El neoliberalismo a ultranza, impuesto por la fuerza en el país, alimenta la economía a través de la deuda y el empleo precarizado. Los ciudadanos trabajan para pagar lo que compraron ayer. Puede tratarse de zapatillas de marca o de televisores plasma, como les gusta ejemplificar a los críticos de un pueblo inculto, pero también de lápices y medicamentos, porque el Estado chileno no regala nada y mucho menos protege. Promueve que a los trabajadores se les pague día a día con boletas. Así, en el instante mismo en que un hotel, un restorán o cualquier servicio es obligado a cerrar, todos sus trabajadores quedan en la calle y a algunos se les suma hoy el encierro en sus casas si no quieren contagiarse el virus en la penitenciaría.

¿No se han preguntado en qué impide su propagación rellenar salvoconductos para ir a supermercados llenos, apretujar a los ciudadanos en el transporte público allí donde el Gobierno los deja salir o en las cárceles allí donde no? Ni qué decir los trabajadores por cuenta propia, que venden comida, hacen fletes, arte o cualquier otro emprendimiento de los que promueve este sistema. Encerrados hoy en viviendas mínimas, endeudados, sin posibilidad alguna de generar ingresos y sin recibirlos tampoco del Gobierno que los reprimió. Por eso el castillo de naipes de la calidad de vida se desmorona en una hora. No es que hayan dejado de comer por las zapatillas de marca, es que hoy no tienen para comer porque así les dijeron que vivieran, al día. ¿Qué les da el Gobierno a sus ciudadanos cuando manda a quedarse en casa? Pobreza inmediata. Los obliga a hacerse pruebas del virus, pero las cobra. Los obliga a usar mascarillas y también las cobra al precio desesperado del mercado. Al trabajador precarizado el Gobierno le quita libertades a la par de sus ingresos con la misma policía que lo estaba matando y disparando a los ojos sin darle nada a cambio más que el miedo, propugnado a diario por sus propios candidatos en todos los canales que, por lo demás, les pertenecen. ¿Por qué tendría que aceptarlo?

Amigas me han respondido con razón que vivir en comunidad exige restricciones y que solo la cuarentena ha protegido hasta aquí a los trabajadores de que sus jefes los echen por inasistencia. A mi juicio, esto pone la carreta delante de los bueyes. Se sabe que nos exponemos a la pandemia si realizamos labores unos encima de otros. Porque el virus, me parece increíble que haya que explicarlo, se transmite por contagio directo y no por pasear de noche solos, con la pareja o los hijos con quienes se vive. No hablo de parques, porque el Estado chileno tampoco los provee. Es la Dirección del Trabajo la que debe sujetarse a Derecho e impedir finiquitos por tamaña fuerza mayor. Son los seguros públicos y privados de salud los que deben aceptar las licencias médicas.

Es el Gobierno el que debe entregar a los ciudadanos los ingresos que les prohíbe percibir y las condiciones de transporte que no los expongan al contagio si se ven obligados a trabajar. Y es que frente a la confusión de nuestros gobernantes entre proteger y reprimir, la gente tampoco lo ha hecho mejor presionando a que la cuarta edad renuncie a su derecho a la vida en vez de presionar porque hubiera camas suficientes para todos; denunciando o persiguiendo a palos a quien tose o apiñándose a comprar pescado en las caletas. Eso es lo que contagia, no caminar por la arena. Si la interpretación de las leyes laborales protegiera solo un poquito a quienes dice proteger, podrían quedarse en casa y las cuarentenas serían innecesarias.

Y el Gobierno, de paso, se vanagloria de los pocos muertos. Es apenas el resultado esperable de un Estado policial, pero urge recordar que toda decisión de salud pública es también una de libertades democráticas. En Alemania, por ejemplo, mueren muchos menos contagiados y se les han dado enormes pagos a los trabajadores por cuenta propia sin impedirles salir a la calle. Solamente cierran los lugares donde se comparte a menos de dos metros de distancia, porque se trata de un virus y no de una guerra, una vez más. Son los pobres quienes han muerto hasta ahora en Chile y son pocos porque aún se han contagiado menos que los ricos. Duele entonces que en Latinoamérica se aproveche cualquier situación para que regrese un autoritarismo que es incluso demandado por sus habitantes devenidos en soplones. Y los ministerios junto a la prensa, ¿a quiénes les dan recomendaciones para el teletrabajo y no aburrirse en sus hogares? A los mismos privilegiados de siempre y no a quienes quedaron sin un peso para pagar su comida y sus arriendos, ni qué decir internet en espacios que los oprimen dadas las condiciones de precarización. A las grandes mayorías sencillamente les prometieron un edén a través de la deuda y les basta un día cesantes para que caigan al infierno en un país sin educación, salud, seguro de desempleo ni pensiones. Un país en que el Gobierno no reacciona al estallido ni a la pandemia con una sola iniciativa social.

Nuevamente ha quedado al descubierto un sistema fallido y visten de triunfo su fracaso. ¿O es casualidad que quienes peor han manejado la crisis sean los países que se desentendieron del derecho a la salud de sus ciudadanos, partiendo por potencias como Estados Unidos? Porque Chile es, además, un país sin pacto social, uno que no eligió este sistema, sino que lo padece a diario por la violenta testarudez de unos pocos que no se dan cuenta que ningún pueblo a lo largo de la historia ha aceptado demasiado tiempo que solo se les quite sin que se les dé.