Este miércoles el fiscal nacional, Jorge Abbott, respondió a las declaraciones hechas por personeros de gobierno y parlamentarios del oficialismo.

"Desgraciadamente vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar", señaló Abbott en conversación con radio Cooperativa.

Sus dichos se enmarcan en un contexto donde el subsecretario Rodrigo Ubilla señaló que "muchas veces la Fiscalía no nos acompaña y básicamente los detenidos quedan rápidamente en libertad, ni siquiera van a controles". A ello se agrega, además, los mensajes publicados por el senador UDI Iván Moreira, quien en su cuenta en Twitter escribió:  "Fiscal nacional Abbott renuncie por su 'inoperancia' ha tenido incapacidad para afrontar esta crisis al no impedir que los violentistas y saqueadores vayan a la cárcel. No podemos tener un fiscal sentado detrás del escritorio".

Desde el estallido social, según contó el fiscal, y hasta el 22 de noviembre, como fiscalía han pasado a control de detención a más de 30 mil personas, se han formalizado a más de 20 mil y existen más de 2 mil personas en prisión preventiva. 

"Algunas afirmaciones que parten de una ignorancia realmente increíble: un senador de la República me decía 'los fiscales tienen que estar en el sitio del suceso para ordenar las detenciones'; eso es no entender nada cómo funciona el sistema. Los fiscales actuamos una vez que se ha cometido el delito y llegamos al sitio (...) que ya se encuentra aislado por las policías (...) buscando pistas o algún antecedente. Se está hablando desde la más ignorancia absoluta", dijo Abbott.

Respecto a la forma en la que han llevado el trabajo durante el estallido, el fiscal nacional señaló que fue en 20 de octubre que se entregaron instrucciones (dos días después de iniciada la revuelta): "dimos las instrucciones y luego las ampliamos, donde fijamos criterios de actuación obligatorios para todos los fiscales, en términos de ser muy rigurosos en pedir prisión preventiva respecto a quienes tienen antecedentes anterior, no terminar las causas en la primera audiencia, en las suspensiones condicionales tener la prevención de consultar con los querellantes", explicó.

En esa línea, hizo la distinción entre las investigaciones que sigan la línea de indagar en quienes coordinaron, organizaron y llevaron a cabo saqueos ("por cierto que el Ministerio Público, ya establecida su identidad, va a buscar la mayor de las sanciones", dijo), y quienes se aprovecharon de la oportunidad: "respecto de aquellas personas que ingresaron una vez que el supermercado ya abierto y sustrajeron algunas especies, no nos pidan las penas del infierno. Negar salidas alternativas a esas personas y otorgárselas a otras se está generando la promesa casi autocumplida del nuevo sistema procesal penal, que va a ser una máquina de moler carne de gente pobre, cosa que no estamos dispuestos a tolerar", explicó la autoridad.

En lo relativo a las declaraciones sobre las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, precisó que para sostener tal afirmación es preciso que se terminen las indagatorias. Por lo tanto, agregó, "hacerla a esta altura es una enorme irresponsabilidad".

"Ha sido un tema complejo. Hasta el 22 de noviembre teníamos 2.670 denuncias de violaciones de derechos fundamentales, estamos llevando las investigaciones, hemos encontrado en la mayoría de ellas cooperación por parte de las policías y el Ejército. Nos ha preocupado desde el primer día el uso de armamento que ha derivado en daños en los ojos; hemos sido extraordinariamente proactivos en buscar a las víctimas de estos delitos, hemos estado recorriendo hospitales", detalló.