Una polémica información dio a conocer el Ejército de Chile este martes, al admitir que mantiene personal activo y de civil infiltrados en las marchas que se realizan en el contexto del estallido social, realizando labores de vigilancia.

Todo quedó al descubierto este domingo, luego que un sujeto fuese detenido durante la marcha 8M en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Plaza de La Dignidad al amenazar a una asistente con un arma cortopunzante y se comprobara que era miembro de la institución castrense.

Se trata de Marcos Díaz, quien fue formalizado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, quedando sólo con cautelar de acercarse a la víctima, provocando que el Ejército tuviera que salir a explicar la situación mediante un comunicado.

En el escrito, aseguran que la persona es un oficial y que “se encontraba efectuando labores de seguridad militar con la finalidad de anticipar posibles ataques a cuarteles ubicados en la zona”.

“La función que realizaba el miembro de la institución aludido forma parte de las medidas que se han adoptado para anticipar y prevenir la ocurrencia de hechos que puedan afectar a las instalaciones militares, que custodian armamento y munición de guerra, algunas de las cuales su uso puede tener efectos letales que de ser sustraídas afectarían gravemente a los ciudadanos y la seguridad de la nación y cuya responsabilidad de resguardo recae en la propia institución”, añadió.

El Ejército cierra argumentando que “desde el 18 de octubre del año recién pasado diferentes unidades e instalaciones han sufrido un total de 57 ataques, incluso en las últimas semanas, en que se ha visto afectado tanto personal militar que las custodia, hombres y mujeres, como la propia infraestructura militar”.