El 22 de abril del año 2017, en el Juzgado de Letras de Limache, el abogado Guillermo Tapia interpuso una demanda por vulneración de derechos, solicitando la reincorporación al municipio de Olmué de una funcionaria con fuero maternal. El libelo estaba dirigido a  quien ostentaba en ese entonces el cargo de representante legal del organismo, la alcaldesa Macarena Santelices Cañas, actual ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Carolina E. se desempeñaba en el Departamento de Educación Municipal (DAEM) cuando se enteró que estaba embarazada. De inmediato -cuenta en el relato de los hechos que acompaña la denuncia-, se dirigió a sus superiores jerárquicos planteándoles que se reintegraría una vez que se reanudaran las clases. “Mi petición, sin embargo, fue desestimada”, explica en el documento al que tuvo acceso El Desconcierto. “Lo único que me han señalado, de forma verbal, es que no puedo seguir trabajando para la municipalidad, pese a mi estado de gravidez”, agregó en la oportunidad.

No satisfecha con la explicación, Carolina señala que le consultó las razones de su desvinculación a la jefa de la DAEM, Teresa Arancibia, quien le habría respondido que “había tenido muchas guagüitas con nosotros”, dando a entender que no le renovaban el contrato producto de su embarazo. “Esto me ha dejado en un completo desamparo”, añadió en el documento.

“De todas las vulneraciones de derechos que existen, porque hay muchas, esta es una de las peores por varias razones. Porque no sólo se está vulnerando el derecho a la vida, sino negándole la posibilidad a una trabajadora de poder tener su hijo aunque sea de forma accidental o, lo que es peor,  castigándola porque va a tener hijos. Hay entonces una vulneración de los derechos de la  mujer como tal y del niño que esta por nacer”, asegura Tapia.

La funcionaria municipal detalla a continuación en el documento todos los inconvenientes que le provocó la determinación que habría tomado el municipio. Relata que con el embarazo le costaría encontrar un nuevo empleo, que tampoco podría proveer económicamente a su familia y que la situación le habría provocado efectos graves a su integridad física y psíquica.

Más adelante se excusa de lo acontecido pues se trataría de una situación ajena a su voluntad, argumentando que se había ligado las trompas para no tener más hijos luego de su tercer embarazo. No sólo eso, Carolina le explica a su empleador, en este caso el municipio, que producto de esta misma situación estaría enfrentando un embarazo de alto riesgo.

Guillermo Tapia, abogado de Carolina, asegura que la denuncia estuvo dirigida en contra de la alcaldesa no sólo porque es la responsable legal, si no porque detrás de las personas jurídicas (municipios) existen responsables de lo que se dictamina. “La municipalidad no es un ente sin conciencia, si no que son las mismas personas quienes determinan la orientación de su administración”, cuenta.

El primero de junio del año 2017, las partes finalmente llegaron a una conciliación, reincorporando a Carolina al municipio y regularizando el pago de los meses adeudados.

 El caso de Carolina no fue el único que enfrentó a una funcionaria con la máxima autoridad del municipio. Otra demanda sobre tutela laboral por vulneración de derechos y despido injustificado se llevó a cabo al año siguiente. Esta vez la presentaría una “auxiliar de servicios menores”, perteneciente al departamento de Educación de la Municipalidad.

La trabajadora, Yasna P., denunció que desde agosto del año 2016 fue atormentada por diversas autoridades municipales por “no haber apoyado políticamente la candidatura a reelección de la alcaldesa Macarena Santelices” y que luego de esta situación le fueron arrebatados arbitrariamente varios bonos que recibía desde hace al menos 16 años.

La búsqueda de militantes, al borde del proselitismo, no fue un caso aislado. En el año 2017 Juan Carlo Q., empleado de un programa municipal, denunció directamente a la alcaldesa Santelices de obligarlo a militar en la UDI, solicitándole firmar una ficha de incorporación, y que luego la misma autoridad le habría hecho entrega de un talonario con fichas de inscripción del partido para que incorporara a la gente que estaba en el programa, diciéndole que podría encontrar trabajo más rápido, y que si no aceptaban podía el mismo hacer una “mosca” e incorporarlos sin una autorización formal. Una denuncia grave, en el marco de una demanda por tutela de vulneración de derechos, que pese a incorporar los formularios que le habría entregado la alcaldesa finalmente fue desestimada.

Yasna aseguró en la demanda que no sólo la presionaron para militar en el partido de Santelices, sino  que recibió maltratos verbales y hostigamiento en su contra por parte de Andrés Soza, abogado y “mano derecha” de la alcaldesa, a quien describe como militante de la UDI y cargo de confianza de Santelices.

Uno de los episodios descritos en la denuncia detalla que en noviembre del año 2017, Soza citó a una reunión a cerca de 28 personas en la que señala, sin escrúpulos, siendo Yasna la única mujer del grupo, que tenía estrictamente prohibido embarazarse o si no serían todos despedidos. Esta situación, según relata la funcionaria en el documento judicial, le habría causado una “profunda vergüenza y tristeza”, pues se sintió humillada y pasada a llevar por el hecho de ser mujer en edad fértil. Instancia que fue catalogada por su defensa como vulneratoria de diversos derechos, entre ellos la integridad psíquica y la honra, además de un “manifiesto hecho discriminatorio en razón de género”.

“Ella recuerda que en la reunión fue la única mujer y que sintió que esa recomendación iba directamente dirigida a su persona. Cuando hay un vinculo laboral de dependencia entre esta persona y quien la esta recibiendo, claramente existe vulneración de sus derechos”, detalla una fuente ligada al caso.

El abogado en cuestión, en rigor, no fue el único que habría amenazado a Yasna. Al menos otros dos funcionarios del departamento jurídico, le habrían advertido en otra reunión a sus compañeros de bodega que no podían pedir créditos y que a ella no se le “ocurriera embarazarse”. Además, habrían conminado a los trabajadores a presentar una carta, renunciando a todas las indemnizaciones legales que les correspondían en caso de continuar trabajando.

El 29 de octubre de 2018 se estableció finalmente la sentencia del caso, rechazándose la demanda de tutela laboral y despido injustificado presentada por la defensa de Yasna. Fuentes ligadas al caso cuentan que pese a que algunos testigos confirmaron la escena ocurrida en la bodega, respecto a la prohibición de embarazarse, los juicios por vulneración de derechos exigen un alto estándar probatorio que en situaciones de asimetría tienden a operar a favor del empleador.

“Lo que pasa es que cuando suceden este tipo de vulneraciones y los testigos son precisamente compañeros de trabajo, la prueba testimonial cuesta más generarla debido a que no aparecen por miedo a perder su fuente laboral o temor a represalias. Eso en materia laboral es muy recurrente”, precisa.

El Desconcierto se comunicó con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para obtener una versión oficial de la Ministra, pero declinaron referirse al tema.