A fines de marzo pasado, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección interpuesto por tres alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. La acción responde a la sanción a la que fueron sometidas las afectadas (la suspensión por dos semestres), tras la toma feminista que se vivió en la casa de estudios.
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UDP en aprietos: Corte de Apelaciones declara admisible recurso de protección de estudiantes suspendidos tras "toma feminista"
En 2019, antes del estallido social, las alumnas de la Universidad Diego Portales se movilizaron para exigir el cumplimiento del protocolo para casos de acoso sexual que, según señalaban, no se estaba respetando. Durante las jornadas de paro y toma a las que se adscribieron, en una "asamblea resolutiva" realizada una de las salas, se dejó registro de las 668 personas que allí participaron. La dirección de la universidad tuvo acceso a los nombres y carreras de los asistentes y en base a eso decidió, tras el proceso de investigación interna, suspender por dos semestres a estudiantes de distintas carreras y facultades.
No conformes con la forma ni los resultados a los que llevó todo el proceso interno, tres alumnas de la Facultad de Derecho decidieron llevar el caso a los tribunales de justicia. Entonces fue que presentaron los recursos que la Corte de Apelaciones declaró admisible.
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En el mismo pronunciamiento de la Corte, solicitaron en 25 de marzo pasado un "informe a la recurrida Universidad Diego Portales, quien deberá evacuarlo en el término de cinco días, remitiendo a esta Iltma. Corte, conjuntamente con su informe, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso". Con todo, hasta ahora la casa de estudios no ha presentado informe alguno.
Para Nicolás Pavez, uno de los abogados que patrocina a las alumnas, todo el proceso "fue bastante poco serio": "¿Cómo seleccionas de un grupo de más de 600 alumnos a este grupo pequeño solo para sancionarlos? No son dirigentes, delegados ni participan activamente en la toma de decisiones".
Para el mismo abogado, lo que busca la universidad es "dar una señal de miedo a rebelarse".