El viernes 6 de diciembre fue ingresado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el documento “Amicus Curiae sobre criminalización de personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente”, que apunta a entregar antecedentes respecto a los estándares internacionales de derechos humanos que se deben aplicar en el caso del lonko Alberto Curamil, imputado por el caso del asalto a la Caja de Compensación Los Héroes de Galvarino en abril de 2018.

El Centro para la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Earth Rights International, la Fundación Goldman Environmental, el ex relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente, John Knox,  y la ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dinah Shelton, colaboraron en la redacción del documento, que también se refiere a la necesidad de promover garantías para defensoras y defensores ambientales a fin de que puedan llevar a cabo su trabajo en defensa del ambiente de manera libre y sin persecución.

El texto jurídico apunta a la manipulación y abuso del proceso penal que existe en América Latina, específicamente en la persecución de defensores y defensoras del medio ambiente. Une abuso que se grafica, por ejemplo, en la utilización de la prisión preventiva como mecanismo para amedrentar y silenciar. Los autores citan el derecho internacional, la jurisprudencia existente, las obligaciones internacionales que ha suscrito Chile en la materia y el deber del Poder Judicial para emplear los más altos niveles de escrutinio, para evitar la criminalización y prevenir violaciones a los derechos humanos.

“El caso de Alberto Curamil es altamente preocupante. Es un reconocido líder indígena y activista ambiental que ha sido encarcelado por más de un año en un proceso jurídico que manifiesta un claro patrón de criminalización”, dice la activista de derechos humanos y ambiente y fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Romina Picolotti. “El abuso del proceso penal como represalia en contra de defensoras y defensores ambientales no solamente afecta a los activistas procesados, también erosiona la democracia y deslegitima al Poder Judicial”, agrega.

Por su parte, María Noel Leoni, directora del Programa de Cono Sur del CEJIL, asegura que “Chile tiene una deuda pendiente con la comunidad mapuche, manifestada en numerosos casos de criminalización. En el caso de Curamil, es extremadamente importante que el Poder Judicial opere con el más alto nivel de cumplimiento con el derecho internacional respecto a defensoras y defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas”.

Denuncia anónima y amenazas

El Amicus Curiae da cuenta de situaciones del proceso que llamaron la atención de los expertos, como la audiencia reservada del 13 de agosto de 2018 en la que el Fiscal de Lautaro solicitó ante el Juzgado de Garantía la autorización de diligencias contra el lonko y la posterior orden de registro e incautación en su domicilio.

El documento también menciona la denuncia anónima recibida por el Ministerio del Interior, ocurrida un día después del asalto, que menciona a Curamil como uno de los participantes. Esta denuncia, además de ser imposible verificar quién fue su autor, no fue incluida en la audiencia de control de detención de Curamil, lo que en juicio de los expertos “obstaculiza el ejercicio del derecho a la defensa y violenta el debido proceso”.

Otro punto sobre el que se enfatiza tiene relación con una serie de hostigamientos y amenazas que ha sufrido la familia de Curamil desde el inicio  del proceso. Su esposa, Isabel Cañio, denunció que funcionarios de la PDI ingresaron a su hogar en enero de 2019 sin orden judicial. Vecinos del lof Radalko también han advertido la presencia de vehículos no identificados que permanentemente hacen vigilancia a la familia de Curamil.

Según afirma la familia, la misma PDI fue a la escuela donde estudia el hijo de 8 años de Alberto Curamil, donde le preguntaron a él y sus profesores sobre sus padres.

Desde el pasado 13 de noviembre se celebra en Temuco el juicio oral en contra de Víctor Llanquileo, José Cáceres, Álvaro Millalén y Alberto Curamil, los cuatro imputados en la causa por el asalto en Galvarino. El Ministerio Público ya terminó de rendir toda la prueba y a partir del martes, será la defensa la que presentará sus testigos ante los jueces. Se espera que el juicio finalice a fines de la próxima semana.

Alberto Curamil es lonko del lof Radalko y dirigente de la Alianza Territorial Mapuche, quien fue arrestado en agosto de 2018 por el asalto a la Caja de Compensación Los Héroes de Galvarino, ocurrido en abril de ese mismo año. En marzo de 2019, fue galardonado con el Premio Goldman -conocido como el “Nobel Verde”- por su labor en defensa del río Cautín ante dos proyectos hidroeléctricos.