Este sábado, el fiscal Álvaro Pérez, jefe adjunto de la Fiscalía de Ñuñoa y Providencia, presentó tres acusaciones  contra de imputados por hechos ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en la Plaza de la Dignidad en el contexto del estallido social de nuestro país.

Por un lado, la entidad solicitó penas de 10 años y un día de cárcel por el delito de incendio de una sede de la Universidad Pedro de Valdivia, ocurrido el 8 de noviembre de 2019, en contra de Alejandro Carvajal Gutiérrez.

Los hechos habrían ocurrido pasadas las 19:00 horas, cuando la casona ubicada en Avenida Vicuña Mackenna 44 fue consumida por el fuego, mientras se desarrollaba una manifestación en las inmediaciones de la renombrada Plaza de la Dignidad. De acuerdo con la Fiscalía, en ese momento Carvajal, "en circunstancias de que las llamas quemaban unas cortinas del inmueble, se aproxima y arroja un líquido combustible acelerante que se contenía en un recipiente que llevaba consigo, contribuyendo a aumentar y expandir el fuego que ya se había iniciado al interior del edificio".

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Junto con esta acusación, el fiscal Pérez presentó dos más alusivas a imputaciones por los delitos de lanzamiento y confección de bombas molotov contra Ibrahim Acevedo Carmona y un menor de edad. Respecto del caso de Acevedo, el imputado es acusado de los delitos de porte de artefacto incendiario y arrojar molotovs en contra de funcionarios de Carabineros en la vía pública, de acuerdo a lo comunicado por la Fiscalía.

Los hechos habrían ocurrido el 26 de octubre, pasadas las 18:00 horas en la acera sur oriente de la entrada principal del Metro Baquedano. Por estos delitos, Ibrahim se enfrenta a una pena de cuatro años de presidio por el porte de elementos incendiarios, y tres penas de cuatro años de presidio, por tres delitos luego de ser acusado de arrojar bombas molotov.

En el caso del menor de edad, habría sido acusado por conductas presuntamente evidenciadas el 20 de noviembre a las 18:45, en la esquina sur oriente de Providencia con Vicuña Mackenna. Según la Fiscalía, habría lanzado un artefacto incendiario a un piquete de funcionarios de Carabineros, acciones que lo enfrentan a una pena, solicitada por esta entidad, que asciende a cinco años de régimen cerrado.

Al respecto, el fiscal Álvaro Pérez, fiscal Jefe de Ñuñoa Providencia, explicó que "las altas penas solicitadas son proporcionales al peligro concreto al que se vieron expuestos los funcionarios de Carabineros en su integridad corporal, y en su vida. En relación del delito de incendio, a la devastación y (...) el daño producido", añadió.

Pérez finalizó detallando que la Fiscalía Metropolitana Oriente suma seis acusaciones contra siete imputados por hechos de la misma naturaleza, ocurridos en el contexto del estallido social que comenzó en octubre.