Más allá de la poco decorosa disputa en la que algunos militantes políticos e intelectuales se han enfrascado para atribuirse el título de profetas, lo cierto es que la rebelión social que estalló en todo Chile a partir del 18 de octubre constituyó un acontecimiento en el riguroso sentido de la palabra: un evento que fracturó los saberes hasta ahora disponibles en el campo político, en el mundo intelectual y en los dispositivos mediáticos.

En el espacio político, y más allá de las múltiples interpretaciones ex-post, lo cierto es que la intensidad y la energía de la protesta popular produjo un verdadero estallido de las estrategias y disposiciones discursivas de sus actores: mientras el gobierno ha dubitado entre la criminalización y la (poco verosímil) apropiación del sentido de las movilizaciones, sectores del oficialismo se han parapetado en una actitud puramente defensiva mientras que otros han ampliado su margen de acción hasta la promoción incluso de un cambio constitucional pleno. Del lado de la oposición, hemos visto cambios y rectificaciones, ensayos tácticos y posicionamientos que, por lo general, han ido a la saga de la velocidad e impredecibilidad en las formas y extensión de las movilizaciones.

La intensidad del acontecimiento ha cobrado sus cuentas de forma especialmente descarnada en el espacio político del Frente Amplio, cuyas actorías fueron las más tensionadas por la firma del Acuerdo por una nueva Constitución. Junto a las renuncias de militantes, la suspensión y salida de algunas organizaciones del conglomerado y los reacomodos en la posición de algunos de sus actores y organizaciones, este diferendo ha dejado en evidencia la existencia de un conjunto no menor de vacíos e indeterminaciones no solo en cuanto a cuestiones político-estratégicas, sino que también en lo que refiere al horizonte último que justifica la existencia de este conglomerado: ¿cuál es la relación que debiera darse entre las actorías frenteamplistas (parlamentarios, alcaldes y dirigentes) y las organizaciones sociales que participan de las movilizaciones?; ¿cómo debiera el FA relacionarse con el gobierno y el resto de los actores institucionales?; ¿Cuál es la ecuación precisa entre lucha callejera y disputa institucional?; ¿en qué consiste, a fin de cuentas, el proyecto transformador del Frente Amplio?

Para todas estas preguntas, la consideración del escenario previo al 18-O ha quedado obsoleta. Los acuerdos construidos y los avances logrados a partir de la conformación del Frente Amplio hace casi tres años no constituyen una base consistente para dar respuesta al escenario social y político que se ha abierto. Las certezas de ayer ya no sirven.

¿Ha llegado tarde el FA al acontecimiento del 18-O? Sin dudas. Los miles de ciudadanos y ciudadanas que han salido desde entonces a la calle a hacer sonar sus cacerolas, a marchar y a cortar calles; los cientos de miles de personas que han participado de cabildos, alterado la normalidad y protagonizado formas audaces de protesta social han sido los artífices en la dislocación del escenario de normalidad político-institucional de las últimas décadas. Han construido un escenario nuevo respecto al cual aquellas actorías políticas con vocación transformadora deberán ponerse a la altura.

¿Sobrevivirá el FA, tal y como lo conocemos, a este nuevo escenario?; ¿tendrá esta coalición política la capacidad de incidir en la construcción del nuevo mapa político que se abre?; ¿será un actor con capacidades de aportar a la conversión de la energía transformadora en logros efectivos para el pueblo chileno? Asumir primeramente el estado de dislocación y comprender que se abre una nueva etapa en la historia de Chile es insuficiente, pero constituye un primer paso para repensar, sin traumas y con audacia, la construcción de instrumentos que puedan aportar a la transformación social.