"Sí, estamos entregando el tratamiento para todas las personas que tienen VIH, eso obviamente se realiza y se debe seguir realizando. Hace una semana tomamos la decisión de entregar el medicamento con mayor plazo, con el objetivo de reducir la visita a un establecimiento de salud, y eso se está realizando el día de hoy", respondía el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, el pasado 31 de mayo, al ser consultado por la situación de especial de riesgo en la que se encuentran las personas con VIH en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Al día siguiente, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguraba a la prensa que "los consultorios están entregando medicamentos, e incluso yendo a dejarlos a domicilio por periodos prolongados de tres meses".

Sin embargo, la realidad es otra.

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Según relata Víctor Hugo Robles (51) en su recurso, "el pasado 20 de mayo de 2020, concurrí al CDT del Hospital San José, centro de salud en grave crisis y colapso en atención ambulatoria y de emergencia, buscando retirar los medicamentos para el VIH garantizados por Ley, encontrándome con que las declaraciones públicas de las autoridades de salud no eran ciertas".

Esto porque "junto a la entrega en un pasillo, nombrado a viva voz y luego de una larga espera, al lado de más de 30 personas sentadas una al lado de la otra, se me entregó medicamentos para el VIH solo por un mes y no por dos o tres meses como han indicado e informado las autoridades públicas de salud y recomienda ONUSIDA".

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La situación es de extrema delicadeza para Robles, ya que además de vivir con VIH e hipertensión arterial, convive en un mismo espacio físico junto a su padre y su madre, ambos adultos mayores. 

"Estoy muy preocupado y angustiado por el hecho de asistir cada mes al Hospital San José para retirar mis medicamentos del VIH en condiciones de poca seguridad porque, no sólo me expongo a mí, sino a mis padres y a todo nuestro entorno. Este 3 de junio cumplí 26 años viviendo y resistiendo con VIH/SIDA, enfrentando discriminación y estigma social, sintiendo legítima preocupación por mi salud y mi vida producto de las visitas permanentes al centro hospitalario que describo como un “campo de guerra”, mismo lugar donde debo ingresar para retirar mis medicamentos para el VIH. Yo no quiero ni debo infectarme de COVID-19 porque en mi condición de persona VIH positiva e hipertensa soy doblemente vulnerable a las complicaciones clínicas del coronavirus, exponiéndome incluso a la muerte", sostiene Robles en su acción judicial.

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Por esto, el activista y periodista explica que "lo que busca esta acción es que se restaure el estado de derecho, que la Corte de Apelaciones de Santiago ordene al Minsal cumplir su palabra, cumplir las indicaciones de la ONU, proteger la salud y la vida de las personas que estamos viviendo con VIH, y que nos entreguen terapias multi-mes, a lo menos por tres meses, evitando así ir a los hospitales y el contagio por COVID-19".

Cabe mencionar además, que el mismo Colegio Médico se pronunció en este sentido en su Balance Semanal del pasado 2 de junio, donde solicitaron al Ejecutivo "avanzar en la estrategia propuesta por ONUSIDA de entrega de terapias multi-mes, o en su defecto la entrega a domicilio de los fármacos", además de la realización de una "campaña de educación a pacientes con enfermedades crónicas sobre uso y retiro de medicamentos en contexto COVID".