Ministerio de Exteriores.

El mismo viaje traerá de vuelta a chilenos varados en Colombia que ya han solicitado ser repatriados.

"Esta situación nos preocupa mucho. Son personas de escasos recursos que necesitan retornar a sus países y no pueden hacerlo no porque Chile no les abra las puertas, sino que porque sus países les cierran el retorno", aseguró la semana pasada el canciller chileno, Teodoro Ribera.

Mientras, cientos de latinoamericanos -principalmente originarios de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela- llevan semanas acampando ante sus sedes diplomáticos a la espera de una solución.