El Ejército de Chile aseguró que el funcionario, que fue formalizado por realizar amenazas verbales y con un arma cortopunzante a las participantes de la marcha del día domingo, actuó luego de que fuera agredido por un grupo de la manifestación.

Según las declaraciones de la institución, “la función que realizaba, forma parte de las medidas que se han adoptado para  prevenir la ocurrencia de hechos que puedan afectar a las instalaciones militares, que custodian armamento y munición de guerra. Su uso puede tener efectos letales que de ser sustraídas afectarían gravemente a los ciudadanos y la seguridad de la nación y cuya responsabilidad de resguardo recae en la propia institución”.

Según el relato en la audiencia , el funcionario Marcos Díaz Ibacache, en dicha tarea se encontraba de civil, en las cercanías de Plaza de la Dignidad, diámetro en el cual no se encontraría ningún cuartel o edificio militar que contara con las características para ser resguardado.

Díaz fue imputado durante el lunes y quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima durante los 120 días de investigación.