El canciller chileno, Teodoro Ribera, hizo alusión ayer al informe encargado por la alta comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el cual consignó que en Chile "se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos".

De acuerdo a lo que consigna La Tercera, el político estableció que "ninguno de los informes de organismos internacionales plantea que hayan habido violaciones graves y sistemáticas. Por eso tenemos que revisar los informes, ver las conclusiones, cómo mejorar procedimientos internos. Es un tema que no solo tiene interés en el gobierno, sino también en Carabineros de Chile, que es una institución fundamental para el resguardo del orden público".

"De una vez por todas, no podemos estar preocupados de informes más e informes menos. Llevamos cuatro informes, por tanto, lo que al país le interesa es volver a la normalidad, con respeto a los derechos fundamentales", dijo el ministro Ribera.

"Al Gobierno de Chile le interesa primero el orden público y el resguardo de los derechos fundamentales (...) ya van cuatro informes, creo que llegó el momento de trabajar profundamente en Chile por restablecer la tranquilidad", explicó el titular de Relaciones Exteriores, haciendo alusión a los documentos con que otros organismos internacionales han denunciado las violaciones a los derechos humanos en el país, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Lo que procede hoy día es revisar el informe, ver si hay observaciones al mismo, pero principalmente creo que nos corresponde como país es, primero, si hay algunas recomendaciones que sean prudentes y adecuadas, absolutamente tomarlas", anunció el ministro.

"Y las que no son prudentes ni adecuadas, y simplemente exceden el ámbito de la comisión, sencillamente tenemos que dejarlas de lado", concluyó Ribera.

Por su parte, el Gobierno de Chile agradeció las "orientaciones y recomendaciones" de la ONU, pero se ha defendido de algunas de las principales críticas, negando las "ejecuciones extrajudiciales" durante las manifestaciones, señalándole a Bachelet que debe "validar" todas sus fuentes.

“Es un informe muy largo que además tiene aseveraciones que no son propias de la Alta Comisionada, sino son expresiones formuladas por terceros, expresadas en términos como habrían, podrían, se señala que. No se hace cargo que necesariamente eso es verdad.  Lo relevante las conclusiones y las recomendaciones”, dijo Ribera respecto a este último punto.