Se conocieron hace tres años por un grupo de amigos y pronto empezaron a salir. Roberto Campos, de 35 años, y Armando Arjón, de 38, vivían juntos desde hace dos años en el centro de Santiago, donde ambos se desempeñaban en el mundo de la docencia. Roberto es egresado de la Universidad Católica, matemático, y trabajaba como docente a honorarios en la Universidad del Desarrollo. Armando, de nacionalidad mexicana con casi cinco años en Chile, es profesor de Socioantropología en la Universidad Central.

Ahora, su historia ha quedado interrumpida por la incertidumbre de un proceso judicial que acaba de empezar y que ha dejado a Roberto Campos en prisión preventiva por los 90 días en los que se investigará su caso. Se le acusa de “daño a bienes nacionales” en los torniquetes y validadores de las tarjetas BIP de las estación de metro San Joaquín el 17 de octubre. Se trata de la primera querella presentada por Ley de Seguridad del Estado de parte del Ministerio del Interior y la empresa Metro.

“No está incitando a los demás a hacer lo mismo, pero esta dañando el funcionamiento de elementos de utilidad pública como es la red de transportes”, concluyó la jueza Alejandra Apablaza Reyes tras la audiencia de formalización del pasado miércoles. Apablaza ordenó el ingreso del docente a la unidad de Alta Seguridad de la cárcel de Santiago, por considerar que su libertad “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

El Desconcierto ha recogido el testimonio de su pareja, Armando Arjón, para conocer cómo los familiares y amigos cercanos de Roberto enfrentan ese pleito judicial en el que el joven es, por ahora, el único detenido en el contexto de las masivas evasiones al metro que se produjeron más de 24 horas antes de declararse el Estado de Emergencia.

-¿Cómo se produjo la detención de Roberto el pasado martes?

-En los videos que circularon por redes sociales, Roberto era el personaje perfecto para criminalizar el movimiento social porque era uno de los más visibles y sus redes sociales son las de un ciudadano común, era muy fácil llegar a él. No era una persona tan visible públicamente, era un ciudadano más. A él lo tenían vigilado desde unos días antes de la detención, a partir de los hechos del 17 de octubre ya se abrió un proceso de vigilancia en su contra. El día de la detención lo estaban esperando seis agentes de la PDI vestidos de civil. Él iba saliendo del departamento a casa de un amigo, en bicicleta, y justo en la calle lo detienen, le explican por qué lo están tomando. Roberto no niega los hechos y dice ‘sí, yo participé’. Subieron al departamento, yo estaba dentro y entraron grabando todo. Tenían una orden de aprehensión y cateo porque buscaban, como evidencias, la ropa que ocupó el 17 de octubre y que aparece en el video que circuló por las redes sociales. Se llevaron su pantalón, sus zapatillas, la mochila que usaba, su celular, su laptop y mi celular. Cuando me pidieron mi celular, les dije que no tenía por qué entregárselo porque el imputado era Roberto, pero me respondieron que era una orden del juez y se lo llevaron.

-¿Ustedes vieron la orden del juez, les mostraron el documento?

-No, supimos que había orden del juez cuando hablamos con el abogado que en un primer momento nos asignó el Estado (ahora hemos cambiado). El abogado no dijo que el procedimiento había sido de acuerdo al protocolo. No ejercieron ningún tipo de violencia. Tampoco nosotros opusimos resistencia, se les entregó todo lo que estaban pidiendo y siempre hubo cooperación.

-¿Qué le lleva a sospechar que los agentes lo vigilaban de antes?

-El día de la audiencia no sólo mostraron los videos que circulaban en redes sociales y de las cámaras de seguridad del metro. También mostraron videos de cuando Roberto regresa a la casa el día 17. Son videos registrados por la cámara de seguridad del edificio y del ascensor del edificio. Roberto se había lastimado el pie por haber pateado uno de los torniquetes y, efectivamente, sale cojeando hasta llegar a la casa. También mostraron su perfil de Facebook, con sus redes y todo el proceso de cómo llegaron hasta él.

-¿Mostraron videos de la participación de Roberto en otras marchas o protestas posteriores a las del 17 de octubre?

-Ninguno. De hecho, algo que argumentamos es que uno de los motivos de que él esté en la cárcel de Alta Seguridad es porque la jueza determinó que era un peligro para la sociedad y que el proceso de investigación se tenía que hacer con él privado de libertad. Pero Roberto no tiene antecedentes penales y, si es un peligro para la sociedad –como dicen–, cuáles son las evidencias de las actividades después del 17 que puedan demostrar eso. Roberto no estaba articulado en ninguna organización que promoviera las actividades, no es un líder, es un ciudadano más, como cualquiera de nosotros que estaba enojado o enojada.

-¿A qué atribuye que lo dejen en prisión preventiva por ser “un peligro para la sociedad”?

-Era la persona más fácil de capturar, la más visible, sin redes de apoyo, y el Estado tenía que mandar una imagen, una señal de criminalización al movimiento social. La jueza estaba atada de manos porque no quería verse en los medios como “la jueza que libera a”. Sin embargo, creemos que está alejado de la justicia y que el asunto es más cercano a temas políticos. El Estado reafirma la criminalización del movimiento social y de la protesta y ocupa a Roberto como chivo expiatorio y como trofeo. Ese es el nivel de justicia mientras hay militares violando, mucha gente con daños oculares… En este caso, hay una desproporción total.

-Cuando vieron las imágenes que circulaban por las redes, ¿sospecharon que Roberto podría ser detenido?

-Lo pensábamos pero nunca que sería así porque el día 17 nadie sabía que eso tomaría las dimensiones que agarró después. El día 17 no había Estado de Emergencia, se proclamó el día siguiente, el contexto de los hechos era fuera de eso. Veíamos los videos, pero hubieron muchos otros. Uno no imagina que esto podía suceder.

" Se le está haciendo creer a la sociedad que él fue el iniciador de todo"

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-¿Cómo ha sido el trato que ha recibido Roberto desde que fue detenido?

-Eso lo supimos hoy sábado, porque el martes fue detenido y lo llevan al BIPE, que es una brigada de la PDI que está en Ñuñoa. Yo me fui hacia allá y avisé a la mamá de Roberto, pero sólo había la oportunidad de que entrara una persona a hablar con él y tomamos la decisión de que fuera la mamá. En esa conversación estuvieron presentes los seis agentes de la PDI, entonces fue como un telegrama. No pudimos acceder a él hasta hoy. El abogado lo pudo ver este sábado y dijo que lo habían tratado bien, que no lo golpearon ni lo maltrataron. Está incomunicado y aislado, ha pasado mucho tiempo así, y eso lo desconcierta porque no sabe lo que está sucediendo.

-¿Cómo se encuentra anímica y emocionalmente?

-Roberto en un principio no entendía lo que estaba pasando, porque había mucha prensa alrededor de él y estaba privado de libertad, incomunicado, entonces no sabía la dimensión ni el trato que se le estaba dando a su persona. Para él, romper el torniquete era un delito común. El abogado ha hablado hoy con él y le explicó la dimensión y el uso político que se estaba haciendo de todo esto. Ha pasado de la angustia y la tristeza a momentos de mucha rabia. Ahora entiende mejor lo que está sucediendo.

-Es la primera querella en ese contexto que se presentó bajo el marco de la Ley de Seguridad del Estado. ¿Qué implica eso?

-Sin ese tratamiento, habría sido un proceso civil, ni siquiera penal. Las penas aumentan mucho. Roberto corre el riesgo de pasar tres años y un día hasta cinco años en la cárcel por un hecho que no amerita que esté en prisión preventiva mientras se hace la investigación. Esto es grave porque es una señal de criminalización. ¿Por qué este ensañamiento político con Roberto? Porque se le está haciendo creer a la sociedad que él fue el iniciador de todo. Los hechos del 17 de octubre fueron los primeros que iniciaron el movimiento y le aplicaron la Ley de Seguridad del Estado como si fuese un terrorista, como si él hubiera iniciado todo. El Estado está criminalizando a una persona y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros.

-¿Algo le llamó la atención de la audiencia?

-La forma como hablaba la jueza, que de manera inmediata uno podía leer que ya había una resolución de su parte. Cuando empezó a hablar nos dimos cuenta que la investigación iba a ser bajo prisión preventiva.

-¿Siente que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia?

-Sí. Y por otro lado, cuando habló el representante del Ministerio de Interior se reiteró la postura de minimizar e infantilizar a la sociedad en general porque mencionó que Roberto era un ‘peligro para la sociedad’ porque era profesor y tenía acceso a mentes jóvenes a las que podía manipular en espacios universitarios. Como si los estudiantes no pudiesen pensar por sí solos, como si fuesen idiotas.