Corría el año 2011 y el filósofo camerunés Achille Mbembe acuñaba el concepto de “necropolítica” para designar la capacidad de los Estados contemporáneos de determinar quién debe vivir y quién debe morir, en función del aseguramiento de recursos. Este planteamiento se originó a partir de la observación de lo acontecido en las guerras africanas, en la franja de Gaza, en Guantánamo y en territorios despojados.

Corre el año 2019 y en Chile, el Presidente de la República ha emprendido una política sistemática de asedio a los derechos humanos. Desde el 18 de Octubre a la fecha, han sido múltiples las y los ciudadanos afectados por el accionar del aparato represivo, en la “crisis de derechos humanos más grande desde la dictadura”, según el Informe Anual del INDH 2019.

Las muertes, las torturas, las mutilaciones, las vejaciones sexuales se han vuelto una especie de escenografía de la cotidianeidad que es imposible normalizar. Sin embargo, lo que llama más la atención al respecto es la actitud del gobierno, que parece empecinado en negar las acusaciones de vulneración de derechos de organismos internacionales, relativizándolos, matizándolos o simplemente descalificándolos.

En este sentido, pareciera que las muertes civiles no fueran algo problemático, en tanto que puedan impactar en la imagen internacional del Presidente, una de sus mayores preocupaciones. El concepto de necropolítica adquiere sentido, en este nivel, pero no en el sentido de conquistar para asegurar recursos, sino que de reprimir para mantener el statu quo.

La vieja alusión a la gobernabilidad, establecida en los 90’ como consenso entre la derecha y la Concertación ha retornado como fantasma. El deseo de “retornar a la normalidad”, deponer las movilizaciones, parece un imperativo pre-ético y pre-político, una especie de necesidad vital de la población por encontrar cierto orden que desplace a cualquier demanda de transformación. Es el viejo ideal portaliano del orden como elemento constitutivo de la República y que de vez en cuando retorna para alimentar a los fantasmas del populismo penal.

Lo anterior puede observarse en los resultados de la Encuesta IPSOS 2019, donde si bien el apoyo a medidas de mano dura para resolver y gestionar el estallido social es de sólo un 8%, un 61% de los encuestados aprueba la declaración de toque de queda por parte del Presidente. Este resultado contrasta con el 67% de encuestados que indicaron que el estallido se debió a que “las personas se cansaron del costo de la vida, las alzas de precios, el nivel de los sueldos, la calidad de la salud, el monto de las pensiones, entre otros”. No debe sorprender esta conjunción entre demanda de orden y un cierto deseo de justicia social, ya que esta conjunción parece aparecer permanentemente en nuestra sociedad. Por mencionar sólo otro ejemplo: de las cinco instituciones mejor evaluadas por los chilenos, cuatro pertenecen a las FFAA, según la Encuesta Cadem del 13 de Diciembre.

Finalmente, da la impresión de que la terquedad del Presidente apunta no tanto a su interés por satisfacer al electorado duro, sino que predominantemente por resguardar a su propia clase social, a costa de muertes, torturas y montajes. El neoliberalismo degrada a la ética para terminar convirtiéndola en un mero péndulo electoral, en un instrumento de cálculo bursátil. Frente a ello, las apariciones y estridencias internacionales del Presidente no hacen más que poner en relieve su propia insensatez, su entendimiento de la política como un arte de atraer mercados mediante la manipulación y la mentira -¿cuántas veces ha repetido que las y los ciudadanos movilizados atacan hospitales? ¿con qué pruebas?-. Es la necropolítica, el desdén por el valor de la vida humana y el ensalzamiento de la desigualdad como un esquema inmóvil, que todos debemos aceptar para integrarnos finalmente al mercado.