“Tu no sabes cuanto sufrí. ¿Por qué creís que llegué al punto de querer matarme esta semana? Porque toda esta mierda que sentía, todas esta suciedad…”. Son palabras de Antonia Barra, estudiante de 20 años de Temuco que fue presuntamente violada por Martín Pradenas en Pucón durante las Fiestas Patrias. Pocos días después de esta conversación que la joven mantuvo por teléfono con su ex pololo y que constituye una de las principales pruebas del caso, Antonia se suicidó. La investigación de su suicidio sigue su proceso, pero ahora ha trascendido que el denunciado presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco para exigir que se respete su presunción de inocencia y frenar los hostigamientos de los que dice ser víctima.

La familia, por su parte, ha contratado a un grupo profesional de investigadores independientes que ha recogido múltiples pruebas que ha puesto a disposición de la policía. “Estamos tranquilos con todo lo que hemos recabado; el tipo va a ser juzgado por violación y estamos trabajando con el tema de la amenaza, que fue lo que gatilló el suicidio de mi hija”, expresa Alejandro Barra, padre de la chica a El Desconcierto.

Para el progenitor, no hay duda de que el factor clave que habría provocado que su hija se quitara la vida fueron las amenazas que la mujer habría recibido de parte de Pradenas. Unas amenazas y comportamientos “agresivos” que, según el padre, habrían comenzado luego de que el hombre recibiera un audio de una conversación telefónica que ella mantuvo con su ex pololo, quien la registró para luego compartir ese audio por WhatsApp con otra mujer que, a su vez, se lo habría mandado al presunto agreso“El imputado, al escucharlo, llama a mi hija a las 10 y tanto de la noche y la amenaza con exponer sus fotos en internet. Ella se imagina que todo el mundo sabrá que la violaron, y además está aún con ese trauma. Él le dice que escuchó un audio y ella no entiende a qué audio se refiere porque su ex pareja nunca le dijo que la grabó duranta la conversación que mantuvieron. Con todo eso, ella se quiebra”, sostiene Alejandro Barra.

El caso de Antonia Barra es el último que se conoce bajo el concepto de suicidio femicida, que, según recoge la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en una de sus publicaciones, fue definido por la activista y doctora en Psicología Social Diana Rusell y su par Roberta Harmes como un suicidio cuya causa se encuentra en el único límite posible a la agresión recibida por sus convivientes, amantes, esposos, acosadores; como la “única salida” ante una muerte inminente. También se consideran dentro de esta categoría los casos de mujeres que se suicidan ante la impunidad, la revictimización y la negligencia de las instituciones encargadas de su protección.

Hasta el momento, Martín Pradenas no ha sido formalizado, aunque la familia ha señalado que, además del caso de Antonia, hay otras siete mujeres que lo han denunciado ante los tribunales por distintos tipos de agresiones ocurridas en los últimos nueve años. “En la primera que se conoce oficialmente los hechos ocurrieron cuando el tipo tenía 19 años y abusó de una niña de 16”, afirma Alejandro Barra, que ha consultados estos antecedentes en la carpeta investigativa. A la espera de que transcurran los 60 días que necesita la PDI para validar las pruebas, la familia Barra proyecta la formalización para mitad de enero.

La invisibilización "es muy violenta"

El registro de femicidios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres recoge otro sucidio femicida ocurrido en los últimos años. Se trata del caso de Antonia Garros, otra joven de 23 años de Concepción que la madrugada del 7 de febrero de 2017, en medio de una fuerte discusión con su pololo, se arrojó desde el décimotercer piso de un edificio.

Desde entonces, su madre, Consuelo Hermosilla, ha buscado justicia por todas las vías: trató de impulsar una ley para tipificar el suicidio femicida; creó una fundación para víctimas de violencia que hoy atiende gratis a 120 hombres y mujeres; promovió una moción para facilitar la denuncia por terceros y abrió en los tribunales tres procesos distintos por la muerte de su hija. Uno por homicidio, que terminó con el cierre de la investigación; otro, impulsado por el padre de la joven, Aldo Garros, para exigir una indemnización del Estado por la supuesta negligencia que habría cometido Carabineros al atender el caso; y un último por lesiones y agresiones perpetradas por Andrés Larraín los meses antes del suicidio. Sólo éste ha llegado a su fin con una condena al agresor de 61 días de presidio remitido.

“Todo lo que hicimos ha quedado en nada”, espeta Hermosilla. “Los políticos lanzan campañas y declaraciones en contra de la violencia hacia las mujeres, pero han pasado más de dos años y medio y el proyecto de Ley Antonia, que instaló la idea de la violencia en el pololeo y del suicidio femicida, ni siquiera se ha puesto en tabla para ser tratado”, lamenta la madre. También critica que la moción para que un tercero pueda denunciar situaciones de violencia de género y que una víctima no tenga que ratificar la denuncia, “tampoco se ha discutido, aunque habría sido muy relevante y habría permitido cambiar la historia de muchas mujeres”.

Hermosilla reivindica la necesidad de poner esos conceptos encima de la mesa porque su invisibilización “es muy violenta”. Y explica: “Lo más fácil cuando existe violencia psicológica es decir que la persona se suicidó y cerrar el caso”. Sin embargo, según ella, estos episodios “son más comunes de lo que una quisiera y provocan una frustración muy terrible en el entorno de las personas que pierden a alguien en esas circunstancias”.

Además de estos casos, el registro de la Red ha contabilizado hasta la fecha un total de 577 femicidios desde 2010, cuando se tipificó el femicidio como delito. A diferencia de las cifras gubernamentales, basadas en la definición de femicidio limitado al  ámbito de las relaciones íntimas de pareja, la organización sistematiza los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por hombres fuera de este vínculo. A poco de finalizar este año, ya son 61 las mujeres víctimas de femicidio en Chile.

Castigo femicida: daño y venganza

Hoy, hace 13 años, en diciembre de 2005, Javiera Neira Oportus, de 6 años, fue asesinada por su padre, Alfredo Cabrera Opazo, en medio de un episodio de violencia de género donde su mamá, Claudia Neira, fue víctima de femicidio frustrado y de castigo femicida; otro de los fenómenos asociados al femicidio. Por eso el día de hoy se conmemora el Día Contra el Femicidio.

En la publicación de la Red Chilena se establece que este tipo de castigo se refiere a personas "con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigarla o destruirla psicológicamente". El hombre mata o ataca a los hijos o hijas de la mujer con el fin de vengarse y dañarla. “Hasta ahora la justicia no ha avanzado para sancionar estos actos violentos y no existe ninguna norma en Chile que se aproxime (o que se vaya a aproximar en los siguientes años) a ese objetivo”, enfatiza Claudia Neira a El Desconcierto.

Claudia Neira es una de las fundadoras de la Coordinadora 19 de Diciembre que se creó hace poco más de un año para establecer el día de hoy como una jornada contra la violencia de género a nivel nacional. Para este jueves la organización ha programado distintas actividades en más de 50 territorios del país. En Santiago, desde las 17:30 habrá teatro, arte y exposiciones de ilustraciones en el Museo de la Memoria, así como un conversatorio con Las Tesis sobre el impacto de su propuesta político-artística.

Aunque dice que nada de lo que ocurra en torno a esta fecha la hará menos dolorosa, Neira ha dado una dura pelea para instalar relacionar el 19D con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, sus esfuerzos no siempre han sido reconocidos ni tomados en cuenta. El 20 diciembre de 2018 la diputada Loreto Carvajal (PPD) presentó un proyecto de ley al margen de la Coordinadora. Pese a que la iniciativa original sólo declaraba el 19 como Día nacional contra Femicidio, finalmente, la organización feminista consiguió incluir en el texto dos artículos: "uno para dignificar a las mujeres víctimas de femicidio, y otro que dice que los establecimientos educativos puedan conmemorar esa fecha", comenta la madre.

Para ella, la apuesta política pasa por elaborar un proyecto de ley integral que agrupe otros proyectos como la ley Antonia, la ley Gabriela (que tipifica como delito la violencia pololeo), y la ley Sophie, entre otras. Por ahora, ninguna de estas normas están aprobadas . La Ley por Una Vida Libre de Violencia, la única que logró prosperar, espera para ser revisada en la comisión especial de Mujeres del Senado, con decenas de indicaciones.

Y mientras las leyes se entrampan o, simplemente, descansan en los cajones del Congreso, los hombres siguen matando a las mujeres. Un prueba de ello son los dos nuevos femicidios que esta semana salieron a la luz.

Si eres víctima de violencia o conoces a alguna víctima y quieres informarte sobre qué hacer, llama al Fono Ayuda y Orientación 1455. La línea anónima atiende todos los días, las 24 horas. Gratuito también desde celulares. Además, acá puedes ver una guía sobre cómo y dónde realizar una denuncia