En el contexto de la crisis sanitaria debido a la pandemia de COVID-19, miembros del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, en colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), efectuaron una visita al Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, para evaluar la situación sanitaria que enfrentan tanto los funcionarios como los reclusos de dicho penal.

"Podemos concluir que el CDP de Puente Alto, tiene grave deficiencias estructurales y funcionales que ponen en grave riesgo la salud de los reclusos y la del personal de Gendarmería, frente a la pandemia de COVID-19", fue la fatídica conclusión a la que llegaron las y los enviados del Colmed, luego de recorrer el edificio por completo y de entrevistarse con la comunidad que reside en el centro de reclusión.

Lo primero que salta a la vista - al comienzo del informe al que El Desconcierto accedió en exclusiva - es la sobrepoblación que existe en el establecimiento, donde residen 1.123 internos, en un espacio destinado a solo 500.

Luego, en el desglose por zonas se lee que, en la entrada del penal, los observadores describen la aglomeración de las y los familiares de los reclusos para dejar paquetes. "Unas 120 personas, todas juntas sin mantener distancia entre si; estaban entregando las encomiendas y preguntando por sus familiares detenidos. Alguna de estas personas estaban con mascarillas caseras o quirúrgicas, pero la mayoría no tenía ningún elemento de protección personal", acusa el informe, que establece que esto es un posible riesgo de contagio para la población tanto al exterior como al interior del recinto, más aún cuando las encomiendas son manejadas por los mismos presos, sin ser desinfectadas tampoco.

En cuanto a las medidas e insumos de protección para personal y funcionarios de Gendarmería, se establece que escasea y que es insuficiente, ya que los guardias no tienen antiparras ni delantales protectores y el personal dispone de pocos elementos para resguardarse de un contagio. También anotan que para ingresar al penal se hace un control de temperatura -con un solo termómetro a distancia para todo el recinto- pero no se hacen preguntas, como si las personas presentaron síntomas durante los últimos 14 días.

"Tanto las escaleras como gran parte de los pasillos que observamos en el camino a la torre 3, estaban mojados con agua y había una gran humedad ambiental; observamos también como en algunas zonas de los pasillos había una especie de celdas, donde se veían gruesas cañerías, desde las que escurrían chorros de agua por los muros que están llegando al pasillo", reza el documento de los examinadores del Colmed.

"En los pasillos había gran cantidad de carros abarrotados de basura y cajas con restos de basura de desechos orgánicos en descomposición, de estos carros y cajas escurrían líquidos de mal olor. También había apilados restos de espumas de colchón entre otros restos de plásticos", explican, agregando que esto se debe a la gran cantidad de basura producida en el recinto y los pocos retiros que se hacen de esta desde la Municipalidad, según testimonios de los funcionarios.

Sin embargo, la parte más insólita del informe llega con la visita al sector de la escuela, que ha sido adaptado para el aislamiento de los casos de COVID-19. Aquí hay dos salas en las que co-habitan los casos confirmados y los sospechosos. 

Si bien las salas están separadas, los observadores establecen que los pacientes comparten el mismo pasillo y el mismo baño. Además, afirman que "tanto el personal de salud, como los gendarmes están en contacto con estos casos confirmados de infección COVID-19, sin los elementos de protección requeridos para acceder a dependencias que reúna a personas con esta condición".

Por último, dentro del informe se incluyen "recomendaciones generales", como por ejemplo, la creación de Unidades de Atención Primaria al interior de cada recinto penitenciario, que dependan y se coordinen con los Servicios de Salud.

"En relación con el gran hacinamiento de la población penal, se debe buscar de manera urgente la disminución de la población privada de libertad", afirman desde el Colmed. Así también, aseguran que acudirán al Estado para que tome medidas inmediatas "para el cambio de medidas cautelares de las personas con prisión preventiva, y en segundo lugar, la reducción de penas a personas condenadas", excluyendo en ambos casos, graves crímenes violentos, femicidios, violaciones, abuso de menores, y crímenes de lesa humanidad.

"La falta de control de la epidemia al interior de CDP de Puente Alto, puede llevar a un colapso prematuro de las Unidades de Pacientes Críticos del Hospital Sótero del Río, impactando en las posibilidades de recuperación de los infectados por COVID-19 de la zona dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente", concluyen las y los evaluadores, agregando que el mal manejo de la epidemia del COVID-19 al interior de los recintos penitenciarios del país, pueden tener un efecto amplificador de la epidemia, que afecte gravemente la Salud Pública.