El cambio a la Constitución de 1980 a través de una Asamblea Constituyente es una de las demandas que ha instalado la ciudadanía, tras el estallido social. Una petición que ha contrastado con la ampliamente rechazada “Agenda Social” que presentó el presidente Sebastián Piñera.

El descontento social se ha canalizado en discusiones en cabildos y asambleas autoconvocadas, en las que han participado cerca de 15.000 personas, desde el 25 de octubre hasta el 7 de noviembre, según un reporte de la plataforma Unidad Social. Esta coordinación está integrada por un grupo de organizaciones sociales, entre ellas, No+AFP, la Fech, el Colegio de Profesores, la CUT y la Coordinadora 8M.

La estrategia del gobierno, en tanto, ha pasado por anunciar los denominados “Diálogos Ciudadanos” que liderará el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con Sebastián Sichel a la cabeza.

Sin embargo, el MDS tiene anotado un fracaso reciente en consultas participativas. Se trató de la Consulta Indígena que pretendía hacer modificaciones a la Ley Indígena, que inició en mayo de este año el entonces ministro Alfredo Moreno y terminó por ser suspendida por Sichel el 26 de julio pasado.

De acuerdo a información a la que accedió El Desconcierto, a través de una solicitud por ley de transparencia, en este fallido proceso se gastaron $94.240.306.

Después de diez días de iniciado el proceso, y acompañado por el subsecretario General de Gobierno, Emardo Hantelmann, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebatián Villarroel, enfatizó en que esta consulta participativa se iniciaba después de un año de trabajo. Pero el proceso fue duramente criticado y desvalidado por las comunidades indígenas por la imposición de la metodología, haciendo denuncias por supuestos “palos blancos” del gobierno en las consultas realizadas por la CONADI, el excesivo resguardo policial en algunos casos e, incluso, la participación de militares, como en Valdivia.

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La fórmula de Sichel

Los “Diálogos Ciudadanos” se extenderán por 60 días y tendrán como antecedente los cabildos del proceso constituyente realizado durante el gobierno de Michelle Bachelet. Estos se iniciarán el próximo lunes 11 de noviembre con diálogos sectoriales y llegarían a un total de 345 comunas. Las conclusiones se entregarían entre abril y mayo del próximo año.

En sus primeras declaraciones, Sichel explicó que este proceso contará con un consejo directivo que definirá los lineamientos de la consulta y que estaría la opción de que los participantes propongan temas, como una Nueva Constitución. “No hay temas vetados, vamos a discutir todos los temas. Son los ciudadanos quienes ponen la agenda y parte importante de lo que le vamos a pedir al consejo directivo, que va a dirigir este proceso de diálogo que defina la metodología, pero sin veto de temas”, apuntó el ministro.

Estas consultas tendrán su bajada a través de las subsecretarías de Evaluación Social, a cargo de Alejandra Candia, la subsecretaría de la Niñez, con Carol Bown, y de Servicios Sociales, con Sebastián Villarreal. Este último tomaría un rol de coordinador considerando que los diálogos ciudadanos responderían a todas las seremis regionales y, de ahí, se vinculan con Servicios Sociales a nivel central.

La semana pasada Villarreal se reunió con integrantes del proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet para recopilar información sobre la metodología que se presentó en esa ocasión. En particular, con el abogado Francisco Soto y el doctor en Ciencias Políticas, Claudio Fuentes. También estaría en la mira el proceso que impulsó Emmanuel Macron en Francia, donde los alcaldes convocaron a diálogos. Además se le preguntó al director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, quien también participó de esa consulta.

Funcionarios advierten falencias

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social ha consultado con expertos sobre la metodología y ha reparado en falencias que podrían llevar a un nuevo fracaso.

El dirigente Lester Campos advierte algunos de esos puntos: “La metodología estaría indicando que la participación presencial estaría circunscrita solo a un número limitado de comunas, alrededor de 165. Se señala que se elegirán a las comunas de mayor población y ahí serán de carácter presencial. En las 180 restantes, las más vulnerables, las con menos población y, por ende, las que obtienen menos recursos del Estado, los diálogos serían de manera virtual”, apunta.

Explica, además, que hay dudas entre los funcionarios por la aplicación que tendrá la consulta ante el fracaso que ya conocieron. Recuerdan que algunos trabajadores sufrieron agresiones y esperan que el Ministerio tome las medidas para que no se repitan. “Existe preocupación por la seguridad que debe estar garantizada para los funcionarios, porque estarán expuestos a que la ciudadanía nos los valide”, cierra Campos.