La conclusión fue más bien reforzar una idea: "hemos coincidido en que estamos frente una verdadera bomba de tiempo", señaló el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, luego de analizar el informe del estado actual de las cárceles del país con la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello. Todo en el marco de la pandemia por COVID-19.

El documento se construyó en base a las resoluciones de los fiscales judiciales de todas las Cortes de Apelaciones de Chile. 42.084 es el universo total respecto a los privados de libertad, de los que el 30% se encuentran en prisión preventiva. Se consignó también hacinamiento en los inmuebles, falta de lugares de aislamiento para enfermos o sospechosos de contagio, falta de agua potable, además de escasez de implementos como jabón.

Si bien Cabello definió los centros de reclusión como "una bomba de tiempo", también habló de las recomendaciones: buscar "reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal, para aquellos detenidos que sea seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio".

Para Micco, concentrarse en las cárceles es "apuntar con el dedo a la llaga que tiene la sociedad chilena". En esa línea, llamó a "actuar ya, como Estado y como sociedad, para que Puente Alto no se transforme en un precedente que se comience a extender por el resto de los centros penitenciarios de Chile".

"El informe es categórico. Hasta hoy, aún con esta medida no están garantizadas para nada las condiciones dentro de nuestros centros penitenciarios. Las situaciones de hacinamiento se mantienen", añadió.