Los constantes intentos del Gobierno por militarizar la seguridad ciudadana suman otro capítulo. Todo partió con el Proyecto de Ley de Protección de Infraestructura Crítica, el cual, como sabemos, entrega facultades a las Fuerzas Armadas para proteger y custodiar lugares definidos como “infraestructura crítica” (algo que el mismo proyecto no define de forma satisfactoria, otorgándole en la práctica una “carta blanca” al Ejecutivo para definir que es infraestructura crítica, pudiendo ser supermercados, estaciones de metro, entre otros espacios físicos. Hoy, dicha iniciativa perdió urgencia ante la crisis sanitaria que vive el país, la que terminó funcionando como un anestésico para la protesta social que se desarrollaba desde el mes de octubre del año 2019.

Estando en este nuevo escenario de pandemia mundial, el Presidente Piñera decidió imponer estado de excepción constitucional, que trajo de la mano el toque de queda a nivel nacional entre las 22:00 horas y las 05:00 de la madrugada y, con ello, la salida de los militares nuevamente a las calles, destinados a controlar la seguridad ciudadana durante la crisis epidémica que vive el país. Dicha situación comenzó el 18 de marzo y se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, se suma la instrucción de sacar a cuerpos de elite de las Fuerzas Armadas (los denominados “Boinas negras”, entre otros) para patrullar y custodiar la seguridad de la población.

A todas luces, esta seguidilla de medidas “militarizantes” no tiene ninguna justificación y, sobre todo a la luz de los hechos, constituye un error. En primer lugar, es evidente que las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas por las autoridades para satisfacer fines netamente políticos o propagandísticos, buscando dar una sensación de seguridad que no se condice con la realidad: según las propias cifras del Ministerio Público, los delitos de robo con violencia e intimidación habrían subido 33% en promedio desde que se decretó el Estado de Catástrofe. Este dato echa por tierra cualquier mérito o éxito en el control de la delincuencia por parte de las Fuerzas Armadas, y por tanto anula el ya conocido discurso de que las FFAA de alguna forma protegerían mejor a la sociedad civil.

Porque nótese que este aumento abrupto de la delincuencia ocurre literalmente mientras las fuerzas militares se encuentran desplegadas en las calles, supuestamente cumpliendo las órdenes presidenciales de protección. Lo anterior, a pesar de que a primera vista pueda parecer contraintuitivo, era en realidad inevitable. Superada la impresión inicial (negativa y traumática, por cierto) de que hayan FFAA en las calles, es evidente que personal armado pero con nulos conocimientos y habilidades policiales o de control civil resulta completamente ineficaz en el rol de prevenir y evitar que ocurran delitos. Lo anterior, por cierto, sólo contribuye a la deslegitimación de su labor desde la perspectiva de la ciudadanía. Basta ver las diversas redes sociales para observar que la ciudadanía, o al menos la que se manifiesta por redes sociales, califica la labor de los cuerpos militares de mala manera, destacando su ausencia y ineficacia.

A su vez, la necesidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para realizar labores policiales (lo que sólo es posible en un Estado de Excepción Constitucional, puesto que dichas funciones no son parte de sus funciones constitucionales) evidencia la profunda crisis institucional de Carabineros, cuerpo de policía que desde el 18 de octubre de 2019 no ha dado el ancho desde el punto de vista de su misión institucional. Hoy nuestra policía uniformada se encuentra totalmente sobrepasada por la realidad, no existiendo desde el interior de la Institución el análisis y la autocrítica necesaria para modificar dicha realidad.

Por último, llevar a las calles a las Fuerzas Armadas es una equivocación desde el punto de vista del mensaje que se da a la ciudadanía. Esto por cuanto los cuerpos militares existen para combatir a un enemigo externo durante un conflicto bélico, ese es su entrenamiento, esa es su vocación. Con este cúmulo de decisiones, las autoridades parecen demostrar que, para ellos, el enemigo está dentro de nuestras fronteras, que el enemigo no es un extranjero, sino que otro chileno.