El escenario fue atípico y podría explicar esa extraña reacción que vino después, como de animal hambriento frente a comida fresca: la Corte de Apelaciones avisó a fines del año pasado del concurso para asumir la titularidad de los Juzgados de Policía Local de Pudahuel, Providencia y Lo Barnechea, y entre las tres comunas, la último tenía un atractivo especial: las horas extras que la municipalidad que alberga a La Dehesa y Cerro 18 son pocas (“escuetas”, diría un funcionario de allí) y las decisiones en materia inmobiliaria en una comuna con proyectos millonarios.

Estas condiciones derivaron en un listado de 40 postulantes para el cargo, una cantidad pocas veces vistas para el puesto.

El 27 de enero pasado la Corte de Apelaciones resolvió una primera terna, tres opciones que, por entonces, debían ser cotejadas por el alcalde Cristobal Lira (UDI) para que después él seleccione una y luego, el elegido o elegida, estando en el cargo, pueda trabajar allí de manera vitalicia, con un sueldo de más de tres millones, teniendo que enfrentarse a nimiedades como partes automovilísticos, o a decisiones de más envergadura como los permisos de edificación de las grandes inmobiliarias.

En la primera votación el que consiguió la mayor cantidad de sufragios fue Javier Lema Colecchio, juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local de San Miguel. Pero los 13 votos obtenidos no fueron “la mayoría necesaria para confeccionar la terna”, según señala el documento de la misma Corte. Por ello “se procedió a una segunda votación entre las tres más altas mayorías”: Alfredo Foster Mujica, secretario titular del Juzgado de Policía de Lo Barnechea (la comuna en cuestión, que logró 12 votos); Natalia Vicuña Lambert, secretaria titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Vitacura (logró 15 votos); y María Soledad Ramírez Herrera, jefa de la división jurídica del Instituto de Previsión Social (logró la desbordante cifra de 19 votos).

Finalmente la terna quedó compuesta por Lema, Vicuña y Ramírez.

El puesto, los nombres y los problemas propios que desde el cargo se deben resolver levantaron dudas. Eso, además de la ley estancada en la Cámara de Diputados que prioriza a los secretarios de cada juzgado para asumir la titularidad, cuestionan el proceso mismo. En lo particular, los ojos se centraron en quien menos experiencia tiene en el área: María Soledad Ramírez.

Un cita Caval

Diciembre de 2015. Ramírez, quien ya trabajaba como fiscal jefa de la división jurídica del Instituto de Previsión Social (puesto en el que ejerce desde 2013 hasta hoy), fue citada a declarar en calidad de imputada en el caso Caval. El motivo era porque en abril de 2015 su ex esposo Juan “Gatito” Díaz -gestor inmobiliario, operador político de la UDI, el primer condenado por el “Caso Caval” por pagar a ex funcionarios de la municipalidad de Machalí para cambiar el uso del suelo en el que la empresa de Natalia Compagnon iba a hacer negocios inmobiliarios- le había hecho dos transferencias que, sumadas, superaban los $200 millones. Lo que dijo la abogada frente al fiscal Sergio Moya fue que los dineros correspondían a la venta de una propiedad y a temas universitarios de sus hijos. También cuentan que increpó a Moya por la misma citación, aunque entre fiscales el llamado a la ex pareja es una forma de presión, sino de investigación minuciosa.

El matrimonio Ramírez Díaz duró cinco años (desde agosto de 1992 hasta noviembre de 1997). Tuvieron un hijo. Ramírez dijo a La Tercera que, con todo (la citación, el hijo en común, las transferencias y el involucramiento de su ex esposo en la noticia judicial de la década), tenía una buena relación con Díaz.

En julio de 1990 creó junto a su ex marido la empresa “Codisol ltda.”, tenía como objeto la planificación y construcción de obras civiles inmuebles propios de la ingeniería civil, construcciones metálicas, pavimentaciones, urbanizaciones, construcción y mantención de áreas verdes, además de compra, venta, arrendamiento, importación, comercialización, fabricación y reparación de todo tipo de bienes raíces e inmuebles, ya sean propios o ajenos. En agosto de 1995 creó “Prain abogados”, junto a Rafael Pávez, que también tiene como objetos la compra, venta, arriendo de bienes muebles e inmuebles. En diciembre de 2018 creó junto a su hija, María Soledad Valdivieso Ramírez, la empresa “Inversiones Mining Val”, que dentro de los objetos también considera las asesorías en materias inmobiliarias, además de “realizar las actividades propias de una agencia de negocios, incluida la actividad de intermediación de bienes y comisionistas”,  “la realización de inversiones por cuenta propia o de terceros, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades, y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con la facultad de administrar dichas inversiones”.

El Juzgado de Policía local, dentro de sus funciones, considera resolver temas relativos a la ley general de urbanismo y construcciones, además de las ordenanzas respectivas. Dado el historial empresarial de Ramírez, además de los traspasos de dineros por inmuebles que la involucraron con Caval, podrían potencialmente conflictuarla en el cargo.

Otra cosa: las relaciones con la UDI de parte de Ramírez no sólo pasaban por ser la ex esposa de Díaz,  sino por su trabajó en 2011 en el ministerio de Economía, cuando era titular el ex candidato presidencial Pablo Longueira. Según el portal de transparencia del ministerio, ese año su trabajo fue de abogada del ministerio. Ya en 2012 se desempeñó como auditora ministerial y asesora en materias jurídicas del gabinete de la misma cartera. Al año siguiente, en 2013, figuraba solo como auditora ministerial. Fue también el último año en el que apareció en la nómina de personal a contrata del ministerio.

En el portal de transparencia del mismo Instituto de Previsión Social, su nombre aparece como personal de planta recién en noviembre de 2018 (también el año del que se tiene registro más antiguo): allí figura como “jefe división negocio”.

Es esa experiencia con la que llega a la postulación y consigue una de las puntuaciones más altas, contra los otros dos experimentados candidatos.

Ley de continuidad estancada

Los puestos vitalicios como el de juez del Juzgado de Policía tuvieron un remezón producto de la ejecución de incentivo al retiro para funcionarios municipales, publicado en el diario oficial en julio de 2019. El escenario entró en conflicto también con el proyecto de ley que modifica los procedimientos de los mismos Juzgados y que, en casos como este de vacancia, contemplaría que los secretarios de cada sede estuviesen en la terna, no sin antes cumplir requisitos de antigüedad y evaluaciones destacadas (boletín 11.476-07). De hecho, fue bajo esos méritos que se escogieron los titulares de Pudahuel y Providencia.

Con todo, la selección misma está envuelta en un hermetismo que solo genera más dudas.

El Desconcierto se contactó con María Soledad Ramírez. Sin embargo, declinó referirse al tema.

Aquí puedes revisar el proyecto de ley.