La última semana de noviembre se vio una fila de trabajadores afuera de la oficina de personal el Hospital de Carabineros (Hoscar), que está ubicado en Antonio Varas 2500, en la comuna de Ñuñoa. En el recinto hospitalario, que atiende a uniformados, era un secreto a voces que se vendrían desvinculaciones, lo que terminó por concretarse entre el miércoles 27 y el viernes 29 del mes pasado.

De acuerdo a lo comentado por funcionarios a El Desconcierto serían más de 150 funcionarios civiles que fueron despedidos de distintas áreas de salud, administración e informática, entre otras. Estos trabajadores se encontraban bajo la modalidad de Contrato por Resolución (CPR). Es decir, contratos que son anualmente renovados, pero que esta vez se dieron por terminados. En este hospital, en general, los directivos y jefaturas son cargos de uniformados y los equipos médicos y administrativos, en su mayoría, son ocupados por civiles.

Según una lista que hicieron llegar a este medio a solicitud de no hacerla pública, solo en el área de salud se registran 97 trabajadores despedidos. En el detalle: 11 enfermeras, seis matronas, 36 médicos y médicas, además de auxiliares dentales, de enfermería, coordinadores de ambulancias, administrativos, entre otros profesionales. En muchos casos se redujo el personal en un 50% y los profesionales han advertido sobre el cierro de servicios completos, incluso, sobre la interrupción de la posibilidad de mantener la continuidad de los servicios clínicos. Esto último, considerando que se despidió al único nefrólogo, así también al único kinesiólogo especialista en neurorehabilitación y dos cirujanos infantiles.

Si bien en años anteriores se ha puesto fin a este tipo de contratos, los trabajadores reconocen que los despidos no llegaban a esta magnitud. Además, la información que ha dado vueltas en el recinto hospitalario es que se trataría de una instrucción desde el Alto Mando que no dependería directamente de la dirección del Hoscar, a cargo del coronel Marcos Arévalo Aliaga. Los despidos han generado dudas entre los trabajadores porque advierten un posible recorte de financiamiento de funcionarios civiles para traspasarlo a la dotación de nuevos uniformados que han salido a la calle, en el contexto de la crisis social y las medidas que ha anunciado el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, estas son versiones extraoficiales.

Es a raíz de esto es que algunos parlamentarios de la oposición han solicitado que al Ministerio del Interior y, a su vez, a Carabineros, responder por la legalidad de las resoluciones exentas que se emitieron a los funcionarios y que establecen la no renovación de los contratos. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), supo de los casos a través de una profesional de salud, y este le remitió los datos a la cartera a cargo del ministro Gonzalo Blumel. A la vez, el diputado Leonardo Soto (PS) le solicitó formalmente, a través de un oficio, que ambas instancias respondan si esta fue una orden emanada de la dirección de Carabineros, al mando del general director Mario Rozas, y que aclaren por qué se argumentó que la Ley de Presupuesto 2020 restringiría los contratos de personal, cuando estos no se reducirían en cantidad, sino que, por el contrario, aumentarían en comparación con el presupuesto de este año.

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Advierten demandas laborales

Los trabajadores sostienen que se trata de despidos injustificados. La presidenta de la Asociación de Trabajadores del Hospital de Carabineros, Yasna Grandon, sostiene que habló con el encargado de la dirección de Salud, el general Luis Soto. “Me dijo que no tenía por qué meterme con ellos porque eran CPR, que me tenía que dedicar a [los trabajadores contratados por] Código del Trabajo, que eso se sabía porque se tenía que hacer supuestamente una ´limpieza´ en el hospital, que iban a sacar a los funcionarios que estaban recontratados, que estos son los que tienen su jubilación y que los recontratan. Que había funcionarios dentro del hospital que no sabían en qué momentos arreglaron sueldos tan altos. Le dije que sí, que debían dedicarse a eso. Pero que habían echado a muchos que no estaban en esas condiciones”, explica. Grandon también asegura que había casos de médicos que tenían doble contrato, a los cuales se les habría quitado el contrato de CPR.

Uno de los profesionales desvinculados que llevaba 30 años trabajando en el área de finanzas agrega que, al igual que varios de sus colegas, apeló a esta decisión. El 15 de diciembre próximo, la División Nacional de Personal les debe dar una respuesta sobre la posible recontratación. “Ese día firmamos la notificación y quedamos liberados de nuestro puesto (…) Yo tomé mis cosas y me vine (…) Por mi parte está más que evaluado que voy a presentar una demanda laboral”, indica.

El abogado que está asesorando a la Agrupación, Rodrigo Ojeda, señala que el problema de fondo es que este tipo de contratos son para funciones temporales, para cubrir falta de dotación en ciertas áreas en funciones determinadas. En este caso hay personas que llevan 20 años hasta 30 años contratados bajo esta modalidad. “Con esto, no tienen derecho a indemnización por años de servicios porque se entiende que es una especie de contrato a plazo por un año, que renuevan anualmente”, plantea.

De no existir una reconsideración por el jefe de servicio, Ojeda detalla que los escenarios que se abren son tres: acudir a la Contraloría, presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones o presentar una demanda ante juzgados laborales indicando que existe una relación laboral para optar al pago de años por servicio. En el fondo, enfatiza, es lo que ha pasado con los funcionarios a contrata que encubren una situación de fondo: no se les contrata de manera indefinida para no hacer estos pagos. “Se ha dicho, extraoficialmente, que se va a aumentar la planta, aunque eso no tiene mucho asidero porque el presupuesto anual no trae aumento de dotación. Está la posibilidad de que contraten personas a honorarios”, agrega Ojeda.

Los despidos no solo se dieron en esta institución ligada a Carabineros. También en centros de salud, en comisarías y distintas áreas administrativas de la institución policial. Es por eso que las cifras a nivel nacional, bajo cuerda advierte el abogado, sería de 300 funcionarios civiles despedidos, más allá del personal médico del Hoscar. Lo que va en línea de los despidos masivos que se han registrado en el sector público durante las últimas semanas, que según las cifras que maneja la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), llegarían a cerca de 800 casos. “Tenemos despidos en el Ministerio de Educación, de Justicia, área de Salud Pública, Ministerio del Interior, de Justicia, Agricultura, Indap, Ministerio de Transportes”, dice su presidente José Pérez.

[caption id="attachment_329345" align="alignnone" width="900"] /Hospital de Carabineros. Agencia UNO[/caption]

El Desconcierto consultó al Departamento de Comunicaciones de Carabineros sobre los motivos detrás de las desvinculaciones. Pero no hubo una respuesta de fondo.

"Informo a Usted que los contratos bajo la modalidad CPR (Contratado por Resolución) son anuales y expiran el 31 de diciembre de cada año y su renovación está sujeta a desempeño profesional, evaluación   y presupuesto institucional”, dijo Carabineros.

Para tener más detalles se contactó vía correo electrónico a la Dirección del Hospital de Carabineros solicitando hablar con el general Luis Soto Barrientos, de la Dirección de Salud, o con el Director del Hospital de Carabineros, Marcos Arévalo Aliaga. Esto, con el interés de consultarles si estaría considerado incorporar una nueva dotación de personal en los cargos que quedarían vacantes y si respondería a un recorte presupuestario de funcionarios civiles para financiar a nuevos uniformados, lo que fue comentado por los propios trabajadores, ante las medidas que ha dispuesto el Ejecutivo. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.