En estos primeros 14 días de emergencia, Chile ha sido testigo de la prepotencia e irresponsabilidad con la que los sectores más acomodados actúan en diferentes ámbitos de sus vidas.

Ese brutal individualismo también se ejemplifica en comportamientos que podrían ser catalogados como “antisociales”, ya que sin duda atentan contra la vida en sociedad. Golpear al personal médico, mentir con sus estados de salud o  acaparar insumos de aseo y cuidado personal, claves para combatir la pandemia, para luego revenderlos en el mercado a precios exorbitantemente mayores, son algunos de ellos

Sin embargo, el colmo de esta situación es el hecho de que los habitantes de Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea -por mencionar algunas comunas- después de esparcir el coronavirus por la capital no dudaron en viajar a la costa para “no aburrirse” en sus departamentos de 200 mts cuadrados durante la cuarentena. Al acudir a los servicios de salud pública de Maitencillo, Cachagua y Zapallar, acapararon los insumos médicos de la población local para quien el derecho a elegir no existe.

Mientras ellos viven la pandemia provocada del COVID-19 con ligereza y desidia, la gente común, las y los trabajadores de carne y hueso, nos enfrentamos a dos situaciones que nuestra generación desconocía: el pánico de tener que decidir entre nuestra vida o nuestro trabajo, y la incertidumbre del desempleo masivo.

Tuve la fortuna de estudiar historia. Ahí a aprendí que en los  ochenta Chile llegó a tener un 20 por ciento de su población desempleada y más de un 40 por ciento de pobres en el país. Durante esa década la economía quebró. El Estado no solo salvó a los bancos, sino que privatizó muchas de sus instituciones con el fin de generar recursos que nadie sabe dónde fueron a parar.

40 años más tarde el panorama económico vuelve a verse sombrío para nuestras familias. El problema es que, a diferencia de los años de dictadura, y a partir del reciente dictamen de la DT, somos testigos de una inédita atribución contra los trabajadores: la suspensión de la relación laboral por motivos de “fuerza mayor”.  Pero las inseguridades de nuestro sector no sólo se dan por normas como los de la DT. En esta década trabajando para la multinacional Starbucks, he podido apreciar dos fenómenos que también fomentan nuestra precarización.

1. El falso argumento de que estas multinacionales “no cuentan con los recursos financieros para sobrevivir a la crisis”

La connotada multinacional KFC, entregó este argumento para justificar la obligación de que sus empleados tomasen un “permiso sin goce de sueldo” forzoso, bajo amenaza de despido. Esta idea de fragilidad económica, se han esbozado comunicados similares en cada empresa de comida rápida.

Ahora uno se pregunta ¿Dónde están las millonarias ganancias que producimos año a año las decenas de miles de jóvenes que atendemos los locales de la comida rápida con salarios cercanos al mínimo? ¿En que banco estarán resguardados esos valores que hoy es imposible tocar para que la crisis no la paguen las y los trabajadores?

2.-Grandes holdings extranjeros juegan a identificarse como “empresas nacionales”.

Starbucks se calificó como una “nacional”, durante un arbitraje ante la OCDE en el 2014,  cosa que sorprendió a los funcionarios del Gobierno ese año.

Efectivamente, en tiempos de crisis, estas multinacionales se transforman casi instantáneamente en pequeños emprendimientos locales. En medio de la cuarentena que exigió a las empresas de “sectores no esenciales” cerrar sus cortinas, reconocidas de la comida rápida obligaron de todos modos a sus trabajadores a presentarse a sus puestos y atender a público.

La atención en lugares como el sector oriente de la capital, donde actualmente se concentran los focos de contagio, también expuso a los trabajadores y trabajadoras de las compañías a largos trayectos en el transporte público desde la periferia para cumplir la jornada. Pero lo peor no quedó ahí. Cuando los cierres se volvieron inevitables, algunas de estas multinacionales del fast food no dudaron en utilizar atribuciones legales para no pagar sueldos a quienes ya subsisten con un salario precario, igual o cercano al mínimo legal.

Como ya mencioné, cientos de trabajadores de Kentucky Fried Chicken (KFC) fueron obligados a tomar “voluntariamente” permisos sin goce de sueldo, bajo amenaza de ser despedidos sin indemnización. Por su parte, Mcdonald's ha optado por medidas similares y el grupo ALSEA –administradores de Starbucks, Burger King y PF Chang’s- aún no han aclarado el panorama que enfrentarán sus trabajadores a partir del 1 de abril.

Cuando entré a Starbucks me dijeron: A partir de hoy, “eres un nuevo ‘partner’ –eufemismo para trabajador- y perteneces a una familia de más de 200 mil personas en todo el mundo”. Vi diversos comunicados en que la compañía manifestaba su dicha por la apertura de sucursales en un nuevo país, sumándose a las más de 30 mil tiendas en el mundo. Quizás esto me hizo creer que trabajaba en una multinacional.

A lo mejor es un síntoma del empresario local de fast food, un sentimiento internacionalista que no se ve en otros emprendimientos, porque al menos yo no he visto a la señora de la peluquería, al momento de contratar a alguien, decir: “bienvenida a la enorme familia de peluqueros del mundo”.  Estas conductas ponen a estas empresas en el mismo lugar que los “antisociales” del sector oriente, esa gente “de bien” que, incluso en medio de una pandemia sin precedentes, decidieron velar sólo por sus privilegios. Y el resto, como ovejas al matadero.

*Esta columna fue realizada de manera colaborativa por los integrantes del Sindicato Starbucks Chile, el primero de la empresa en Latinoamérica.