Poco más de un año atrás nació el estudio jurídico AML Defensa de Mujeres; como socias fundadoras iniciamos este proyecto al calor del auge del movimiento feminista y, en particular, de las movilizaciones contra la violencia de género en todas sus expresiones, sexual, física, psicológica, económica y estatal. El proyecto nace porque el movimiento feminista destapa que las mujeres, al pasar por tribunales y denunciar violencia de género, buscando resguardo en la justicia estatal, viven absolutamente lo opuesto a lo que deberían vivir. Terminan siendo revictimizadas, cuestionadas y culpabilizadas por los mismos operadores de justicia cuyo mandato es prevenir y erradicar esta violencia específica.

Actualmente en el sistema judicial existe un circuito de impunidad que permite que el agresor de las mujeres, no solo pueda volver a agredirla, sino que instrumentaliza la vía judicial para seguir dañando a la mujer, por el sólo hecho de serlo. Además si es madre, busca cuestionarla en su calidad de tal, quitándole a sus hijos o rehusándose a pagar la pensión de alimentos. Una forma perversa de disciplinamiento a mujeres víctimas de violencia de género. En estos casos, la violencia institucional que reproduce estereotipos y roles de género por parte de los operadores de justicia, terminan facilitando esa instrumentalización del derecho que perpetúa el circuito de violencia.

El poder judicial ha replicado constantemente los roles y estereotipos de género, basando sus sentencias en la imposición cultural y social de cómo debe ser la mujer en la sociedad; y peor, cómo debe ser una mujer víctima en la justicia. Por todo esto, la mujer siempre es vista en un rol de postergación, sacrificial, de subordinación y mayor explotación, y con ello envuelta en dinámicas de dependencia al agresor que el Estado termina legitimando, eso es lo que el movimiento feminista, acertadamente, llama justicia patriarcal.

Se puede ver en distintos casos incluso de renombre mundial, como lo fue La Manada o el caso de Lucía Pérez en Argentina. En Chile, vimos esta justicia en el caso de Nabila Rifo, y las constantes vulneraciones a su privacidad y un injusto y constante cuestionamiento a su comportamiento sexual, como si fuera justificación de algo. Esos casos que salieron a la luz, son la realidad invisibilizada de la mayoría de las mujeres que buscan acceso a la justicia.

En resumen, el Colectivo Las Tesis no lo pudo sintetizar mejor, la culpa no era de ellas, ni dónde estaban, ni cómo vestían; en una intervención en la que también se interpela directamente al poder judicial y a la violencia estatal. En este mismo sentido nació AML Defensa de Mujeres un año atrás, trasladando la lucha feminista al derecho al acceso a la justicia para las mujeres, gestando precedentes con perspectiva de género en tribunales porque nos rehusamos a renunciar a la justicia estatal, porque  todas tenemos derecho a gozar de igualdad material y formal ante la ley.

Sentencias como la del caso “El Tablón” en Linares, que partió con un primer dictamen desbordado de estereotipos de género, pudo “darse vuelta” en las otras instancias legales la aplicar la litigación con perspectiva de género, sentando un precedente en contra de la impunidad con que se trata a la violencia sexual. Pelear porque se cumpla la pensión de alimentos tiene como fin luchar contra la precarización a la que se ven expuestas las mujeres madres, al tener que cubrir solas todas las necesidades de sus hijos e hijas. Además busca que se reconozca el trabajo reproductivo y de cuidados, que no existe en la legislación vigente. Buscamos que los agresores dejen de encontrar en la justicia una nueva forma de dañar a sus víctimas. Buscamos que la justicia comprenda que si un hombre es capaz de atentar contra la vida de la mujer madre que es la cuidadora principal de sus hijos, jamás va a ser un buen padre.

Contamos con abogadas absolutamente preparadas en Derechos Humanos y Género, litigando en las diversas áreas del derecho, con el fin de que no se siga legitimando la desigualdad y la subordinación de las mujeres en en la sociedad y en los tribunales.