Los casos de violenta represión, con niños y niñas heridos por el actuar de la policía, los más de 200 casos de personas que perdieron parte de su visión por perdigones, el nombre de Gustavo Gatica, los muertos durante el toque de queda, los quemados en Kayser, que se supo semanas después que al menos uno tenía perforaciones de proyectiles en su tórax, las denuncias de violaciones y torturas en las Comisarías, los videos que día tras día circulan por redes sociales de la bestialidad policial, todo esto parecerían ser antecedentes suficientes para decir que en Chile se han violado sistemáticamente los Derechos Humanos al calor de las semanas de movilizaciones iniciadas el 18 de octubre.

Aún así, el gobierno y los altos mandos de Carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas, se han dedicado a desestimar esta posibilidad. Llegaron incluso a desacreditar el categórico informe de Amnistía Internacional, que acusaba que la decisión de establecer el Estado de Emergencia había tenido consecuencias catastróficas, y que la policía actuaba para “castigar” a los manifestantes.

Pero luego de semanas de negación, y frente a un nuevo informe, esta vez de Human Right Watch, tuvieron que realizar un pequeño cambio discursivo con la vocería de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien mandató al cuestionado general Rozas a realizar un informe. Que los principales inculpados se autoinvestiguen.

Pero eso no es todo. A estas políticas represivas y negacionistas, se agrega una nueva variante: la persecución política, la criminalización de la opinión a través del sistema judicial.

El jueves 8 de noviembre Sebastián Piñera declaraba en cadena nacional que, entre otras medidas, se aplicaría la Ley de Seguridad Interior del Estado a los “instigadores” de la violencia.

Tuvieron que pasar un poco menos de diez días, y aplicaron por primera vez en estas movilizaciones, esta medida en contra de una persona. En este caso, contra quien escribe esta columna. Y si bien el Séptimo Juzgado desestimó la querella, el gobierno apeló y hoy se encuentra en la Corte de Apelaciones, con altas posibilidades de que se apruebe y se avance en el juicio.

Este es un antecedente de enorme gravedad. Es persecución a la opinión disidente. Así lo han manifestado amplios sectores que han apoyado públicamente mi causa contra el intento del gobierno y sus abogados que se han manifestado a favor de la libertad de expresión.

Hemos recibido un amplio arco de apoyo, de diputados y diputadas, concejales, artistas, intelectuales, académicos, científicos, dirigentes sociales, estudiantiles y sindicales. Esto es fundamental, no sólo para mi causa, sino que para poner desde el minuto uno un tope y un freno a este intento criminalizador, que puede sentar antecedentes de enorme gravedad.

También decimos que el gobierno no nos amedrenta. Y que está totalmente equivocado si cree que con represión, persecución o violaciones a los Derechos Humanos frenará la enorme rabia acumulada que ha estallado contra estos 30 años de neoliberalismo, de precariedad, de pensiones de hambre, salarios indignos, abuso empresarial.

Es que a pesar de esta brutal represión, de las violaciones a los Derechos Humanos, de la persecución y la criminalización, por más de 40 días la respuesta desde las calles ha sido contundente. No es un cliché vacío decir que se perdió el miedo.

Jóvenes, trabajadores, pobladores, mujeres, ancianos, familias completas, han respondido con valentía, luchando en las calles, organizándose en asambleas, en sus lugares de trabajo, en las poblaciones, a través de los comités de enfermería, de primeros auxilios, o de iniciativas de coordinación política-social como el Comité de Resguardo y Emergencia en la ciudad de Antofagasta, que ha articulado a profesionales, trabajadores y pobladores para enfrentar la bestial represión de Carabineros en la población La Bonilla.

A eso le teme este gobierno, a la fuerza organizada de las y los trabajadores, a una posible alianza con los jóvenes y sectores populares. Porque allí hay una enorme fuerza, en los trabajadores de la Salud que por más de un mes se vienen movilizando por una salud de calidad para todos y todas, en lo trabajadores recolectores de la basura que también paralizaron.

De unirse esas fuerzas a los sectores estratégicos de la economía, como mineros, forestales, portuarios, transporte, pueden realmente golpear donde más les duele a empresarios y al gobierno: en sus bolsillos, paralizando efectivamente el país completo.

En ese marco, y con esa fuerza, la pelea por la verdad y la justicia en los casos de represión y de violaciones a los Derechos Humanos es fundamental tiene que ir de la mano con la pelea por terminar de cuajo con la persecución política y por la libertad de expresión. Es que sin libertad de expresión, sin derecho a manifestarse, a presentar ideas disidentes, la defensa de cualquier otro derecho se ve interrumpida.

En días donde las autoridades se dedican a desmentir a organismos internacionales de prestigio para defender su agenda de seguridad pública, se hace necesario que todos los sectores democráticos se pronuncien por el derecho a la libertad de expresión y contra la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado (una ley formulada desde sus orígenes para perseguir políticamente).

Y al mismo tiempo, como una tarea de primer orden, que nos propongamos poner en movimiento esa gran fuerza, para derrotar al gobierno, a su represión, y conquistar todas esas demandas históricas que se han puesto sobre la mesa, tales como el fin de la precariedad laboral, el subcontrato, las AFP, y por un salario mínimo igual a la canasta básica familiar, la negociación por rama y tantas otras necesidades que se han hecho más patentes al calor de esta movilización histórica.