El 1 de abril pasado, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) puso en consulta pública, hasta el 1 de junio, la resolución exenta que establece nuevas normas para la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado con el fin de actualizar la normativa actual en la materia.

De acuerdo al SAG, los organismos genéticamente modificados pueden representar un aporte importante a la producción de alimentos y materias primas, pero a su vez, dependiendo del producto, el tratamiento de ellos en sistemas no confinados y su introducción al ambiente, podrían tener un impacto en la diversidad biológica, en la sanidad vegetal, así como también sobre el desarrollo silvoagropecuario del país y la conservación de los Recursos Naturales Renovables.

En este sentido, el SAG señala que producto de la revisión de las normas vigentes, de los avances biotecnológicos para el mejoramiento genético vegetal, y de la experiencia recogida en los últimos 20 años, se hace necesario actualizar los requisitos para la importación, permanencia, acondicionamiento y liberación confinada al medio ambiente de material vegetal genéticamente modificado, importado o de desarrollo nacional.

Hasta ahora en Chile sólo están permitidos los cultivos transgénicos para estudios de campo y la producción de semillas de exportación.  Sin embargo, la nueva normativa propuesta abriría las puertas para nuevos usos como la producción para el mercado interno bajo el acápite de “acondicionamiento y usos futuros”.

Para Lucía Sepúlveda, periodista y miembro de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, cualquier cambio en materia de transgénicos debe ser debatido con mayor profundidad y participación ciudadana debido a la amenaza que estos organismos representan para la salud de las personas y el medio ambiente, “la introducción al ambiente de los cultivos transgénicos ha significado un aumento exponencial en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, especialmente de aquellos del grupo de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) para la salud y el ambiente. Entre ellos están el glifosato/RoundUp de Bayer/Monsanto, posible cancerígeno para seres humanos según la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros PAPs, entre ellos, 2,4-D, glufosinato de amonio y dicamba, tóxico y responsable, además, de la pérdida de millones de hectáreas de cultivos y de mortandad de abejas en EEUU.”

Según la también vocera de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, los cultivos genéticamente modificados generan impactos negativos especialmente sobre las guardadoras y recuperadores de semillas tradicionales, y los trabajadores y trabajadoras del campo, así como también sobre las comunidades que cultivan con métodos agroecológicos y/o sin químicos. En este sentido, la periodista agrega que “es necesario desarrollar un análisis interseccional de sus implicancias, en momentos que a nivel nacional y global la alimentación sana, segura y accesible es una prioridad para los pueblos”.

Para Sepúlveda, la nueva legislación es peor que la anterior y abre la puerta a usos futuros de organismos genéticamente modificados (OGM) más allá de la exportación, allanando el terreno para su producción para el mercado interno, agregando que, “uno de los peligros más graves de los cultivos transgénicos es que estos contaminen especies sexualmente compatibles y/o que sean especies de origen, como el maíz, o el poroto. En la norma vigente hoy, si un empresario, después de la primera autorización, solicitaba que se modificaran las medidas de bioseguridad, eso era denegado en el caso que su transgénico fuera derivado de una especie de la que Chile es centro de origen, por ejemplo, la papa. Pero la nueva norma sólo dice que eso debe ser considerado, pero no lo excluye”.

A su vez, la periodista señala que la nueva normativa elimina la fase de “Evaluación de Riesgo”, instalando sólo un “Análisis de Riesgo”, un descriptor de posibles peligros. “Este (Análisis de Riesgo) no obliga a describir el tratamiento agronómico del cultivo ni los metabolitos en que se transforma el Ingrediente Activo del plaguicida de las plantas modificadas con resistencia a herbicidas e insectos (como el maíz, soya, canola y otros), y no hay procedimientos a cumplir ante peligros de escape”.

Otro punto importante para Sepúlveda tiene relación con el artículo 4.1 de la resolución en consulta, el cual deja excluidas de la norma aquellos productos que no contengan “ninguna nueva combinación de material genético”. Sin embargo, en la actualidad, los productos biotecnológicos desarrollados con la técnica CRISPRR de edición de genes constituyen la mayoría de los nuevos transgénicos. “Existe consenso entre los científicos independientes respecto a que, al ser productos derivados de biotecnología moderna, los organismos creados a partir de la técnica CRISPRR deberían ser considerados OGM, dado que parte de los riesgos y características particulares de estos productos proviene de su método y no realmente de añadir contenido genético. Suprimir material genético o combinarlo de forma diferente implica en realidad una combinación nueva que genera otros riesgos que debieran ser evaluados.”

Para Sepúlveda, esta definición es importante debido a que la Unión Europea, uno de los principales receptores de las exportaciones agrícolas de Chile, reiteró recientemente que, en el caso de la edición de genes mediante la técnica CRISPRR, seguirá aplicando exactamente los mismos criterios que para los transgénicos, en cuanto al análisis y evaluación de riesgo.

Finalmente, la periodista asevera que estas nuevas regulaciones en biotecnología son el resultado de una embestida a nivel internacional impulsada por las grandes empresas biotecnológicas que han visto en la actual crisis sanitaria la posibilidad de lograr sus objetivos de ampliación de negocios. “A pesar de la clara oposición de grupos de ambientalistas, consumidores y personas relacionas con el área de productores de alimentos, el gobierno de Trump determinó recientemente que los desarrolladores de productos biotecnológicos no tienen obligación de notificar a la FDA acerca de la comercialización de sus nuevos productos.  A su vez, en Bolivia el gobierno de facto lanzó, este mes, el decreto 542 que autoriza la producción de maíz, trigo y soja transgénicos, ignorando las disposiciones de la Constitución de ese país y el rechazo del Movimiento Agroecológico Boliviano y las organizaciones indígenas y campesinas”.