El lugar común dice que “hay que condenar la violencia venga de donde venga”.  Se repite para responsabilizar únicamente al discursito “rebelde”, dicho por vejitos que creen ser muy revolucionarios, de lo que está pasando en las calles. A esto se suma otro lugar común que nos cuenta que “Carabineros está sobrepasado”, “agotado”, para que nos pongamos tristes y nos compadezcamos de una policía que no solo no ha hecho su trabajo, sino que ha hecho todo lo que no debe hacer.

Negar los saqueos, los incendios y la destrucción en general sería muy torpe. Hay todo eso y cada vez más. Negar el colapso de los que deberían asegurar seguridad sería taparse la cara ante lo evidente. Pero es responsabilidad de una institución que se está desmoronando frente a nosotros hace bastante rato. ¿La razón? La de siempre: no se la quiso reformar. No se quiso entrar en sus pasillos para no hurgar en la podredumbre ideológica que circulaba por estos hace bastantes años. Era mejor dejarla funcionar, descabezar altos mandos, pero nunca intervenir. Nunca preguntarse por la basura acumulada.

Esto, claro está, no es un problema solamente de este gobierno. Desde comienzos de la transición, casi como un mantra, las autoridades repetían que los “amigos en nuestro camino” eran los más respetados, los más queridos, aunque, en el fondo, eran los más temidos. Muchas encuestas nos contaban lo felices que estábamos con los hombres de verde, nuestros “guardianes”, sin que realmente lo sintiéramos. Era algo que debíamos decirnos para convencernos de que todo lo que había pasado en dictadura se había solucionado, rápidamente, solo con Aylwin recibiendo la banda presidencial de manos del dictador.

Conocida la violencia ejercida en La Araucanía, las muertes y los casos de corrupción de carácter institucional, ni un solo gobierno, ni siquiera los que decían tener un relato más “progresista”, hizo algo al respecto. Bachelet pudo haber hecho grandes cambios cuando explotó en su administración el caso “Huracán”, pero parece que, aunque quisiera cuestionar ciertos paradigmas establecidos en Chile, meterse con Carabineros no era viable políticamente. Era ir más lejos de lo que realmente se quería ir.

Cuando volvió a La Moneda Sebastián Piñera, luego de una campaña repleta de alardes de una grandeza que le quedaba enorme, los gestos vistosos se tomaron la agenda política. Las mesas de “acuerdos nacionales” nos mostraban un gobierno que quería volver a las lógicas transicionales donde se habló mucho, pero no se hizo nada. Todos los consensos a los que llamaba el Presidente casi de manera agotadora, iban direccionados a lo que él quería. Debatir sobre la existencia de las mesas, o sobre la motivación ideológica de estas, era ser antipatriota. Discutir el trabajo policial era peligroso. Era atentar contra la democracia.

En cambio, ¿qué se hizo? Se Empoderó a quienes estaban viciados. Se los armó más aún con un show comunicacional llamado “Comando Jungla”, para luego, una vez muerto Camilo Catrillanca, desdecirse y poner énfasis en que nunca dijeron lo que sabemos que dijeron; que nunca se le dio un cheque en blanco a quienes había que intervenir. Pero sabemos que no es así. Tenemos más que claro que, desde que volvió la derecha a Palacio, la policía uniformada chilena fue respaldada sin condiciones por Chadwick y Piñera.

¿Cuál fue el resultado? Las atrocidades que hemos visto estos días. El gobierno, renunciando a hacer política, no ha dado su brazo a torcer respecto de Carabineros, insistiendo obstinadamente en que la única manera de volver a la “paz social” es darle un apoyo político a quienes urge reformar. A quienes hoy tienen acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos.

Pero esto último parece no importar para quienes nos gobiernan. Andan preocupados de si los informes en la materia dicen si las acciones son sistemáticas o no. Si no hablan de un carácter sistemático, curiosamente descansan, se relajan, como si en democracia se tuviera que esperar a que suceda algo así para condenar categóricamente que haya personas muertas y ciegas producto de la acción policial.

Por todo lo dicho, parece importante decir que Carabineros no da ni una sola garantía de orden público hoy en día. Por más que para algunos esto suene atroz y casi espantosamente irresponsable, la real responsabilidad está en hacerse cargo de qué tipo de institución es la llamada a respetar los derechos de todos los manifestantes, trabajadores y personas en general, y bajo qué parámetros morales y éticos está haciendo todo lo contrario.