Pese a que la discusión estaba presente desde hace varios años, una denuncia por violación hecha en octubre del año pasado por una mujer del continente, movilizó a las mujeres de Rapa Nui a manifestarse y exigir que la justicia, al menos en estos casos, sea igual que con las chilenas.
La razón: dos artículos de la ley 16.441, conocida como Ley Pascua, que rige exclusivamente en Rapa Nui desde el año 1966, que permite rebajar un grado de la condena por violación y disminuir hasta dos tercios la pena en caso de ser cometida por naturales de la isla. Una normativa que ha permitido, según cifras de la Subsecretaria de Prevención del Delito, entre el año 2007 y 2015, que 52 condenados cumplieran más de la mitad de su pena en libertad.
La traducción no es otra que esta: una situación de violencia sexual en el continente parte de una condena de cinco años y un día, mientras que en la isla es de tres años y un día.
Esta diferencia que parece antojadiza y anacrónica para los tiempos que vivimos, ha sido justificada incluso por autoridades de la isla. Su alcalde, Petero Edmunds, ha defendido el statu quo, asegurando que la ley debería quedar como está, pues estaría hecha a la medida de su cultura.

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Este escenario fue el que, en definitiva, derivó en un proceso de consulta y posterior plebiscito, impulsado por el ministerio de Desarrollo Social, para definir el futuro de los delitos de género en la Isla.

[caption id="attachment_159384" align="alignnone" width="1732"] La ex senadora por Valparaíso, Lily Pérez.[/caption]

Otro tipo de ciudadanas

La ex senadora por Valparaíso, Lily Pérez, recuerda cuando en 2017 las agrupaciones de mujeres de la isla la invitaron a informarse en terreno: “Están bien organizadas, quieren cambios y están activas, porque hay muchas violaciones que quedan impunes”, recuerda la otrora parlamentaria.

Ese año, al menos dos antes de la violación que marcó la demanda por la modificación legislativa, Pérez se reunió con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de la época, Claudia Pascual. “En ese tiempo, todas las autoridades de allá estaban de acuerdo con la derogación de los artículos”, agrega. No obstante, sus ganas no fueron más que eso.

La razón podría deberse al debate entre los derechos de los pueblos indígenas (como lo plantea el alcalde) y los derechos de las mujeres, lo que para Verónica del Pozo, abogada de Abofem, es “un falso dilema”.

“En el derecho internacional se trata de dos grupos de especial protección: por un lado, los pueblos indígenas, que tienen derechos reforzados para proteger sus tradiciones; y las mujeres, por su parte, que tienen normativas que refuerzan la obligación del Estado de protegerlas frente a la violencia de género”, aclara la abogada. En la línea del derecho internacional, a su juicio, la ley que reduce la pena por delitos sexuales no tiene fundamento jurídico.

“Los órganos de tratado han sido muy claros en señalar que las tradiciones y las creencias religiosas no pueden obstar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y niñas; en este caso, a su integridad sexual. Además, hay que considerar la falta de acceso a la justicia que tienen las mujeres y niñas en la isla por el hecho de estar afectadas por una doble discriminación, por el hecho de ser mujeres y pertenecientes a los pueblos indígenas”, complementa del Pozo.

[caption id="attachment_103899" align="alignnone" width="640"] Lorena Fries / Agencia Uno.[/caption]

Para Lorena Fries, ex subsecretaria de Derechos Humanos, la desigualdad es evidente: “La ley penal debe regir para todos igual cuando se trata de sanciones, y más cuando se trata de violencia hacia las mujeres”, plantea. Desde el punto de vista de la argumentación cultural, como ha expresado la máxima autoridad de la isla, la exdirectora del INDH asegura que “siempre se esgrimen este tipo de razones para violar derechos humanos, no para reafirmarlos. Los derechos humanos son universales, para todos, y uno tiene que respetar siempre las culturas, siempre que no sean atentatorias contra estos mismos derechos”.

Problema macro

El ministerio de Desarrollo Social comenzará el proceso consultivo el próximo 25 de febrero, y lo hará por medio de encuentros con organizaciones y clanes familiares. Le seguirán una serie de talleres informativos e instancias deliberantes en las que se escogerán representantes, lo que conllevará a un plebiscito final. Pero que sea Desarrollo Social el encargado de liderar el proceso es algo que para Anita Peña, de la Corporación Miles, podría ser un desprecio: la situación afecta a las mujeres y debería ser la ministra Isabel Plá quien llevase la batuta.

“(El escenario) nos levanta una alerta preocupante, porque señala la ausencia del Estado en el territorio. Es decir, la ausencia de la protección y las garantías para la vida de las mujeres. Las diferencias de las sanciones son tremendas. Eso señala una vulneración muy grave al principio de igualdad ante la ley”, plantea Peña como primer punto. Luego, apunta al ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

[caption id="attachment_334703" align="alignnone" width="5760"] Anita Peña-Saavedra / Foto: Daniela Anomar.[/caption]

“La segunda alerta se marca en cuál ha sido el rol del ministerio de la Mujer, y en lo específico también el Sernameg (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género), en cuáles son los programas que hoy día tiene la isla. Sabemos que las mujeres allá hoy día no cuentan con un acompañamiento legal permanente. Nos parece que el trabajo que ha hecho la ministra Plá ha sido negligente y una muestra de eso es lo que hoy día están levantando las mujeres de la isla”, apunta la directora de la Corporación.

El Desconcierto intentó comunicarse con el ministerio de la Mujer, pero el equipo de comunicaciones no respondió. Mientras que desde el Servicio Nacional de la Mujer señalaron que no se pronunciaban respecto a temas de leyes y que eso lo veía el ministerio.