El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico visitaron el Complejo Penitenciario de Puente Alto, en el que el domingo recién pasado se produjeron incidentes protagonizados por internos, en protesta a las condiciones dispuestas al interior del penal para enfrentar el COVID-19 y a la “demora” –según ellos califican- en la aplicación del indulto conmutativo que partió el vienes 17 de abril.

Sergio Micco, director del INDH, apenas se enteró de los incidentes, se trasladó el domingo 19 de abril hacia el recinto penal del sur de Santiago. En el lugar y por más de ocho horas pudo conversar con los internos de la Torre 1, quienes acusaban a gritos que el “brote” radicaba en ese espacio y exigían la aplicación de medidas.

En la visita de seguimiento realizada por la sede metropolitana del instituto, se constató que 68 internos y 83 funcionarios de Gendarmería se encuentran contagiados, situación que está tensionando la rutina al interior del recinto penitenciario.

Justamente en respuesta a ello es que Gendarmería dispuso la aplicación de 300 test de detección tanto en internos del citado módulo, como en aquellos que están en otros espacios, además de gendarmes, quienes hasta el momento se alzan como el grupo con mayor número de infecciones y que –según constató el instituto- aún no disponen de todos los elementos necesarios para protegerse, tampoco así el equipo médico.

“Nosotros nuevamente como Instituto queremos hacer una denuncia. Nos encontramos con una enfermera. Lo mismo que hace tres semanas atrás, porque se contrató otra enfermera que estaba contagiada y seguimos con los mismos números de paramédicos que son tres”, afirmó Micco.

Beatriz Contreras, jefa metropolitana del INDH, tras su visita a la cárcel aseguró que los test efectivamente se están aplicando, y que se han adoptado medidas, pero que calificó como “insuficientes ante la magnitud de la situación que se vive al interior del penal”.

Si bien valoró la instalación de un túnel sanitario y la disposición de un nuevo espacio de aislamiento social más grande que el anterior y que permite una aplicación más factible de esta medida, Contreras señaló que “preocupa que habiendo trascurridos casi dos semanas la unidad aun no cuente con un médico, dado que el titular se encuentra con licencia, debiendo la enfermera hacerse cargo de esta situación. Es un equipo de salud muy pequeño en atención a la cantidad de población penal y de funcionarios contagiados y/o con sospecha de estarlo”.

El INDH dio cuenta también de las aglomeraciones que se están produciendo afuera de las cárceles, en las que los familiares se agrupan sin los resguardos ni el distanciamiento social recomendado, y sin el control necesario para ingresar encomiendas a sus cercanos privados de libertad, que en este momento revisten gran importancia dado que a través de ellas los reclusos acceden a elementos de higiene, aseo personal y saneamiento, no proporcionados por el Estado.

En su visita el INDH fue informado que a raíz del indulto promulgado la semana pasada, hoy fueron liberados 35 internos, de los que 17 se encuentran contagiados con COVID-19.

“Nos preocupa que la institución esté haciendo un seguimiento a la salud de estos internos a las medidas que se estén tomando para el resguardo de su entorno y a las medidas parta evitar la propagación del virus. Hemos realizado la consulta y estamos a la espera de esta información”, advirtió.