Desde el estallido del 18 de octubre, una de las demandas que se ha leído en las murallas y en las pancartas de muchos manifestantes es darle término al Servicio Nacional de Menores (Sename). Si bien esta petición ha sido impulsada desde hace años por las organizaciones que trabajan promoviendo los derechos de la infancia, durante estos dos últimos dos meses se ha reforzado. Sobre todo porque buscan el cierre de esta llamada “cárcel de niños” para así dar paso a una verdadera institucionalidad que brinde protección integral a los jóvenes bajo la tutela del Estado.

Pese a este emplazamiento que le ha hecho el mundo social al gobierno y a las autoridades competentes, como la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, la demanda ha sido totalmente desoída por el presidente Sebastián Piñera, quien en ninguna de sus cadenas nacionales ha incorporado ni este ni otros temas relacionados a la agenda de infancia. Así, el eslogan de “los niños primeros” ha quedado en entredicho, considerando también que su cuestionada “agenda de seguridad”, presentada el 7 de noviembre pasado, y el aumento significativo de funcionarios policiales, ha generado el efecto contrario.

Esto último queda reflejado en algunos datos recogidos por la la Defensoría de la Niñez: entre el 18 de octubre y el 2 de diciembre ha recibido 19 denuncias de niños, niñas y adolescentes relacionadas al uso de lacrimógenas lanzadas por Carabineros, generándoles graves lesiones. Mientras que, hasta el 27 de noviembre, recibieron 374 denuncias por uso excesivo de la fuerza policial.

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Muñoz también ha destacado el mensaje que se lee con frecuencia en las protestas: “El Sename colapsó mucho antes que el Metro”, señaló en un foro la semana pasada. La muestra de ese colapso son los jóvenes fallecidos en las residencia, que entre 2005 y 2016 alcanzaron los 1.313 casos y, entre enero y marzo de este año, contabilizaban 32 muertes, de acuerdo a datos entregados por el Ministerio de Justicia a la comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Así también, el colapso de las residencias y la falta de profesionales especializados ha sido un tema ampliamente abordado por los trabajadores de los distintos centros del servicio.

Los datos suman y siguen. Este año se conoció un informe elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras  investigar 140 hogares, en los que se constató 2.071 casos de violencia y maltratos graves; de ellos, 310 correspondían a agresiones de connotación sexual, según información que dio a conocer Ciper.

Bajo este escenario, y desde el inicio del estallido, se ha conformado la Coordinadora “Inse Chile” integrada por profesionales y voluntarios independientes quienes han realizado una serie de intervenciones y velatones denunciado la precariedad de Sename. A través de declaraciones públicas, han convocado a movilizaciones en todas las regiones del país manifestando que continuarán con este tipo de acciones pacíficas hasta “tener evidencia empírica de que el Estado esté tomando medidas concretas que ofrezcan mejoras sustanciales del sistema que evite el abuso sexual infantil, torturas y todo lo que atente contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”. Por ahora, ha sido un tema olvidado de los discursos y anuncios de La Moneda.

Otro aspecto rechazado por Coordinadora fue que las Consulta Ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) omitiera las alertas que han hecho en materia de infancia. Sostuvieron que nuevamente este tema fue postergado por las autoridades locales, lo mismo que ha ocurrido en los discursos presidenciales. “Este organismo es culpable de violaciones sistemáticas (…) Es nuestro deber promover la protección de derechos de nuestros niños y, en especial, terminar con el infierno del Sename”, expresaron el 17 de diciembre pasado, a los pocos días de finalizado este proceso municipal.

Todo esto coincide, a la vez, con los antecedentes revelados por la cuenta de Anonymous en Twitter, que hace algunos días anunció que hackearía la base de datos de Sename. Este lunes finalmente publicó cifras sobre las situaciones de posibles vulneraciones registrados en las residencias regionales, la denuncias efectuadas, además de las condiciones médicas de los jóvenes residentes a nivel nacional. Esto último basado en datos de la PDI obtenidos en 2018.

No es prioridad

El sábado pasado un grupo de activistas por los derechos humanos de la infancia hizo una intervención frente a la Corte Suprema exigiendo verdad, justicia y reparación por los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia por parte del Estado.

Cecilia Deserafino, presidenta de la ONG Nueva Generación, explica a El Desconcierto que esta actividad se realizó en el marco de la conmemoración por los 30 años de la mención de los Derechos de los Niños, algo que no se ha aplicado a cabalidad, además, de exigir justicia por los niños fallecidos en los centros de Sename. “Este servicio no funciona como un código de garantía de protección de los niños. Por ahora solo estamos sujetos a la Convención y no a leyes del Estado porque todavía no hay una ley Integral [actualmente se está tramitando en el Senado]. Estamos presionando porque se requiere de una ley con la que se pueda sancionar en casos de abusos, redes de pedofolia y redes de explotación infantil”, precisa la psicopedagoga.

En este punto también coincide Nury Gajardo, integrante de la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ), quien además agrega que casi no existen programas de promoción de derechos de la niñez en el país; más bien la línea de las políticas públicas han sido reactivas, dando respuesta a los problemas que ya están. En ese sentido, cree que los distintos gobiernos han entendido la infancia como un “problema” y se han enfocado fundamentalmente en Sename, lo que demuestra una visión bastante reduccionista de la agenda de infancia.

“El Estado debe cumplir primero con ámbito legal, pero la ley de Garantías por Protección integral, que ha pasado de gobierno en gobierno, no tiene urgencia. También, la derecha tiene una gran preocupación que esta ley podría impactar en la familia y, si bien entendemos que también los padres y madres también tienen responsabilidad, los niños no son nuestros”, advierte Gajardo. A esto suma un tercer punto que sería avanzar en otorgarle mayores atribuciones a la Defensoría de la Niñez considerando la relevancia que ha tomado desde que inició su trabajo en 2018.

Su análisis, en tanto, de lo que hasta ahora ha hecho el gobierno de Piñera es un intento por hacer mesas técnicas, con un estilo tripartito: integrada por colaboradores, sociedad civil y Ministerio de Desarrollo Social. Pese a esto, plantea que aún se seguiría descuidado el trabajo territorial ante la sobredemanda de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), encargadas también de hacer informes a los tribunales de justicia. 

“El sistema de protección local también es complejo porque existen programas de Sename que abarcan más de una comuna, pero cuando se revisa en detalle no hay un desarrollo territorial real. Se hace un seguimiento de los niños, pero termina siendo un trabajo focalizado. Lamentablemente, más bien hay un retroceso en derechos de la infancia cuando hay más institucionalidad que nunca”, cierra Gajardo.