Ha dado pocas entrevistas, y la mayoría de ellas, a partir de la segunda semana del estallido social, y ha comparecido en segundo plano, por detrás del ministro de Justicia, Hernán Larraín, uno de los salvados en el cambio de gabinete. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, ha tomado un rol secundario en la crisis social y política que enfrenta el gobierno desde mediados de octubre.

Si bien las denuncias y el debate sobre las vulneraciones ("sistemáticas" o no) de los derechos humanos han sido tema en la agenda nacional e internacional, la autoridad ha enfrentado la situación desde un segundo plano, sólo con pronunciamientos muy específicos y en contadas comparecencias. Además de hablar sobre la visita de la misión de observadores de la ONU, para quienes –dice– la Subsecretaría es un “punto focal”, Recabarren ha dedicado sus pocas entrevistas a insistir en el rechazo de las violaciones “sistemáticas” de derechos humanos y también habló sobre la situación del observador del INDH herido por Carabineros en una de las manifestaciones.

Según la ley 20.885, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, el organismo no tiene un mandato fiscalizador que lo habilite para recibir denuncias o presentar querellas, pero sí le compete velar para que el Estado mantenga un enfoque de derechos de forma transversal. Para eso debe “promover” la elaboración de políticas, planes y programas en materia de derechos humanos, prestar asesoría técnica y colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la elaboración y seguimiento de los informes periódicos ante los órganos y mecanismos de derechos humanos; diseñar, fomentar y coordinar programas de capacitación y promoción de los derechos humanos para Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería de Chile, entre otras.

En estos días, no han sido pocas las voces que han preguntado por el desempeño de Recabarren en este contexto y que han criticado que desde la Subsecretaría no se estén entregando respuestas a las preguntas que se hace la ciudadanía en materia de DD.HH.

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Sobre el rol que le corresponde a la subsecretaria, el cumplimiento de sus funciones y su actuar, en general, El Desconcierto conversó con Lorena Fríes, predecesora de Recabarren en el cargo (2016 - 2018) que ella misma estrenó tras la creación del organismo durante segundo el gobierno de Michelle Bachelet.

¿Cómo valora, en general, el desempeño que ha tenido por ahora la subsecretaria Lorena Recabarren?

La Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco de las movilizaciones y las violaciones a los derechos humanos no ha sido un actor relevante, y finalmente, cuando su voz ha aparecido no se condice mucho con lo que uno esperaría de esa Subsecretaría. Me refiero, por ejemplo, a los dichos de la subsecretaria en torno a la misión de Naciones Unidas, donde prácticamente lo que hizo fue desautorizar a la misión, sin considerar que se trataba de una invitación que había hecho el presidente a la alta comisionada para que vinieran a verificar la situación de derechos humanos y a hacer recomendaciones. Lo que dijo –que esta misión no venía a verificar y que eso es un rol de tribunales– expresa un desconocimiento de cómo funcionan los organismos internacionales porque no es comparable el rol de garante que tiene el Estado, siempre a través de los tribunales de Justicia, donde se ventilarán y conocerán los casos por violaciones de derechos humanos, con una misión de la ONU que pretende hacer un informe verificando situaciones eventuales de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones para que éstas no se repitan.

El mandato específico de la Subsecretaría se articula en torno a 11 puntos establecidos por la ley. En su opinión, ¿se habrían cumplido estos puntos en ese contexto de crisis?

Su rol, más allá de las funciones que tiene, es de asistencia en el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas, planes y programas en materia de derechos humanos. La Subsecretaría no tiene un rol directo de protección, a excepción del programa de derechos humanos que presta asistencia legal a los familiares de personas detenidas y desaparecidas y de ejecución política. Pero dentro de sus funciones, hay dos que me parecen relevantes en este contexto: la primera, sobre el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, donde una hubiera esperado un rol más activo de la subsecretaria, en el sentido de ir informando o de dar la versión del Gobierno en torno a esta materia. Eso hace parte de su rol, aunque no resulte una situación muy agradable de encarar. La otra, tiene que ver con estar en constante relación y cooperación con los organismos internacionales. La subsecretaria ha mantenido este rol, en términos generales, ha cumplido con los informes que se tienen que entregar a nivel internacional. En algunos casos con atraso, con una falta de diligencia de estar al día con estos exámenes, pero lo más complicado es que si Chile hace parte de la comunidad internacional, ha suscrito y ratificado los tratados, la Subsecretaría debe estar vinculada y alineada con la comunidad internacional. Ella tiene ahí un rol que cumplir.

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Usted habló de mantener un rol más activo en informar o entregar la versión del Gobierno en materia de DD.HH. En este sentido, quien se ha llevado toda la vocería activa ha sido el INDH, un organismo autónomo del Ejecutivo.

La Subsecretaría podría haber desempeñado un rol complementario al del INDH. El Instituto tiene un rol de protección de los DD.HH., por lo tanto, tiene herramientas que permiten la protección de la ciudadanía, por ejemplo, presentar recursos de amparo o querellas por torturas, lo que sin duda es visible. Eso no lo hace la Subsecretaría, pero sí podría haberse referido, por ejemplo, a las falencias en la información que hemos visto, que es algo a mejorar, porque no tenemos un registro único o unificado respecto a violaciones de DD.HH.

Lo digo porque el INDH hoy no tiene la capacidad presupuestaria ni humana para llevar adelante un registro único que permita cruzar información. Podría decirse, también, que a la luz de lo que ha pasado, faltan ciertos marcos legales de protección para las personas, entre otros, pedir los protocolos de Carabineros para actualizarlos o aterrizarlos mucho más a la realidad que vemos hoy. La Subsecretaría tiene un mandato concreto de educación a Carabineros, a través del cual, efectivamente, podría haber tomado más iniciativa a la luz de lo que ha pasado. No puede salir a condenar las violaciones a los derechos humanos porque es parte del Gobierno y si no está de acuerdo con esa postura le corresponderá renunciar, pero podría haber asumido un rol más activo públicamente, abrir una agenda que fortalezca y contribuya a que esto no vuelva a pasar.

Sobre el mandato concreto en educación de Carabineros, en principio este punto se recoge en el Plan Nacional de Derechos Humanos que se ingresó en septiembre y que fue modificado. En el original, diseñado en el anterior gobierno, había 26 acciones más. Según dijo en su momento el Ejecutivo, algunas se fusionaron y se incorporaron otras nuevas. Pero el documento que aparece en la web está en muy baja resolución y no se puede leer.

Exactamente, no se sabe qué quitaron y qué no del plan original. Sea como sea, el plan apunta a coordinar y comprometer de manera creciente los esfuerzos del Estado en esta materia, incorporar un enfoque en las políticas públicas de derechos humanos y bajar la política pública hasta llegar a la práctica, a las personas, que son los titulares de derechos, y hemos visto que, por ejemplo a pesar de que hay protocolos para el manejo de orden público, se requiere afinarlos aún mas ya que lo que hemos visto en las calles es que los protocolos no han sido respetado, eso es un ámbito que le compete a la Subsecretaría. Mi punto, en resumen, es que, en el contexto actual, la subsecretaria podría haber fortalecido una agenda de derechos humanos que diera cuenta de que este Gobierno tiene un compromiso real con ellos.

¿Cree que la imagen de este gobierno queda debilitada en lo que respecta a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional?

Nadie se esperaba las movilizaciones ni la masividad que han tenido, ni tampoco el grado de represión. Esta es una cuestión que inmediatamente activa a los mecanismos internacionales. Más aún, el propio presidente invitó a la alta comisionada de DD.HH. a verificar y hacer recomendaciones sobre lo que está pasando. Lo que me parece positivo. Pero si ese informe va a ser desconocido, como prácticamente lo plantea la Subsecretaría, la verdad es que esto es sólo apariencia y no convicción. Eso me preocupa.

Las pocas veces que se ha abordado esto desde el Ejecutivo, hemos visto como vocero de todo lo que tiene que ver con DD.HH. al ministro Larraín. Lorena Recabarren ha quedado en un segundo plano en la mayoría de las comparecencias.

Efectivamente, pero eso son los arreglos internos que se hacen en un ministerio. Si el ministro [Hernán Larraín] le señala a la subsecretaria que él será el vocero de DD.HH., ella puede aceptarlo o tratar de pelear su espacio. Pero si eso se cierra por otros lados, no tiene mucho que hacer. El problema, para mí, tiene que ver con cuánta convicción hay de que el tema de DD.HH. es un tema central para un gobierno democrático. En ese sentido, más que darle a ella vocería o no, que finalmente depende del peso interno de las fuerzas políticas dentro del gobierno y del interés que ponga el ministro en estos temas, sin duda, ella podría haber tenido un rol más visible –difícil, por cierto– y que aportara otra cara de lo que hemos visto en las calles.