Me pregunto ¿qué habría ocurrido si existieran sospechas muy fundadas de que dos manifestantes borrachos le hubiesen disparado a diez carabineros en el aniversario de su institución? ¿Cuál habrían sido los titulares de los diarios del país? Es realmente vergonzoso cómo se ha naturalizado la violencia policíaca al punto que disparar en contra de diez personas por parte de la policía fuera apenas el detalle de un día. Afortunadamente el hecho fue publicado por Ciper, de manera acuciosa.

Pienso que la terrible enfermedad y su expansión no pueden operar como censura ni menos como coartadas para ocultar atentados masivos en contra de ciudadanos. Se trata de un acto criminal de funcionarios estatales en contra de la ciudadanía.

El gobierno se ha parapetado de manera creciente detrás la tragedia del virus que nos atraviesa. Ha convertido la enfermedad en un arma reprimiendo cada una de las legítimas preguntas que rondan por los espacios sociales. Preguntar por los niveles de uso del Espacio Riesco abierto en marzo o por la extensa cuarentena en el norte de Ñuñoa (que contempla precisamente la importante Plaza Ñuñoa) o por los $250.000 mensuales para una familia de cuatro personas o la suspensión laboral masiva que se paga con los derechos de los propios trabajadores o pedir la liberación de los jóvenes presos por el estallido social, precisamente en el marco del riesgo vital que corren en medio del hacinamiento, entre otras, son preguntas no solo legítimas sino también necesarias.

Preguntar, dudar, disentir, ahora se entiende como un signo divisorio en un momento en que todos, como lo dijo el ex Presidente Lagos, debemos estar volcados a apoyar el  gobierno. La postura cupular de Ricardo Lagos está equivocada. Es antidemocrática y sus palabras fueron motivadas, quizás, por un afán de representar lo que ya no representa.

Mediante una profusa cobertura, se han sobredimensionado las donaciones sanitarias de los grandes empresarios que cuentan con una acumulación incalculable de dinero. El monto de sus “regalos” equivalen a los esfuerzos infatigables que realizan los vecinos vulnerables para ir en ayuda de los habitantes enfermos o más pobres. O montos que, desde la métrica de la desigualdad que nos recorre, son idénticos a las ollas comunes que se presentan hoy como imperativas. Los “regalos empresariales” encubren así, con sus gestos dadivosos, el infrapago de impuestos, pagos insuficientes al Estado del que nutren y que les permiten cursar a su antojo el grave mal de Diógenes que los atraviesan y los mantiene cautivos en un único horizonte: la acumulación de riqueza.

Una parte de la derecha política y casi la totalidad del empresariado estaban y están por el rechazo en el próximo plebiscito. Hoy es visible que los esfuerzos se concentran en promover “una nueva normalidad”, lo  que significa restablecer todo el mercado en sus diferentes formas, volver al trabajo y evitar manifestaciones políticas mediante la prolongación del Estado de Excepción. La tarea del gobierno es titánica ante una paradoja: Postergar el Plebiscito, anularlo, descartarlo por razones sanitarias y, a la vez, empujar a la gente a la calle (o al virus) para restaurar la economía. En ese sentido, el presidente Piñera busca una “tercera vía neoliberal”: el fin del plebiscito por razones económicas o “pandemia económica” como la llama y, de esa manera, renunciar a la paradoja.

Desde esa perspectiva, mediante una política de ajustes fiscales, el plebiscito sería víctima de un tipo de despido estatal. Esas estrategias son violencia pura. Porque la Constitución es la presencia más objetiva de una escritura dictatorial. Una constitución que se realizó de un modo maligno: bajo un estado de terror ciudadano, sin registros electorales, con todas las libertades básicas suspendidas, se consagró entre muertos, desaparecidos, presos. Una Constitución, (más allá de los cambios cosméticos realizados a lo largo de 30 años) privatizadora, articulada para la dominación eterna de las elites y de la acumulación de capital.

Terminar con ESA Constitución es un imperativo ético y político. Necesitamos un nuevo tiempo constitucional mediante una Asamblea Constituyente. Ante la severa crisis que atraviesa y deslegitima a la oposición parlamentaria, se erigen las posiciones críticas y la emergencia de nuevas subjetividades. Una ciudadanía activa que porta en su interior diversidades y renovadas fortalezas. Debemos conservar kilómetros de distancia social con la adicción pinochetista, de parte del gobierno, que pretende impedir la realización del plebiscito.