El patio trasero del segundo mall más grande de Chile

Heraldo Muñoz supo de varios vecinos que comenzaron a aparecerles ratones en sus casas. Algo poco frecuente en el barrio, asegura el hombre con nombre de exministro, hasta que comenzaron las faenas de construcción del nuevo Mall Vivo Santiago, el segundo centro comercial más grande de Chile –después del Costanera Center-–, emplazado justo al frente de su casa, ubicada en la villa La Portada, en la comuna de Ñuñoa. Una mole de 217 mil metros cuadrados, ubicada en un terreno de poco más dos hectáreas, que contempla además un edificio residencial de 30 pisos de altura, locales comerciales, un gimnasio, oficinas, cines, consultas médicas, viviendas para arriendo y hasta un apart hotel.

Pero los ratones no fueron el único problema. Junto a los roedores llegó la contaminación acústica, las vibraciones constantes, trizaduras de muros y los malestares provocados por el polvo en suspensión. “Hay que hacer aseo todos los días porque sino se genera una capa de polvo y tierra, que hace parecer como si no hubieras limpiado durante 10 días”, explica Muñoz. Ese es el panorama que viven día a día, desde inicios de 2019, los vecinos que habitan las viviendas ubicadas en las inmediaciones del metro Ñuble.

La aprobación para la realización de este mega estructura fue cuestionada desde un comienzo por los residentes de la zona: acusan que la declaración de impacto ambiental, presentada por la empresa el 21 de marzo de 2017, no logra dimensionar el alcance del proyecto. La junta de vecinos La Portada exige que lo óptimo sería realizar un estudio donde ellos puedan participar del proceso, considerando el impacto que la obra tendrá en sus vidas, el aumento de la población flotante y, sobre todo, el incremento de la densidad automovilística.

Los mismos vecinos apuntan a un subterfugio de la inmobiliaria Puente Limitada, encargada de la realización del proyecto, respecto a la fragmentación del mismo en dos etapas ­–la demolición y la construcción­–, lo que les permitiría pasar las exigencias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con estudios de envergadura reducida.

El conflicto recién comienza.

Las peleas

El megaproyecto lo encabeza la Inmobiliaria Puente Limitada, en conjunto a la cadena de centros comerciales Vivocorp, perteneciente al empresario Álvaro Saieh. Antes de empezar la construcción, se erigían allí las oficinas de Copesa, el brazo mediático de Saieh cuya infraestructura ya fue demolida.

En cuando el proyecto llegó al barrio, los vecinos quisieron reunirse con sus ejecutores. Buscaban exigir una participación real que, aseguran, les fue denegada en más de una ocasión por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el organismo encargado precisamente de generar un encuentro entre ambas partes. El motivo es que el proyecto no generaría cargas ambientales para las comunidades próximas y que, por ende, “no es necesaria la participación ciudadana”, consignó el documento.

La junta de vecinos y la Defensoría Ambiental, organismo que presta asesoría jurídica a la comunidad, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en noviembre pasado en contra de la resolución del SEA que nuevamente les negó la participación ciudadana, esta vez en la segunda etapa del proyecto. Una de las abogadas de la Defensoría Ambiental que está llevando el caso, Cristina Lux, cuenta que lo que se busca es que el organismo corrija el impedimento de la participación ciudadana que, argumenta, forma parte del derecho humano de acceso a la justicia. Y agrega: “Es una práctica usual del Estado, y de la administración, impedir el acceso a la justicia”, señaló

Los vecinos alegan, además, que la Municipalidad de Ñuñoa no ha participado de manera activa en la resolución del conflicto. Denuncian que en un comienzo existió la intención de ayudar a los vecinos, pero lo cierto es que nunca se llevaron a cabo acciones concretas. Hoy este proyecto cuenta con la aprobación del municipio liderado por Andrés Zarhi, cuya Dirección de Obras Públicas otorgó los últimos permisos que permitieron la demolición del antiguo inmueble en febrero de 2019. La presidenta de la Junta de Vecinos La Portada, Ana María Rojas, asegura que fue tanta la indiferencia que en el municipio “ni siquiera leyeron la declaración de impacto ambiental”.

[caption id="attachment_342227" align="aligncenter" width="720"] Las mitigaciones para aplacar las demoliciones[/caption]

Municipio silencioso

La queja principal de quienes están en contra de la instalación del Mall es sobre la pasividad del municipio y su rol como “mediador” en el conflicto. Alejandra Medina, vocera de la Coordinadora No Al Mall Vivo, cuenta que las medidas de mitigación que pidió la Municipalidad para entregar los permisos correspondientes no fueron suficientes para aplacar las consecuencias de la primera etapa.

“Las únicas medidas de mitigación que se hicieron fueron poner unas planchas por donde pasa el metro, lo que no detiene la contaminación. Nunca nadie ha venido a preguntarnos la situación de las viviendas, a corroborar que efectivamente no hay daños estructurales o psicológicos en las personas”, declaró la vocera.

Una de las concejalas que apoyó a los vecinos desde los inicios, Alejandra Placencia, sostiene que debe existir una mayor fiscalización por parte de la administración en cuanto a este proceso. “Se comprometieron medidas de mitigación que realmente evitaran que el polvo en suspensión, la polución y el ruido pudiera afectar directamente a las casas vecinas. En una demolición de esta envergadura, evidentemente van a existir implicancias de este estilo. Sin embargo, hasta ahora, no se ha cumplido con esos acuerdos”, sostuvo la autoridad.

El Desconcierto se comunicó con Vivocorp, la empresa gestora del Mall Vivo Santiago. El representante de la Inmobiliaria Puente Limitada, Miguel Etcheverry, comentó que ellos no habían sido informados sobre los inconvenientes padecidos por los vecinos: “Nosotros hemos cumplido con todas las mitigaciones que se nos ha exigido por ley, se han excedido las medidas de control y no se ha generado problemas con los vecinos. Hasta el día de hoy no hay multas, no hay partes, ha sido una obra bien ordenada”, señaló.

Al consultarle a la Municipalidad de Ñuñoa ante los reclamos de los vecinos, la administración declaró que el municipio ha estado en permanente diálogo con ellos: “Respecto de la denuncia por la existencia de roedores, podemos confirmar que esta semana (la primera de febrero) tomamos conocimiento de esta situación a través de un residente. El municipio acogió este reclamo y comprometió un servicio de desratización para los vecinos que lo requieran”, declararon.

[caption id="attachment_342230" align="aligncenter" width="720"] Vecinos manifestándose[/caption]

Una vida digna

Sandra Prido lleva 22 años viviendo en el sector, un conjunto habitacional de 30 años de antigüedad, y está convencida que la vida de barrio está por terminar: “Todos los vecinos se conocen, esto es como bien familiar, bien unido. Ya con el mall, eso se acabará”. Prido piensa que en un futuro las calles en las que creció y vivió, desaparecerán: “Ya andaban ofreciendo a la gente de más edad vender sus casas”, relata.

Los vecinos cuentan que el sector, antes de la llegada de la línea 5 y 6 del metro, era una zona industrial. Sin embargo, junto a las líneas férreas, también empezaron a aparecer los edificios.

Ana María Rojas, presidenta de la Junta de Vecinos, hace un análisis lapidario: “Construyen edificios de 30 a 35 pisos, con unos departamentos que no son dignos, ¿cómo va a vivir una familia en 30 metros cuadrados?”, se pregunta. Del mismo modo, los vecinos critican que las personas que llegarán a la comuna desconocen que junto a los nuevos departamentos, vendrán los constantes cambios del flujo de agua o los infernales tacos una vez habilitado el mall y sus departamentos.

Es por esto que la Junta de Vecinos, junto a la Coordinadora No al Mall Vivo, busca resguardar la vida de barrio y una calidad de vida a escala humana. “Las viviendas que trae el Mall Vivo no son dignas. Tampoco representan a lo que nosotros aspiramos. Destruyen décadas y décadas de vida comunitaria”.

Si de algo ha servido esta lucha es que los vecinos lograron cambiar el Plan Regulador Comunal. Ahora, en el lugar donde viven, sólo se permitirá la construcción de edificios de no más de 5 pisos de altura; aunque al frente tengan, en poco tiempo más, una enorme mole de cemento apuntando en dirección a sus casas.