Frente a las medidas de urgencia frenéticas, irracionales y totalmente injustificadas por una supuesta epidemia del coronavirus, es necesario partir por las declaraciones del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), según las cuales, no solo "no hay epidemia de coronavirus (Sars-CoV2) en Italia", sino que además “la infección, según los datos epidemiológicos disponibles en la actualidad sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves/moderados (una suerte de gripe) en 80 a 90% de los casos. En 10 a 15% de los casos, puede desarrollarse una neumonía, pero la evolución es benigna en la mayoría absoluta. Se estima que solo el 4% de los pacientes deben ser hospitalizados en unidades de cuidados intensivos".

Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan en difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con severas limitaciones a la libertad de reunión y de tránsito y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y trabajo en regiones enteras?

Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado:

Primero, una vez más, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El decreto de ley aprobado inmediatamente por el gobierno "por razones de salud y seguridad públicas" conduce a una verdadera militarización “de los municipios y zonas en las que al menos una persona ha arrojado resultados positivos y cuya fuente de transmisión no puede ser imputada a una persona proveniente de una zona ya infectada por el virus”. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción a todas las regiones, ya que es prácticamente imposible que otros casos no se produzcan en otros lugares.

Consideremos las serias restricciones a la libertad previstas por el decreto: a) prohibición de abandonar el municipio o la zona en cuestión para todas las personas que permanezcan allí; b) prohibición de ingreso al municipio o a la zona en cuestión; c) suspensión de manifestaciones o iniciativas similares, así como de eventos y cualquier forma de reunión en un lugar público o privado, incluidos los espacios culturales, recreativos, deportivos, religiosos, incluso si estos tienen lugar en recintos cerrados abiertos al público; d) suspensión de servicios educativos para los niños y para las escuelas de todos los niveles, así como la asistencia a las actividades de educación superior, a excepción de actividades de formación a distancia; e) suspensión de servicios para la apertura al público de museos y otras instituciones culturales y de lugares consignados en el artículo 101 del código de patrimonio cultural y del paisaje, de conformidad con el decreto legislativo del 22 de enero de 2004, n. 42, así como la eficiencia de las disposiciones reglamentarias sobre acceso libre y gratuito a estas instituciones y lugares; f) suspensión de todos los viajes educativos, tanto dentro del país como hacia el extranjero; g) suspensión de procedimientos colectivos y de actividades en oficinas públicas, sin perjuicio de la prestación de servicios esenciales y de utilidad pública; h) aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa de personas que han estado en contacto cercano con casos confirmados de enfermedad infecciosa generalizada.

La desproporción frente a lo que, según la CNR, es una gripe normal, poco diferente de aquellas que se repiten cada año, es evidente.

Parecería que, habiéndose agotado el terrorismo como motivo de las medidas de excepción, la invención de una epidemia podría ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites.

El otro factor, no menos inquietante, es el estado de temor que se ha extendido explícitamente en los últimos años al interior de las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, frente a los cuales la epidemia vuelve a ofrecer, una vez más, el pretexto ideal.

De esta manera, en un círculo vicioso y perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos, se acepta en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobernantes que ahora intervienen para satisfacerlo.

[Esta columna fue publicada originalmente el 26 de febrero de 2020 en la revista italiana Quodlibet, quienes autorizaron esta publicación y traducción hecha por los académicos Iván Torres Apablaza y Tuillang Yuing Alfaro]