Mientras gran parte de los partidos políticos y los medios de comunicación parecen extasiados tras el anuncio del inicio de un proceso para cambiar la Constitución, los temas de la agenda social contra la desigualdad se negocian y ‘cocinan’ en un llamativo silencio. Uno de ellos es el caso de las pensiones.

En Chile hay unos 17 millones de habitantes. De ellos, 2 millones 524 mil personas son jubilados, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones (SP). En ese grupo no hay copago en la educación ni isapre en la salud que los separe. Indefectiblemente, en materia de pensiones, gran parte de las experiencias se cruzan. Casi todos empobrecidos.

El problema es que cambiar diametralmente su realidad significaría un salto superlativo en el gasto fiscal para duplicar o triplicar sólo las pensiones más bajas que paga el Estado, en subsidio al sistema privado, y que además solo benefician al 60% más pobre del país. Las personas que están en el otro 40% se autofinancian sus pensiones, aunque también de forma miserable, lejos de aquella promesa que apuntaba a una tasa de reemplazo de 100% del último sueldo.

“Solo con duplicar la Pensión Básica Solidaria (PBS) que paga el Estado (hoy en 110 mil pesos) y considerando el efecto que eso tiene en el Aporte Previsional Solidario (APS), son casi 3.000 millones de dólares. Es muy difícil de financiar”, dice Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, una de las pocas instituciones ajenas al sistema económico y que, junto a No+AFP, cree que se debe transitar del sistema de capitalización individual a uno de reparto, donde al menos se equipare la pensión más baja con el salario mínimo de 301 mil pesos actual, usando los ahorros acumulados desde 1981 cuando nacieron las AFP, además de los 25 mil millones ahorrados por el Estado.

[caption id="attachment_251109" align="alignnone" width="714"] Marco Kremerman, de la Fundación Sol / Agencia Uno[/caption]

Pero esta opción es un tema tabú en la elite dirigencial. Pocos quieren aceptar el debate, porque devuelve en 40 años la historia. Por eso, pese a toda la efervescencia social en el país, cada mañana en los matinales de televisión, en la radio y en los medios escritos tradicionales, solo se habla de medidas parciales, donde se apuesta por alzas importantes pero muy insuficientes para el nivel de pobreza en que van cayendo los que jubilan.

En ello contribuye también que el sistema de reparto ha tenido problemas para financiarse en el largo plazo en Europa, porque al parecer no alcanza el dinero para mantener las pensiones que se compromete y que por ley se asegura en un sistema de reparto. De hecho, en Europa numerosos países han reducido beneficios por la falta de recursos.

Pero también se explica porque las AFP, que manejan los fondos aunque no son los dueños de ellos, son el nexo con los grandes grupos económicos chilenos, asegurando un flujo permanente de fondos (los ahorros de todos) para sus actividades. Siendo los fondos de pensiones, en muchos casos, el segundo accionista de las grandes empresas en Chile, después de los controladores -las familias más poderosas del país o grupos financieros internacionales- se han transformado en uno de los mayores motores del crecimiento económico del país. Y su ausencia aterra al mercado.

Tanto es el temor, que no solo la derecha y el gobierno ni siquiera lo evalúan, sino que la oposición tampoco ha planteado una alternativa de reparto real. En estos, días de agitación social, ni siquiera el Frente Amplio ha propuesto algo similar, pese a que en la anterior campaña presidencial y parlamentaria hicieron suya la propuesta de reparto de NO+AFP.

El principal acuerdo que negocian en estos días el gobierno y la oposición busca un camino intermedio que no termina con las AFP, pero que sí abre un pequeño boquete en el flujo de dinero que cada mes pasan del sueldo del trabajador a la cuenta que manejan las AFP.

El gobierno anunció que el ahorro obligatorio de 10% actual (sin considerar la comisión) subirá a 15%, con un cargo adicional de 5% al empleador. Piñera siempre planteó que todo fuera a las cuentas individuales (defendiendo el derecho de propiedad establecido en la Constitución), pero ante la crisis actual acaba de aceptar que 2 de los 5 puntos nuevos de ahorro vayan a un fondo solidario de reparto destinado, en lo esencial, a subsidiar pensiones, lo que en los hechos deja intactas a las AFP, el invento privado para un sistema de seguridad social público que, a 38 años de su creación por parte de José Piñera, hace crisis por todos lados.

[caption id="attachment_325556" align="alignnone" width="1280"] Sebastián Piñera, Presidente de Chile.[/caption]

El ex ministro de Economía del gobierno de Ricardo Lagos y ex presidente del Banco Central en tiempos de Bachelet, José De Gregorio, dijo a Chilevisión que esta medida permitiría subir 30% las pensiones promedio. Esto beneficiaría a parte del millón de chilenos que se jubila en las AFP, con pocas cotizaciones.

El resto, los que reciben pensiones del Estado, o que reciben subsidios por tener jubilaciones demasiado insignificantes, solo se quedarían con el 20% de alza que anunció Piñera en su primera Agenda Social, a los pocos días del estallido. Sin embargo, este domingo, en su última cadena presidencial, deslizó que podría aumentar ese porcentaje, aunque de manera gradual. Probablemente, las palabras de Piñera se relacionan con la aprobación unánime de la Cámara de Diputados a una propuesta de la diputada RN Ximena Ossandón, quien propuso elevar en 50% las PBS.

Para impugnar dicha medida, que incurre en gasto fiscal, Piñera podría promover un veto presidencial o acudir al Tribunal Constitucional (TC). Pero no tiene piso político ni social para optar por una de esas alternativas.

Así, se está preparando el escenario para tomar medidas que harán un salto importante en pensiones respecto de lo actual, pero que no sacarán a las AFP del sistema ni llevarán las pensiones a niveles, al menos, del salario mínimo. La cocina está en tierra derecha.

Pensiones de hambre

El nacimiento del sistema de AFP en 1981 no tenía como prioridad dar las mejores pensiones. En rigor, su afán era sacarle un abultado peso al Estado, hacer que la gente se hiciera cargo sola de sus futuras pensiones y utilizar esos ahorros en impulsar la economía local.

Así fue. Se estima que hasta un 15% del crecimiento del país en tres décadas fue influido por los fondos de pensiones. Sin embargo, la segunda patita, pagar buenas pensiones, chocó con la realidad en los últimos años, cuando los resultados del experimento se hicieran carne y la consecuencia ha sido fatal. Lo acumulado por cada uno en sus cuentas individuales, en su gran mayoría, no alcanza ni para vivir.

Nadie pareció dimensionar que los sueldos serían bajos (costos en las empresas acotados, un mantra del modelo), sin dejar espacio al ahorro; que la cotización era muy poca, que la gente viviría más años y que el mercado laboral no es perfecto, pues cuenta con bajo porcentaje de contratos estables.

Hoy, el promedio de pensiones que pagan las AFP (sin subsidio del Estado) en las distintas pensiones (vejez edad, anticipada, invalidez, orfandad y viudez), promediaba, a septiembre de 2019, 138 mil pesos para 719 mil personas; y las pagadas por las compañías de seguro, otros 293 mil pesos (617 mil personas). Incluyendo a un pequeño grupo de 45 mil personas que recibe renta temporal (mezcla de las dos anteriores), el promedio de pensiones llega a 224 mil pesos para un total de 1 millón 400 mil personas.

De ese grupo, los que cuentan con Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado, unas 627 mil personas, reciben un promedio de 245 mil pesos, equivalente a un 81% del salario mínimo actual. Así, del total pensionado en el sistema privado, unas 780 mil personas (poco más de la mitad), queda abandonada a la pensión que alcanzó a financiar con lo ahorrado en su cuenta individual. Ese grupo hoy está en tierra de nadie.

[caption id="attachment_144262" align="alignnone" width="820"] Ximena Rincón, senadora DC / Agencia Uno[/caption]

A ese segmento de la población jubilada se suman las 580 mil personas que ni siquiera tuvieron ahorro para pensionarse y deben ser rescatadas por las PBS del fisco que entregan 110 mil pesos.

Paralelo a estos tres grupos, existe un cuarto que no se quiso cambiar al sistema de AFP. Se trata de 623 mil personas que hoy reciben pensiones del IPS, aunque el promedio tampoco es elevado, pues a agosto pasado promediaban 225 mil pesos al mes de pensión. Y 263 mil pesos mensuales, con el aporte de Estado (APS).

Finalmente, están los privilegios heredados de la dictadura por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, que promedian entre 900 mil y un millón 100 mil pesos de pensión, beneficiando a un pequeño grupo de 170 mil ex uniformados.

Estos cinco sistemas totalizan más de 2 millones de jubilados en el país, y dan cuenta de las diversas realidades de los pensionados: algunos con privilegios; otros con jubilaciones de hambre.

Cada día puede ser peor

Ya a mediados de la década pasada se conocía este escenario. Previo a la Reforma Previsional de Michelle  Bachelet, en 2008, la Comisión Marcel develó el complejo futuro que se venía. Miles y miles de chilenos se jubilarían y sus pensiones serían realmente exiguas.

Por eso, en 2008 Bachelet creó el Pilar Solidario, que usa recursos del Estado para subsidiar y dar pensiones no cubiertas por las AFP, lo que representó una verdadera válvula de escape para un sistema que, dado el diagnóstico de la comisión y la misma ciudadanía, ya se resquebrajaba. Pero la PBS logró descomprimir la presión sobre las AFP, al menos, hasta ahora.

[caption id="attachment_121852" align="alignnone" width="4887"] Mario Marcel, ex presidente de la denominada Comisión Marcel y actual presidente del Banco Central.[/caption]

Dicho Pilar Solidario se financia a través de las referidas Pensión Básica Solidaria (110 mil pesos mensuales) y el Aporte Previsional Solidario, que aportan unos 70 mil pesos en promedio para pensiones que no lleguen a los 325 mil pesos actuales. Entre ambas se gasta más de 2 mil millones de dólares, un 0,8% del PIB. En contraste, en las Fuerzas Armadas y de Orden se gasta 0,9% del PIB, mientras que en las pensiones del sistema antiguo, incluyendo algunas leyes especiales, como exonerados, se gasta otro 1,4% del PIB.

Pero la realidad en los próximos años puede ser aún más cruda. Además de los más de 2 millones de jubilados que reciben las exiguas pensiones actuales, están los que vendrán. Aquellos, son todos los que cotizan desde 1981, o en años cercanos, y que se sumaron a la promesa de José Piñera.

Según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Pensiones, de los 11 millones de afiliados que tiene el sistema de AFP a agosto pasado, un total de, al menos, 4 millones 400 mil cumplirán la edad para jubilarse en los próximos 20 años. Una cifra que casi triplicará los jubilados actuales.

Son los jóvenes de los ‘70 y ‘80, que se quedaron con las AFP al inicio, criados en dictadura, que quizás se movilizaron por la democracia y que tras 40 años recibirán los frutos de la promesa del modelo. Un shock de realidad.

 Porque solo en los próximos cinco años (2020 a 2025) se sumarán 440 mil nuevos. Y lo más dramático, entre el 2025 y el 2030, es que entrará 1 millón 254 mil personas más. Entonces, la cifra actual se acercará a los 4 millones, casi uno por cada 4 chilenos. De ahí, el 85% de apoyo a las manifestaciones. Les toca a todas las familias, casi transversalmente.

Por eso, Andrés Solimano, ex director del Banco Mundial, sostuvo que “el sistema necesita una reingeniería mayor, pues “está bien el reajuste del Pilar Solidario, pero deja a la gran mayoría expuesta a un sistema que lamentablemente, no funciona”.

¿Cómo financiará el país una pensión digna a los actuales y futuros pensionados? ¿Tiene el Estado dinero para hacerlo?

La Comisión Bravo, que Bachelet conformó en 2014, cuando ya veían nuevamente el complejo escenario, le entregó su informe en septiembre de 2015. Sus conclusiones son reveladoras sobre el futuro de las personas que se afiliaron al sistema de AFP al inicio, cunado José Piñera lo presentó como la solución privada, y de capitalización individual, para la seguridad social pública.

 El informe de la Comisión Bravo estima que, hacia 2025, al menos la mitad de ellos tendrá una pensión equivalente al 15% del sueldo que recibieron en la última década de actividad laboral, pese a que la promesa de Piñera apuntaba al 100% de tasa de reemplazo del último sueldo.

[caption id="attachment_325677" align="alignnone" width="4643"] David Bravo y Michelle Bachelet, en la entrega del informe de la denominada Comisión Bravo.[/caption]

Es decir, si ganaba 400 mil pesos, recibirá menos de 80 mil pesos, y si promedió un sueldo de 800 mil pesos, recibirá unos 120 mil. Así, sucesivamente, caerán al rescate del Estado, siempre que estén en el 60% más pobre.

Incluso, aunque una persona haya cotizado muchos años, tampoco está asegurada. Según la Comisión que dirigía el economista de la Pontificia Universidad Católica (PUC), David Bravo, al menos la mitad de quienes se jubilarán en 2025, aun cuando hayan alcanzado 33 años de cotización, igual obtendrán una pensión equivalente a 38% de sus últimos ingresos; esto es, si ganaba 400 mil en promedio en sus últimos 10 años antes de pensionarse, obtendrá una pensión de no más de 160 mil pesos.

 Todo esto, sabiendo además que, al menos, el 50% de los trabajadores en Chile recibe menos de 400 mil pesos de ingresos brutos al momento de llegar a la vejez.

¿La guinda de la torta? En la juguera para calcular las pensiones, uno de los factores clave es la rentabilidad (por cuánto se multiplica cada peso que pone un afiliado todos los meses) que están obteniendo los fondos de pensiones invertidos por las AFP.

Si en los ‘80 -periodo de grandes privatizaciones a grupos económicos- la rentabilidad superaba el 12% anual (se invertía casi todo en Chile), en los ‘90 bordeó el 8% (concesiones Lagos, Frei, Aylwin y apertura comercial). En la primera década de este siglo, promedió 6%; y en la década actual, las AFP están logrando promedios de 4% anual, y cada vez más cerca de 3%. Y el tema es clave, pues cada punto de rentabilidad (1% anual) puede significar 15% o 20% más de pensión en el largo plazo.

La mezcla es explosiva. Pensiones actuales de miseria, millones y millones retirándose en los próximos años y un Estado que tiene límites para poner más plata.

Muerte lenta

Aunque Bachelet permitió asegurar un piso de pensión para 1,5 millones de personas que no tenían acceso a ella, o que su jubilación era mínima, al mismo tiempo fue la aspirina para postergar el sinceramiento de la crisis social que incubaba el sistema y que ahora explotó.

Luego de eso, ni Piñera ni Bachelet hicieron cambios, por lo que este año el gobierno quiso tirar otra aspirina con una reforma que comenzó a negociar con la Democracia Cristiana (DC). Pero ese esfuerzo caducó de golpe el 18 de octubre pasado, cuando comenzó el estallido social.

El mandatario quiso apagar el fuego con su Agenda Social, pero convenció a pocos. Propuso elevar en 20% la PBS y el APS y planteó subsidios adicionales a las pensiones de la llamada ‘clase media’.

En el caso de los subsidios a la clase media, Kremerman dice que los requisitos para acceder son casi inalcanzables.

Por ejemplo, para recibir desde 2020 alzas de 58 mil pesos en pensiones, las personas que se jubilen tendrán que haber acumulado 25 años de cotizaciones. Sin embargo, a la fecha, apenas sólo uno de cada tres hombres cumple con ello y en las mujeres es una de cada cinco.

 También se propone que si alcanzan 35 años de cotizaciones, la pensión será subsidiada en 112 mil pesos. Pero solo cuatro de cada 100 hombres cumple ese requisito y en las mujeres, dos de cada 100. De ahí el rechazo en las calles.

La llegada del nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, pareció aflojar la dura posición que mostraba su antecesor, Felipe Larraín. No obstante, a poco andar, el buen tono de Briones filtró su posición conservadora. “Elevar en un 20% la PBS es enorme, es una cosa que cambia la vida”, dijo hace unos días a T13.

[caption id="attachment_325309" align="alignnone" width="1280"] Ignacio Briones, ministro de Hacienda / Agencia Uno[/caption]

Y es que la situación está clara para las autoridades. Simplemente, no se puede hacer mucho más desde el Estado.

De hecho, Rodrigo Cerda, el director de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, advirtió que subir 20% la PBS ya elevaba en 600 millones de dólares el gasto fiscal (0,2% del PIB) y que subirla un 50% significaba agregar 1.000 millones de dólares (0,4%), dinero que el gobierno no tiene.

Por ello, mientras la agenda se concentra en los abrazos por el camino a la Nueva Constitución, la cocina que el gobierno ha tratado de instalar con la ex Nueva Mayoría busca fijar el perímetro de cambios. Sus primeros acuerdos se han gestado con senadores de la DC.

Ximena Rincón y el economista Guillermo Larraín propusieron subir entre 20% y 50% las pensiones fuera del Pilar Solidario, con cambios administrativos como bajar la edad de mortalidad promedio a 85 años, además de elevar la tasa de interés con que se calcula la pensión de las AFP.

Rincón es una de las parlamentarias que está liderando el debate desde la oposición en este tema. Fue ministra del Trabajo y Previsión Social con Bachelet II y antes directora de la AFP Provida, cuando su dueño era el español BBVA y la familia Said, propietaria también de Parque Arauco. Según dice, las pensiones podrían subir 50%.

Aunque, el economista y asesor de senadores PS y ex integrante de las comisiones Marcel y Bravo, Andras Uthoff, minimizó en Twitter el grosor de la medida. “Cambiar la tabla de mortalidad es más de lo mismo. La señal es cambiar el sistema. Derechos previsionales asociados al trabajo (incluso del cuidado) y no a la capacidad de ahorro individual. Ahí está la esencia del conflicto”, dijo.

Con todo, la medida hará que se acelere el uso de los ahorros por lo que, en caso de sobrevivencia después de los 85 años, actuaría un seguro de longevidad, financiado con una parte del 5% de nuevas cotizaciones. La separación del 5% de cotización adicional, para poner una parte (2%) a subsidiar pensiones del sistema, fue el primer giro del gobierno en pensiones.

Y es que cuando fue oposición a Bachelet en 2017, la derecha criticó junto a las AFP -defendiendo la propiedad privada de cada afiliado sobre sus fondos- la misma idea que permitía abrir un pequeño boquete en el sistema de capitalización individual privado.

La paradoja fue total hace unos meses a propósito de la polémica por la profesora que demandó en tribunales su derecho a retirar parte de sus ahorros de inmediato, abriendo la posibilidad de replicar lo ocurrido en Perú.

El giro sobre el 2% venía siendo asimilado por el oficialismo en estos días. El senador Andrés Allamand comentó que había que abrirse. “Yo destinaría una parte de esos nuevos aportes a mejorar las pensiones”, dijo el RN.

Incluso deslizó que las pensiones deberían multiplicarse varias veces. “Se está hablando de un IMG (Ingreso Mínimo Garantizado) de 350 mil, yo trataría de aumentar (las pensiones hacia ese nivel)”.

Pero ese es el límite. Con la separación de las cotizaciones nuevas, el gobierno de Piñera busca cerrar flancos contra el modelo, con el acuerdo con los senadores Carlos Montes, Jorge Pizarro y Ricardo Lagos Weber, los negociadores de la ex Nueva Mayoría. Esos dos puntos porcentuales generarían cerca de 1.800 millones de dólares (0,6% del PIB aproximadamente) al año, pero no se conoce su destino aún. Y nada más. Aquí cierra el perímetro legislativo fijado por el gobierno y la ex Nueva Mayoría sobre el sistema de pensiones.

El resto son medidas no estructurales. María José Zaldívar, la ministra del Trabajo y Previsión Social, no dio ninguna idea de mayores cambios, sólo anunció cosas que han pedido las propias AFP, como permitirles por ley distribuir voluntariamente utilidades, idea nacida antiguamente de AFP Habitat, la gestora de la Cámara Chilena de la Construcción (Cchc), la misma que es dueña de Ciedess, el think tank en pensiones donde Zaldívar fue gerenta general entre 2014 y 2018.

[caption id="attachment_321320" align="aligncenter" width="640"] María José Zaldívar / Agencia Uno[/caption]

La otra idea que propuso Zaldívar es permitir por ley que se constituyan AFP sin fines de lucro, “que lo que tengan de excedentes se reinviertan en beneficio de la afiliados”, aunque igual voluntariamente.

Para la discusión posterior, dijo Zaldívar, incluso podrían analizar medidas para limitar la rentabilidad de las AFP, aunque no dio pistas. También anunció que propondrá que, nuevamente en forma voluntaria, las AFP puedan rebajar o eliminar la comisión a afiliados que posterguen su pensión o que lleven muchos años cotizando. Estas y otras medidas, dijo, van en la línea de una revisión profunda a las normas que regulan las AFP, pues “cumplen un rol social que nosotros tenemos que resguardar”.

No obstante, esta semana Briones anunció que podrían abrir una hoja de ruta para elevar en 50% la PBS y APS en un plazo de cinco años. Esto va en línea con lo que, según fuentes de la industria, el gobierno negocia en estos días, que es rebajar el plazo de subir las pensiones, aunque jamás se ha planteado, por ejemplo duplicar, la PBS o incluso llevarla al salario mínimo. Hay un desincentivo al ahorro, dicen desde las AFP, si se equipara la PBS con el sueldo mínimo, ya que nadie se interesara en cotizar si la pensión futura se asegura será igual a su sueldo.

Otra idea es reducir los años de cotización exigidos para obtener los beneficios de la clase media anunciados por Piñera. Y, finalmente, también se consideraría la idea de permitir que la gente extraiga una parte de sus ahorros al jubilarse, como en Perú.

Las AFP, de hecho, han guardado silencio. Desde el estallido social de octubre la industria no ha abierto la boca. Solo hablan fuera de micrófono.

En el mercado, en tanto, se reconoce que habrá cambios y hasta hoy no han criticado la idea de dividir las nuevas cotizaciones.

¿Fin a las AFP?

Si el acuerdo que están cerrando Piñera y la ex Nueva Mayoría fructifica, la continuidad de las AFP y del sistema de capitalización individual habrá quedado fuera del debate y con saltos acotados en pensiones.

Según Fundación Sol, el nivel de gasto de Chile en pensiones (4% de PIB) es menos de la mitad de la OCDE, lo que deja espacio para ampliarlo. Pero llevar todas las pensiones del Pilar Solidario a niveles del salario mínimo, o al IGM, significa casi triplicar el gasto actual de dicho pilar: más de 6 mil millones de dólares. Nivelar el 100% de las pensiones con el salario mínimo multiplicaría aún más los montos.

Y los ingresos parecen no acercarse. Según el preacuerdo tributario que negocian entre oposición y el gobierno, se obtendría algo más de 1.100 millones de dólares. En el mejor escenario, si es que Piñera se atreve a gravar con impuestos a actividades como la compra y venta de acciones (impuestos a la ganancia de capital que eliminó Ricardo Lagos), terminar con la renta presunta y establecer un impuesto al patrimonio de las principales fortunas del país, podría acercarse a los 2 mil millones de dólares (0,8% del PIB). Pero parte de ese dinero también debe ir a financiar el resto de su Agenda Social.

La alternativa es usar recursos que tiene ahorrados el fisco o endeudarse como ya se anunció. Chile tiene 15 mil millones de dólares en Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) y otros 10.500 millones de dólares en el Fondo de Reserva de Pensiones.

[caption id="attachment_94335" align="alignnone" width="900"] José Piñera, hermano del Presidente y creador del sistema de AFP.[/caption]

“El problema es que para financiar gastos permanentes (pensiones) necesitas fondos permanentes y si sacas del FEES, no puedes sacar para ahora sino para todos los años”, dice Kremerman.

Por eso, Fundación Sol reafirma la necesidad de reevaluar el sistema de pensiones y pensar en hacer una transición ordenada a un sistema de reparto, donde se usen parte de los recursos ahorrados en mejorar las pensiones actuales y futuras.

Ximena Rincón no ve ese camino viable y cita para ello las encuestas (de AFP y algunas consultoras) en que las personas se niegan a ceder sus cuentas individuales.

Y es que las AFP y las compañías de seguro tienen multimillonarios montos de los fondos invertidos en las grandes empresas chilenas, por lo que un cambio afecta la bolsa local y, por ende, las propias rentabilidades de los fondos de los trabajadores.

Las AFP ganan, en promedio, 500 millones de dólares al año y este 2019, solo a septiembre, ya sobrepasaron esa cifra.

Fernando López, académico de la Universidad Alberto Hurtado, periódicamente realiza estudios sobre el funcionamiento de las AFP y advierte que, aun cuando  no soluciona el tema de las pensiones, esto deslegitima el sistema e inhibe la intención de ahorrar.

Pero es que las AFP y las compañías de seguro (que manejan fondos de pensiones) poseen entre 20% y 25% de la propiedad, o deuda, de las principales empresas de la bolsa local, financiadas con recursos del sistema de pensiones. Los afiliados son socios de las empresas eléctricas, sanitarias, de alimentos y bancos. Pero, paradojalmente, no pueden influir en lo que les cobran en su diario vivir.

Por eso, causa terror en Sanhattan, el barrio financiero de Santiago, la idea de que el Estado pase a administrar el total de los fondos y que no sean las AFP la contraparte de los grandes grupos económicos.

Sin embargo, Kremerman explica que no necesariamente tendrían que moverse drásticamente las inversiones actuales, sino con un calendario acordado.

Para ello cita un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que dispone un manual para transitar hacia un sistema de reparto, como lo ha hecho gran parte del mundo, aunque algunos mezclados con cuentas individuales.