La primera semana de marzo dejó una imagen potente: la “Plaza de la Dignidad” se volvió a colmar de miles de personas que ocupaban cada rincón de la llamada ‘zona cero’. Pancartas, banderas y gritos. Así se dio inicio a una nueva etapa del estallido social del 18 de octubre con una agenda cargada de actividades desde el mundo social, y que tuvo la marcha más multitudinaria protagonizada por mujeres de la que se tenga recuerdo.

Hasta que llegó el virus. Lo que ocurría en países europeos con miles de contagiados y fallecidos acá se veía lejano. El primer foco de contagio se detectó en la zona oriente de la capital y se fue expandiendo rápidamente hacia otras comunas y regiones. Al comienzo las autoridades apelaron a las medidas precautorias y con el trascurso de las semanas dictaron cuarentena total acotada a siete comunas, que en algunas ya fueron levantadas. El encierro ha marcado las últimas semanas y las ‘telerutinas’ han copado la vida de muchos. Para otros tantos, trabajar bajo esta dinámica virtual no es opción.

En medio de la pandemia y a seis meses del viernes en que cientos de estudiantes saltaran los torniquetes del metro, ese despertar social sigue latente, aunque ha mutado en sus dinámicas. El primer viernes de aislamiento se convocó a un cacerolazo nacional: se pidió al presidente Sebastián Piñera que dictara cuarentena total en medio de fuertes cacerolazos nocturnos.

Poco tiempo después lo vimos paseándose y tomándose fotos en Plaza Dignidad, el mismo lugar donde tantas veces le pidieron que renunciara por las cientos de víctimas mutiladas en su gobierno, avivando un sentimiento de rechazo que prometía proyectarse en el tiempo. El coronavirus fue en el fondo una tregua.  Y también una oportunidad para descubrir donde realmente estábamos, qué tipo de país habíamos construido y hasta cuanto estábamos dispuestos a soportar.

En este contexto, tres profesionales del área de la salud, trabajo y justicia y derechos humanos, consultados por El Desconcierto, analizan qué aspectos se han agudizado en medio de esta crisis y cuáles son las proyecciones que visualizan después de esta larga cuarentena.

“Se muestra la cara más desigual”

Catalina Naredo es enfermera de un recinto de salud y fundadora de la “Brigada Zona Cero” que atendía a manifestantes heridos en las inmediaciones de la Plaza Baquedano. Reconoce que, si bien ningún país está preparado para soportar una catástrofe de esta magnitud, la precariedad del sistema de salud público, evidencia de manera desgarradora, la desigualdad que existe en el país. Es lo que ha observado en su trabajo diario con pacientes contagiados. “La falta de dotación de personal de salud, de elementos de protección personal (EPP), de medicamentos, de número de establecimientos y graves déficit de infraestructura en los centros públicos que actualmente se encuentran operativos, no sólo han dificultadado considerablemente el abordamiento de esta catástrofe, sino que también han expuesto la salud y la vida del personal sanitario y sus familias y también la de los pacientes”, dice.

También pone énfasis a que la pandemia vuelve a poner de manifiesto la inequidad en el acceso a la salud, lo que se suma a la desigualdad que existe a nivel territorial. “Hay regiones o comunas que no cuentan con las condiciones mínimas de acceso a una atención de calidad. En ciertos sectores no hay laboratorios para procesar exámenes que diagnostiquen pacientes contagiados por COVID-19”, detalla, planteando que no existen hospitales con las condiciones para recibir aquellos cuadros respiratorios más complejos porque no cuentan con los recursos de equipamiento necesarios, como camas UCI y ventiladores mecánicos para la población de su territorio. Por lo mismo, cree que estas demandas serán puestas nuevamente en primer plano.

Desde el mundo del trabajo, Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, asegura que son las y los trabajadores y los pensionados los que están pagando el costo de esta crisis en curso, al no contar con un sistema de seguridad social robusto y tener privatizados los servicios básicos. “Ha quedado al desnudo un país que ha basado su crecimiento básicamente en la concentración de muy pocas manos y con una precarización importante en el mundo laboral, que permite visualizar que las personas con su salario no pueden satisfacer sus necesidades básicas y tienen que recurrir al endeudamiento”, explica sobre una situación que se ha intensificado en estas semanas.

A su entender ha quedado claro que el gobierno no conoce a las personas que viven en el país, ofrece paquetes generales sin llegar a una población que está totalmente desprotegida: “Cuando tenemos un contingente de trabajadores que no tienen contrato de trabajo, si sumamos a los informales independiente y los a honorarios, hablamos de casi 3.600.000 de un 40 por ciento de la fuerza laboral. Abusan de estos paquetes económicos, que han ido en la línea neoliberal y acotados en su radio de ayuda, no llegan a ese grupo de trabajadores que están enfrentando calamidades porque no tienen seguro de cesantía”, expone.

Cree además que el gobierno va a tener que anunciar algo muy parecido a una renta básica, aunque ya ha mostrado sus reticencias. “Vivimos un momento inédito y los hogares se están quedando sin ingresos. No hay cálculo que hacer, no hay focalización que hacer, se va a tener que abandonar ese foco de corte más neoliberal. El gobierno está postergando hasta lo último que se pueda y apuesta a que se pueda contener en algún momento la crisis y se active lo más rápido la economía”, concluye Kremerman.

Desde una óptica de la justicia y los derechos humanos, Betsabé Carrasco, abogada de la Defensoría Popular, dice que el continuo en esto ha sido el acceso desigual a la justicia y la diferencia de criterios para otorgar o no beneficios carcelarios. Plantea la preocupación por el aumento de la violencia en contra las mujeres en medio de la cuarentena. “En general hay falencias en los tribunales de familias y fiscalías, pero ahora han crecido las denuncias. Entonces, ¿cómo accedes a la justicia en este periodo? Las mujeres nos preguntan qué hacemos, a quién recurrimos”, explica.

Por otro lado, dice que el caso de los presos del estallido social muy pocos han logrado salir y que, en general, todas las causas tienen unos cuatro o cinco meses de avance de investigación. “Si bien los procesos donde hay personas privadas de libertad siguen su curso, igual los tribunales siguen duros. Nuestro perfil de defendidos son personas jóvenes entre 20 a 30 años, la minoría son menores de edad, que tienen irreprochable conducta anterior, es decir, sin antecedentes penales previos, en ese contexto deberían salir en libertad. Nos ha ido bien en los juzgados de garantías no así en las Cortes de Apelaciones que nos han revocado y los han dejado presos”, precisa, aclarando que hay excepciones como un joven preso en San Antonio con enfermedad crónica, además de otros tribunales que lo han cambiado cautelares por el hacinamiento en los centros de reclusión.

También advierte la diferencia de criterios en la resolución judicial que absolvió a ocho violadores de derechos humanos. “Hay una desigualdad total, no hay proporcionalidad. El mismo tribunal que ha dejado privados de libertad a nuestros representados, en su mayoría son jóvenes, estudiantes, que tienen arraigo, no tienen antecedentes previos. Se pensó en un momento que los tribunales tendrían un criterio más humanitario al menos con las personas que no tenían antecedentes, pero eso no ha sido así”, concluye.