Hace una semana a Karla Orellana (31) le dieron la noticia: su contrato de trabajo como promotora en Triumph se terminaba al finalizar marzo y no le pagarían las indemnizaciones después de casi 10 años de trabajar en la empresa Comercial T, del holding Inalen que en 2016 adquirió Triumph Internacional. Esta compañía distribuye la marca de ropa interior a distintas sucursales de las grandes tiendas en el país y hace las contrataciones de trabajadores. El miércoles 29 de marzo pasado, sin embargo, hubo un despido masivo para el que argumentaron motivos de ‘fuerza mayor’ ante la crisis desatada por el COVID-19. Algo que choca con las medidas de protección laboral que el gobierno ha establecido durante estos días de no desvincular bajo esta causal al ser una crisis transitoria.

Los traslados diarios de Karla eran desde Lo Espejo hasta el centro de Santiago a una sucursal de tiendas Paris, donde trabajaba desde las 10:30 a.m hasta las 20:30 p.m. Con ese horario se le hacía imposible tener otra fuente de ingresos. Cuando recibió la notificación la tomó completamente por sorpresa, sobre todo porque cuenta con fuero maternal. Su hijo nació hace seis semanas y legalmente el fuero la protege de desvinculaciones por un año. Sacando cuentas, dice que al empleador no le convenía mantenerlas por 'criterios económicos': “No nos querían porque teníamos bonos que ya no están dando. Incluso, echaron a gente que estaba con licencia”, acota.

Pero su caso tuvo un giro. Un día después de haber recibido la notificación, la empresa le informó que no sería desvinculada, sino que suspendida temporalmente de sus funciones, aunque sin el pago de sueldos. Esto se podría extender por varios meses según el progreso de la pandemia y el levantamiento de las medidas sanitarias que han impuesto las autoridades durante las últimas semanas para evitar contagios.

Sin embargo, para otra compañera fue distinto. Alejandra Ibáñez (51) trabajaba en una tienda en Concepción y fue desvinculada el mismo miércoles pasado. “Estaba en mi casa, había trabajado hasta el 18 porque nos fuimos a cuarentena. Nos mandaron una circular de Santiago de que nos teníamos que retirar porque se estaba complicando la situación con el virus. A la semana me llega una carta por Chilexpress avisándome del término del contrato. Cuando fui a la Inspección del Trabajo me dijeron que el monto por indemnizaciones era cero”, relata a El Desconcierto.

Lo mismo le ocurrió a Doris Iturra (50), quien trabajaba de promotora en Ripley. "Quedamos sin palabras porque ellos estaban haciendo cambios y en cualquier momento podían despedir, pero no de esta manera al no pagarnos nuestros años de servicio. Sabemos que tenemos que ir a tribunales. Distinto es que te congelen los sueldos, pero nosotras ya no vamos a tener nuestro puesto de trabajo cuando esto termine", expresa.

Las trabajadoras recibían un sueldo base, que corresponde al mínimo $319.000, más la gratificación y las metas que dependen del porcentaje de ventas que realizan al mes. Pese a que la compañía ha argumentado problemas financieros, ellas aseguran que todos los meses llegaban a las metas individuales, vendiendo hasta $8 millones. Una de ellas, incluso, reconoce que a mitades de marzo iba bien en el cumplimiento de este monto, llevando poco más de la mitad.

Con esto, fueron alrededor de 100 promotoras en el país que vendían productos de esta línea de ropa interior que fueron desvinculadas bajo la causal 159 N°6 del Código del Trabajo por 'caso fortuito o fuerza mayor’, argumentando que la frágil situación financiera de la compañía se profundizaría producto de la pandemia, tal como se lee en el comunicado que les hicieron llegar:

Demanda colectiva

Según la presidenta del sindicato y trabajadora del mall Portal Nuñoa, Sara Adones, la empresa ha aprovechado la contingencia para desvincular a una cantidad importante de trabajadoras que llevaban hasta 15 años en la firma.

Cuenta que, en medio de este contexto, tuvieron una reunión por videollamada con una de las encargadas de recursos humanos que les anunció la situación: “Aludieron a que querían hacer despidos sin goce de sueldos y sin pago de cotizaciones a un grupo de personas. Les dijimos que no podían hacer eso, que no correspondía. Al otro día llegaron las cartas y no pudimos acudir antes a la Inspección del Trabajo”, dice, confirmando lo dicho antes por una de las trabajadoras desvinculadas sobre los costos que reportaban ellas al empleador por los bonos y sueldos más altos. En su caso, no fue despedida por contar con fuero sindical.

Sobre el impacto que esto va a generar para las trabajadoras y su núcleo familiar, recalca que muchas son mujeres jefas de hogar que quedaron totalmente a la deriva y sin ninguna protección. “La mayoría de las trabajadoras de Triumph son mamás y papás, ¿me entiendes? Pagan también arriendos y todas las cuentas. Y con el horario de mall que tenemos no nos da para generar otra entrada para aumentar los ingresos”, enfatiza.

Lo más preocupante, explica, es no tener claridad sobre la fecha en que se retomen las actividades laborales nuevamente, lo que también han manifestado un amplio número de gremios y trabajadores independientes que se verán impactados por la pandemia.

Por su parte, la demanda colectiva ya es un tema que pusieron sobre la mesa e iniciaron las gestiones para llevar a tribunales el caso y lograr que les paguen las indemnizaciones correspondientes por los años de servicios que prestaron.

Las trabajadoras de Triumph ya habían protagonizado manifestaciones anteriormente exigiendo derechos laborales al empleador, como ocurrió en mayo de 2013. En esa oportunidad la huelga se extendió por 22 días. "Cuando presentamos el proyecto colectivo, la empresa nos quería igualar los sueldos. Quiso bajarnos a las que ganábamos más plata. Existía mucha diferencia de sueldos y beneficios", explica Sara Adones, desde el sindicato.

Despidos injustificados

Consultado por las condiciones legales que están en juego en este caso, el abogado de la Defensoría de las y los Trabajadores, Javier Pineda, explica que las trabajadoras no se ven beneficiadas ni siquiera por el polémico dictamen que la Dirección del Trabajo (DT) dio a conocer el jueves de la semana pasada, el que señala expresamente que los trabajadores pueden ser suspendidos de su relación contractual, pero no despedidos por causales de ‘fuerza mayor’ ante el coronavirus. Pese a eso, el dictamen ha sido ampliamente criticado por quitarle la responsabilidad al empleador de pagar los sueldos a los trabajadores durante la crisis sanitaria.

“En este caso las despiden en lugares donde ni siquiera se había declarado cuarentena ni se habían establecido medidas restrictivas. Es por eso que las trabajadoras tendrán que irse a juicio demandando a la empresa por despido injustificado al haberse mal aplicado la causal del artículo 159 N° 6”, especifica.

Más aún, Pineda aclara que el argumento de la empresa de encontrarse en una mala situación financiera con anterioridad a la crisis no cambia en nada esta situación que tendrá que resolverse en tribunales.

[caption id="attachment_356323" align="alignnone" width="669"] Dictamen de la DT[/caption]

Dentro de las empresas que en estas últimas semanas también han desvinculado al personal, o han anunciado que no pagarán remuneraciones durante la crisis sanitaria, también se encuentra Caffarena que, de acuerdo a testimonios que se han viralizado por redes sociales, justificó desvinculaciones por ‘necesidades de la empresa’.

En tanto, este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de protección al empleo durante el Estado de Catástrofe, donde también se refuerza que los empleadores no podrán despedir a los trabajadores invocando esta causal en medio de la crisis sanitaria. Esto lo han aclarado tanto la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, como el subsecretario, Fernando Arab, poco después de conocido el polémico dictamen de la DT. Por otro lado, las críticas que se han hecho de esta ley ha sido la indicación que el Ejecutivo ingresó a última hora en Comisión Mixta, con la que buscó reducir al 50% el pago de las cotizaciones por parte del empleador, y que no considera a otros trabajadores que no reciben los beneficios de las prestaciones del seguro de cesantía por no estar contratados.

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