Se cumplen más de dos meses desde que un número significativo de habitantes de Chile, se lanzó a las calles a protestar contra los abusos institucionalizados en la sociedad plurinacional en que vivimos. Esa manifestación de descontento, demanda, -entre otras cosas-, cambios sustantivos en:

Demandas objetivas

1). El sistema de pensiones 2). La cobertura-protección de salud pública 3). Educación de calidad, gratuita y movilidad 4). Acceso a servicios 5). Transporte público 6). Corrupción y abusos de poder 7). Medioambiente.

Demandas subjetivas

8). Nueva Constitución.

También el descontento social reclama por el respeto a los Derechos Humanos (DDHH), entre los que se destacan, la libertad de expresión, de opinión, de reunión, de asociación, libre circulación y por, sobre todo, a la vida, la libertad y seguridad. Todos ellos nuevamente violados en forma masiva e impune por las Fuerzas de Orden (Carabineros de Chile) y las Fuerzas Armadas amparados por el Ministerio del Interior.

Este verdadero terremoto social y político, ha sacudido al Estado afectando lo que llaman la gobernabilidad del país (entiéndase domesticación mostrada por los sectores hoy en movimiento). Pero la intensidad de este evento telúrico-social no parece afectar a los sectores en el poder-gobierno, al punto de derrumbarles del todo sus convicciones y los pilares ideológicos que dan soporte al modelo económico que instalaron en el país durante la dictadura y consolidaron durante la democracia electoral que la sustituyó.

Hasta ahora la respuesta de emergencia a esta sacudida por parte de la élite gobernante, además de la represión, ha sido la llamada “Agenda Social”^[1]. Fuera de las apuestas políticas huelga reconocer que la reputación del modelo económico chileno y de Chile como ejemplo exitoso del libre mercado neoliberal, se dañó para siempre en la comunidad internacional, y en el país mismo no podrá operar nunca más con la misma impunidad y desvergüenza que ostentó los años anteriores.

Otro impacto de las movilizaciones en la política estatonacional, es que abre un escenario inesperado para la convivencia sociopolítica del futuro, que deseamos y aspiramos se dé en mejores condiciones que en el presente. Nos referimos a la instalación de la idea de “nuevo” pacto político-social llamado “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”, cuya expectativa y demanda ciudadana supone la construcción participativa de una Carta Fundamental (incluyente de las minorías) que sepulte a la constitución presente y el legado de la Dictadura.

Mas sobre esto último, como resultado de las protestas, los grupos de poder en el terreno de la política, han rendido a regañadientes una bandera de lucha que sostuvieron desde la dictadura misma y hasta nuestros días: la Constitución de 1980 remozada por el presidente Ricardo Lagos en el 2005. Dicho instrumento está en el sustrato del poder que ostentan, desarrollan y del que han hecho gala. Y aunque hoy la misma se mira como un texto desprestigiado y debilitado en términos de adherencia fanática, sigue representando la fortaleza de la cual se agarran y con la que defienden el estatus quo, las élites en el poder.

El Acuerdo por la Paz y nueva Constitución resumida antes, no debe ser interpretado de ningún modo como una victoria total de los y las oponentes al gobierno (lo decíamos antes). Es más, esa propuesta, considerando las observaciones anotadas en paréntesis (tomadas del análisis de algunos/as cientistas sociales), no ha tenido una recepción favorable en “el movimiento”, de modo que lo que algunos/as militantes de fuerzas políticas opositoras al poder-gobierno esperaban fuera una celebración, ha tomado la apariencia de una congoja fúnebre. Sobre todo, porque ha habido renuncia de militantes a partidos en que líderes a título personal firmaron dicho acuerdo, y partidos políticos que se sintieron traicionados por ese acuerdo dentro de una alianza política terminaron dejando la alianza. De ese modo, los que rendían una posición defendida por décadas, ganaban en la división y debilitamiento de sus oponentes; mientras los que ganaban arrancándole el compromiso de cambiar la Constitución a los primeros, perdían en unidad, coherencia ideológica y fuerza para enfrentar a sus rivales. Y, qué decir, pérdida de reconocimiento-simpatías de parte “del movimiento”.

La crítica al acuerdo que ha levantado la mesa de Unidad Social constituida por organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y sindicatos, sostiene que dicho arreglo ha sido fraguado a espaldas “del movimiento”

Se desprende de esta crítica, que al menos parte “del movimiento” apuesta a un proceso constituyente que prescinda de los políticos, validándolo por sí mismo en cabildos o asambleas populares auto-convocados para hacer una nueva Constitución desde allí o desde abajo hacia arriba, y por el mismo movimiento. La consulta que han llevado a cabo ahora a mitad de diciembre múltiples municipios del país, se inscribe en esa perspectiva.

En consecuencia, este mecanismo de democracia directa se contrapone a las voluntades de la élite gobernante, que con total ceguera política reivindica su poder de representación, argumentando que deben resguardar el orden institucional (y omiten que en el fondo no desean perder sus privilegios) y se escudan en que dichas materias no estaban en el “Acuerdo Original”, negando las posibles salidas a una de las crisis sociales más significativas que hemos tenido en las últimas décadas, lo que podría exacerbar esta revuelta social y acrecentar las violaciones a los derechos humanos.

El 19 de diciembre de 2019, a través del oficio Nº15.242 enviado a S.E el Presidente del Senado, La Cámara de Diputados “aprueba el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos indígenas en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República”. De esta resolución, nace un problema o un dilema que no puede ser sino motivo de preocupación para nuestra gente y los miembros de otros pueblos indígenas.

No es misterio para nadie decir que la “sociedad” estatonacional está dividida, y hoy más que nunca requiere una mínima cohesión ante la comunidad política. En esa sociedad, a la tradicional división política entre izquierdas, derechas y otros (transformadores, conservadores, progresistas), hoy agregamos la gran división entre el Estado, de una parte, y la nación de otra.

Pero a las divisiones tampoco se escapan los/as mapuche.

Sin duda, hay mapuche a favor de no cambiar la Constitución actual (en consecuencia, de no cambiar el modelo político, social y económico), pasando por otros que sí la quieren cambiar. Dentro de estos últimos hay quienes no discuten la forma en que se quiere hacer, tomando por garantía lo ya propuesto en el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución antes mencionado; mientras otros creen que no hay condiciones en ese acuerdo para la participación de los/as mapuche, proponiendo que deben haber escaños reservados para los pueblos indígenas u otras condiciones discutibles. También hay quienes se encuentran poco preocupados/as por esas discusiones, porque intentan aprovechar la debilidad del Estado para autodeterminarse (a río revuelto…), sin darle cuentas a nadie y valiéndose de una -de las tantas posibles- interpretación del derecho internacional, sin consideraciones a la política entendida como relaciones de poder/fuerza.

Luego de analizar varias propuestas y a partir de la pregunta por pertenencia étnica en las bases de datos del censo 2017^[2] es que se propone tabla respecto al número de constituyentes indígenas de un total de 155 miembros (ver texto completo). Se concluye que apelando al criterio censal la representación indígena se pierde y no otorga escaños a los 9 pueblos indígenas reconocidos por la ley 19253 (ley indígena). Otro problema no menos sería el procedimiento de elección de estos/as constituyentes.

En este manifiesto (ver texto completo) no intentamos dar recetas o fórmulas, más bien esperamos entregar elementos que ayuden al/la lector/a (que suponemos integrantes de nuestro grupo de pertenencia: los/las mapuche y otros pueblos indígenas), a descubrir sus propias inclinaciones y tomar sus propias decisiones. Nosotros/as solo deseamos poner a usted, lector/a, frente a posibilidades u opciones de salida frente al futuro proceso constituyente. Aquellas que se evidencian con mayor nitidez, entre tantas otras, a manera de posibles caminos a transitar, sin que nadie asegure a nadie llegar a finales felices. Y hacer eso nos obliga a confrontarnos a nosotros/as mismos/as como sociedad política. A revelarnos de igual modo, algunas verdades (a veces incómodas) desde las cuales podamos contribuir a crear-fundamentar nuestras apuestas políticas.

Una de esas verdades que hay que someter a escrutinio en estos días-, es que nadie puede arrogarse para sí, ni persona ni organización, ser la “voz” del “pueblo mapuche”. Esto es, transformarse a sí mismo/a como el/a vocero/a de una entelequia que le habría dado la representación. A diferencia de otras naciones en que de común se ha medido el apoyo de los líderes en eventos democráticos y masivos (recordemos los plebiscitos quebequenses en Canadá, escoceses en UK, o catalanes en España), eso no ha ocurrido hasta ahora entre los/as mapuche, de manera que la apelación al pueblo como si el pueblo estuviera detrás del que hace el discurso es solo retórica. Hoy nos encontramos entonces ante la oportunidad de solidificar esos respaldos a las posiciones que defiende cada cual en una votación por elegir delegados/as a la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente (cualquiera que se imponga). Y ese momento es significativo no sólo para participar de ese proceso, sino también para avanzar en solidificar liderazgos nacionales dentro de la sociedad mapuche.

En términos de ideales, la Asamblea Constituyente es lo que más se acerca a la idea genuina de lo que es un proceso constituyente desde abajo hacia arriba, toda vez que en el derecho son las personas las que preceden al Estado (el Estado es su artefacto) y, en consecuencia, como creadores/as, son los/as que cuando quieran lo pueden cambiar/modificar. Pero, al mismo tiempo, en política las cosas están gobernadas por la fuerza o mejor aún el poder. Quienes tienen más poder que otros, les imponen a los/as otros/as las formas y modalidades, y en esta coyuntura política aun los que están en el Estado-poder (especialmente los que están en el poder-gobierno) tienen suficiente fuerza para imponer sus preferencias (los militares y las fuerzas represivas que desequilibran la balanza están de su lado).

Por ahora la historia sigue abierta, todo cambia muy rápidamente. En los próximos meses se definirá con claridad una de estas dos opciones; asamblea o convención. En ese momento, opinaremos sobre los contenidos a defender ofreciendo argumentos a quienes nos representen en la institución constituyente que prevalezca. Lo que aconsejamos en todo caso es participar, participar, participar y seguir participando. Este es un momento histórico en el Estado al cual por voluntad o sumisión estamos vinculados, y el futuro de nuestro pueblo/nación, así como de las generaciones por venir, van a estar afectados/as por las decisiones que se tomen en esta coyuntura, y ante eso no se puede ser indiferente, ni dejar esos asuntos en manos de otros, particularmente de aquellos que nos han dominado políticamente hasta ahora.

Ver o descargar manifiesto completo en el siguiente link.

Notas.

1. De acuerdo a lo señalado por una encuesta realizado por Espacio Público en el año 2017, un 74% de la población señala que la pensión recibida no alcanza para satisfacer sus necesidades. Mayores antecedentes en https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2017/05/Doc-Ref-N%C2%B036-Pensiones-v2.pdf
2. Con seguridad al momento de ser publicado este texto estas cifras habrán aumentado.

[1] Mayores antecedentes sobre la Agenda Social, en https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=123766

[2] http://www.censo2017.cl/microdatos/