Los chilenos se mostraron escandalizados con el asesinato de George Floyd y con el racismo en Estados Unidos, pero en esos mismos días se cometió un delito semejante en el sur de Chile, el asesinato a sangre fría del werkén mapuche Alejandro Treuquil, y la gran mayoría de los chilenos como si oyera llover. El caso ni siquiera ocupó las primeras planas de los diarios, ni encabezó los noticieros de la televisión.

Desde que se inició el proceso de transición en 1990, los sucesivos gobiernos democráticos se empecinaron ­­en sofocar la crítica y el debate. En nombre del consenso el país se llenó de tabúes y de temas ocultos o prohibidos, y el escaso debate tendió a la caricatura, la descalificación, los golpes de autoridad. Y claro: el estallido social del 18 de octubre pasado exhibió todos los quistes que se habían ido engendrando en la trastienda, irrumpieron de golpe todos los reclamos silenciados, incontables demandas e insatisfacciones, expresadas muchas veces con violencia.

La mayoría de los chilenos suele observar el tema mapuche desde lejos, como si no fuera algo que les concierne directamente. En las encuestas una enorme mayoría reivindica sus orígenes europeos y muy pocos reconocen lo que diferentes estudios científicos han demostrado: el marcado mestizaje de los chilenos, la masiva presencia genética de los pueblos originarios, incluyendo en los sectores económicos más altos.

Alejandro Treuquil tenía 37 años y era werkén de una comunidad de Collipulli (Región de la Araucanía). Un werkén es una autoridad tradicional mapuche que cumple la función de consejero y muchas veces de portavoz de su comunidad. El pasado jueves 4 de mayo Treuquil llevó su viejo automóvil a reparar, pues estaba coordinando para el día siguiente una visita a algunos de los presos mapuche. Después, al caer la tarde, se fue a buscar un caballo que se le había perdido, con la ayuda de tres adolescentes.

–Vuelvo altiro, guatoncita, pon la tetera para que tomemos mate –­­le dijo a su mujer, Andrea Neculpán, según una entrevista que ella le dio después al medio electrónico Interferencia.

Ya había oscurecido cuando unos desconocidos lo atacaron a mansalva: una bala le atravesó el cuello. Treuquil murió en el acto. Quedaron gravemente heridos los adolescentes que lo acompañaban.

Treuquil era werkén de la comunidad We Newén, que reivindica unas tierras que disputa con la Forestal Arauco. Recientemente Treuquil había dado dos entrevistas, una a la radio Universidad de Chile, el día anterior a su muerte, donde denunciaba el asedio y hostigamiento de carabineros, especialmente durante las últimas dos semanas. Lo llamaban a distintas horas por teléfono para amenazarlo. Un perdigón disparado por un carabinero lo había dejado inconsciente una semana antes, y dos días después su mujer sufrió un aborto espontáneo producto de unas bombas lacrimógenas que los mismos uniformados lanzaron adentro de su casa.

En la entrevista radial, un día antes de morir, Treuquil relató que lo amenazaban y lo insultaban casi cada vez que pasaba un vehículo policial haciendo patrullaje. “No sé por qué lo hacen”, dijo. El día anterior habían llegado carabineros en un zorrillo y se metieron violentamente en su casa. “Si quieren detenerme, háganlo, pero dejen a mi familia tranquila, dejen de asustar a mis hijos”, les dijo Treuquil, y añadió que si no se iban iría a buscar a sus peñis para defenderse.

–¡Con tus peñis o sin tus peñis, te vamos a matar igual! –le respondió un jefe policial–. ¡Indios culiaos, ya van a caer uno a uno!

Treuquil dejó tres hijos pequeños. Andrea Neculpán, su mujer, relató en esa única entrevista: “Mis hijos lloran, me dicen ‘mamá, ¿qué vamos a hacer?’, y el chiquitito me dice que el papá está en el cielo y que cuando pase un avión lo va a traer”.

Carabineros, una institución llena de escándalos de corrupción y profundamente desacreditada, parece empeñada desde hace años en una guerra brutal contra los mapuches, como si se tratara de un asunto personal. Como en los westerns, los carabineros se han convertido, en la práctica, en una suerte de brazo armado de las grandes forestales. Pero en Santiago nadie o casi nadie dice nada, nadie o casi nadie les pide cuentas a los ministros del Interior o a los gobiernos centrales, porque el tema es virtualmente invisible para el resto de los chilenos.

Como en el caso de George Floyd, el asesinato de Treuquil trajo a la memoria otros muchos crímenes de mapuches en los últimos años. El comunero Camilo Catrillanca (24 años) también había sido amenazado por carabineros (“¿querís que te mate como a tu peñi?”) días antes de ser asesinado en noviembre de 2018: le entró por la nuca un proyectil disparado por el sargento Carlos Alarcón, miembro de Comando Jungla de Carabineros. Como si no bastara, para eludir su responsabilidad la institución policial hizo un grosero montaje, que fue descubierto por la Fiscalía y varios uniformados fueron dados de baja.

Alex Lemún (17 años) fue asesinado en 2002 por el carabinero Walter Ramírez, un caso que se aclaró en la justicia recién una década y media más tarde. En 2006 a Juan Collihuín (71 años) lo mató una bala disparada por el carabinero Juan Mariman. José Gerardo Huenante (16 años) desapareció en 2005 después de ser subido a una patrulla de Carabineros. Jaime Mendoza Collío (24 años) murió en 2009 por un disparo del carabinero Miguel Jara. Johnny Cariqueo (20 años) falleció en 2008 producto de una golpiza brutal que le dieron cuando estaba detenido en una comisaría.

Otros dirigentes mapuches asesinados: Lemuel Fernández (2019), Luis Marileo (2017), Patricio González (2017), Macarena Valdés (2016), Víctor Mendoza Collío (2014), José Quintriqueo (2014), Rodrigo Melinao (2013), Matías Catrileo (2008), Zenén Díaz Necul (2005), Julio Huentecura (2004), Jorge Suárez Marihuan (2002), Mauricio Huenupe (2002), Agustina Huenupe (2002).

Todo esto apenas aparece en los medios de comunicación chilenos.

En la Araucanía, en la práctica, opera una suerte de Estado de Sitio: represión, cárcel y silencio público. La situación no ha cambiado en los últimos 30 años. Sólo con los mapuches los gobiernos chilenos aplican una y otra vez una norma que instauró Pinochet: la Ley Antiterrorista. En la prensa episodios como el de Treuquil suelen aparecer reducidos a las páginas policiales, cuando no son directamente omitidos. El gobierno de Piñera ha radicalizado este fenómeno, abordando el “problema mapuche” con un sólo expediente: más lenguaje bélico, más carros blindados, más represión.

Desde el retorno a la democracia, se impulsaron diferentes comisiones e iniciativas políticas para abordar el “problema mapuche”, pero nunca llegaron a ninguna parte. Los “expertos” dan todo tipo de recomendaciones que nunca se aplican. Diversos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o Amnistía Internacional, han condenado al Estado chileno por el trato que da a los pueblos originarios.

Pero nadie parece darse por enterado.

En la actualidad Chile reconoce oficialmente la existencia de nueve pueblos originarios. En el Senado duerme desde hace años un proyecto que declara como “genocidio” el exterminio de los habitantes de la Patagonia y Tierra del Fuego (los pueblos kawesqar, selk´nam, aoniken y yagán) a manos de los propios chilenos. Los integrantes de los pueblos originarios enfrentan diferentes formas de discriminación racial y social: en promedio son más pobres y tienen mayores tasas de desempleo y analfabetismo que el conjunto de la población chilena, menos conexión a internet y más desprotección social. Han sido uno de los sectores más golpeados por el coronavirus, ya que viven mayoritariamente en sectores rurales y la mitad no tiene acceso al sistema de salud.

–Trataré de hacer justicia, aunque sea en vano, porque un pobre en este país nunca consigue nada –dijo Andrea Neculpán, la viuda de Treuquil–. Pero antes voy a hacer lo que me pidió mi marido: “Quiero que me velen como mapuche, que bailen choike, no quiero que estés triste, quiero que coman y bailen”.