La participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso constituyente no ha sido considerada todavía con la importancia que merece. Se trata de una oportunidad tan importante para fortalecer nuestra democracia como la paridad de género y la participación indígena. La potente influencia adolescente en la agenda pública demuestra que ya se han hecho parte de la comunidad política. Lo que no han existido son las estructuras institucionales capaces de vincular esa participación con la toma de decisiones.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a ser oído, ilumina el camino para construirlas. Al ratificarla en 1990, el Estado se comprometió a tomar debidamente en cuenta las opiniones de la niñez y la adolescencia en aquellos temas que les conciernen y afectan. Considerar sus voces, de acuerdo a su autonomía progresiva, juega un rol protector de sus derechos, pues favorece el empoderamiento y el aprendizaje de la responsabilidad.
Con todo, no podemos olvidar que las instituciones políticas están organizadas desde y para el mundo adulto. Por lo mismo la discusión no parte ni termina en el voto. Sería conveniente entonces habilitar espacios que les permitan participar de modo significativo en el proceso constituyente, de acuerdo a sus propios términos e intereses, sin quedar subordinados a las relaciones adultas de poder.
No hay mejor forma de fortalecer la democracia que ejerciéndola. Por eso la participación infanto-adolescente en la elaboración de una nueva Constitución se vuelve tan importante para la sociedad en su conjunto. Es una oportunidad para que las nuevas generaciones se formen en el ejercicio y la valoración de la cultura democrática que a nuestra generación le ha costado tanto saber proteger.
