Al momento de escribir esta columna, hay 61 casos diagnosticados de COVID-19 en Chile, y estamos oficialmente en fase 3 de la pandemia, es decir, hay transmisión del virus entre miembros de la comunidad, cuyo contagio no es trazable. Sabemos que el aumento explosivo del número de pacientes en poco tiempo puede sobrepasar la capacidad de respuesta de sistemas sanitarios mejor preparados que el chileno, el cual arrastra un déficit crónico de recursos en el sector público desde hace décadas, que se ha agravado durante la administración del actual gobierno, causando desabastecimiento en varios centros de salud.

Otra particularidad del sistema sanitario chileno es que se encuentra fragmentado según capacidad de pago, haciendo que los ya limitados recursos se distribuyan de manera desigual, sin un criterio estrictamente sanitario, sino que según se cotiza en Fonasa o Isapre, y en el caso de estas últimas, según los prestadores que el plan contratado contemple. Esta fragmentación del sistema puede dificultar la coordinación y la velocidad de reacción  del sistema en un momento que la acción decisiva se hace perentoria. El componente privado del sistema de salud ha demostrado por años que es capaz de especular financieramente con la salud de la población, lo que se evidencia en rechazos injustificados de tratamiento y el alto porcentaje de rechazo de licencias médicas. Es esperable que el sistema de ISAPRE no esté a la altura de las difíciles circunstancias a las que nos enfrentaremos en las próximas semanas. Ya se ha conocido públicamente por medios de circulación nacional la posición de algunas ISAPRE de que debería ser el Estado el que cubra las licencias médicas por medidas de aislamiento, o la de los seguros complementarios, donde nos enteramos que convenientemente excluyen pandemias en sus pólizas de salud.

Las medidas adoptadas por el ministro de salud durante la crisis sanitaria por falta de insumos el 2019 demostraron su indolencia frente a la debilidad del componente público y hoy, este mismo ministro está a cargo de coordinar la respuesta interministerial frente  a esta pandemia. La situación es a lo menos, preocupante. Considerando que existe transmisión comunitaria, es muy probable que el número de casos confirmados sea sólo una fracción de los casos reales; en ese sentido, las medidas anunciadas por el gobierno parecen insuficientes.

Nos parece que aún estamos a tiempo para tomar medidas que eviten el colapso de nuestro sistema sanitario. Medidas que permitan abordar la crisis desde una perspectiva de salud pública y no una sustentada en la especulación financiera o en cuidar la estabilidad financiera de Isapres o clínicas.

Debido a la crisis de legitimidad del actual gobierno y en particular del actual ministro, proponemos el establecimiento de una comisión especial de expertos en epidemiología, que monitoreen la situación día a día de la expansión de la epidemia, entregando recomendaciones a la población y con la capacidad técnica de tomar decisiones con criterio estrictamente sanitario, que den confianza a la población y al personal sanitario, de que las decisiones las está tomando un organismo competente. Esta comisión tendría la misión, además, de actuar de vocería ante esta pandemia, otorgando la confianza en la ciudadanía, que el actual gobierno es incapaz de dar.

El establecimiento de medidas tempranas de distanciamiento social ha demostrado ser una de las más efectivas formas de control de la expansión de la enfermedad y en la fase epidémica que está entrando nuestro país, es de fundamental importancia. En ese sentido, sugerimos implementar medidas tales como solicitar desde ya al sector privado el establecimiento del teletrabajo para todos aquellos trabajadores que puedan trabajar desde sus casas. Esta medida es compatible con el Código Laboral actual y no requiere de aprobar el proyecto de Teletrabajo del ejecutivo, que a la larga va a precarizar la situación de los trabajadores.

Respecto a los establecimientos educativos, creemos que se debe a la brevedad suspender clases en recintos universitarios y escolares por ciudad o región, no esperando a la aparición de casos en cada recinto. Comprendemos que la suspensión de clases sumado a los aislamientos de cada vez más personas, van a ser sumamente disruptivas para la situación laboral de muchos trabajadores. Por este motivo, sumado a lo anterior, proponemos anunciar y ejecutar ayuda financiera (bonos monetarios) a las familias en aislamiento, en especial aquellas con miembros de la familia en trabajos por cuenta propia, que no están cubiertos por licencias médicas.

Adicionalmente, consideramos beneficioso fragmentar el horario de ingreso a los lugares de trabajo para establecer menor aglomeración de personas en horas peaks, así como adelantar los horarios de salida en otros, acortando la jornada laboral, de esta forma descomprimir la aglomeración en horas peak del transporte público.

Favorecer el acceso a alcohol gel y otros elementos de protección, evitando el quiebre del stock y la especulación, congelando precios, así como distribuirlos gratuitamente en centros educativos y de salud.

Evitar la exposición innecesaria de pacientes crónicos a lugares con alta circulación del virus, como centros asistenciales, a los que muchas veces deben acudir sólo para retiro de fármacos, pudiendo hacer entrega de estos para tres meses, en vez del mes estándar.

Establecer medidas especiales para el personal sanitario, más expuesto al virus, y también con mayores probabilidades de transmitirse por estar diariamente en contacto con pacientes.

Además, como medidas globales para apuntalar el sistema sanitario durante esta crisis:

Eliminar las restricciones impuestas para el endeudamiento de la red hospitalaria pública y establecer fondos especiales para aumentar la capacidad de respuesta del sistema.

Reconversión de camas en hospitales de fuerzas armadas a camas del sector público y fijación de precios para las camas críticas del sector de salud privada, para evitar el aumento de fuga de recursos públicos hacia el sector privado.

Gratuidad del examen para todos los casos sospechosos, debido a que sabemos que el gasto de bolsillo actúa como barrera para su realización. El conocer el diagnóstico deja de ser un beneficio individual, sino que es relevante para la planificación sanitaria de todos los casos.

Estamos convencidos que aún estamos a tiempo de enfrentar esta pandemia  a pesar de las ya precarias condiciones del sistema público de salud. El bien público debe estar por encima de cualquier interes economico. Una vez enfrentada la crisis, tenemos la misión de re pensar lo que significa la seguridad social en salud, pues la mercantilización de este derecho social ha demostrado nuevamente ser una barrera para el bienestar de la sociedad.