Karla lleva ocho años participando activamente del movimiento social; desde 2011 cuando estallaron las protestas de los estudiantes. Ella estaba en cuarto medio. Siempre esperó con ansias “que llegara una revuelta popular, en Santiago y en todo el país.” Ahora, la dirigenta universitaria tiene sentimientos encontrados.

Está alegre, pero con incertidumbre por lo que pueda pasar, como mucha gente. Más aún, cuando en su posición de líder estudiantil ha sido perseguida y amenazada desde que ocurrió el asesinato de Camilo Catrillanca a manos del Estado, cuando CIPER divulgó que Carabineros tenía un listado de los principales dirigentes mapuche. “Así como ese, también hay uno para los y las estudiantes”, asegura Toro.

“El sacar a los militares a la calle, por una parte, infunde bastante temor por lo que ocurrió en dictadura, pero, por otra parte, genera un sentimiento de solidaridad y de apañe entre toda la gente, lo cual ha significado grandes movilizaciones, principalmente movilizaciones pacíficas a nivel país”, dice quien fuera presidenta de la FECH entre 2018 y 2019.

Hoy, y aunque Carabineros ha pasado afuera de su casa cuando está caceroleando, increpándola directamente, Karla no dejará de organizarse y luchar. Tanto en su territorio, como en su espacio universitario, y a través de “Unión Social”, colectivo del que participa y que junta más de 70 organizaciones sociales, gremiales y territoriales, dentro de las cuales se encuentra su ex federación, en conjunto con la Coordinadora No más AFP, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el Colegio de Profesores, entre otras.

-Las manifestaciones que hemos visto los últimos días, ¿son consecuencia de las movilizaciones feministas del año pasado y las de los estudiantes de 2011?

-Yo creo que el 2011 abrió las puertas para que los movimientos sociales salieran otra vez a las calles. Sin el 2011 tal vez sería muy complejo estar hablando de un 2015 o un 2018 movilizado, y ahora de un 2019. Ese año marca una pauta de cómo nos organizamos.

El punto es que ahora, no son solo 30 pesos, sino que uno se da cuenta de que son 30 años. Esto es algo que los movimientos sociales veníamos preparando. Nosotros desde el movimiento estudiantil veníamos organizando, conversando con las distintas organizaciones -No más AFP, la CUT, asociaciones feministas durante el 2018, etc.- sobre que el estado actual de las cosas no daba para más y que se requería un cambio sustantivo.

El viernes en la noche, cuando Sebastián Piñera decide sacar a los militares, tocó una fibra, que tal vez no se daba cuenta que estaba tan palpable. Yo tengo 26 años y no vi antes a los militares en la calle, pero sí los vio mi papá, mi tío, mi abuelo, que fueron torturados en dictadura. Entonces eso ya movió bastante para que la gente dijera basta.

Creo que ese fue el error más grave que tuvo Piñera: el sacar militares después de una organización social, de una movilización tan grande, como la que tuvieron aquí los secundarios.

-¿Crees que si Piñera no hubiera sacado a los militares a la calle la gente no se habría manifestado de esta manera?

-Habría sido en menor escala, totalmente. Quienes nos organizamos durante el sábado, después de todo lo que había pasado, lo que más gritábamos era que se fueran los militares.

Exigíamos que se fueran los militares y que el gobierno se pusiera a disposición de las demandas sociales. Luego hubo otro error garrafal por parte del gobierno, de declarar una guerra que claramente no tenía ningún opositor.

Después de eso vino una agenda social que no respondió en absoluto a las demandas del pueblo, y un cambio de gabinete que tuvo una respuesta contundente en las calles. Ni siquiera se tocó a la ministra Cubillos, al ministro de Salud, a la ministra de la Mujer, ni a la ministra de Transportes. Existe un descontento tan grande que este gobierno no lo va a solucionar con algunas medidas bien maquilladas, sino que se requiere una transformación social.

-La nueva vocera de gobierno, Karla Rubilar, dijo que en las manifestaciones del día lunes 28 había 6.500 personas en las calles de Santiago que estaban haciendo destrozos, y que los iba a identificar, separándolos del resto de la gente que protestó. ¿Qué opinión te merecen esas aseveraciones?

-Desde que parten las movilizaciones con los secundarios, el gobierno trató a los estudiantes que evadían de delincuentes y de violentistas. A una semana de eso, nosotros vemos en las calles claramente un descontento social, que se plasma desde manifestaciones pacíficas, hasta algunas que conllevan saqueos y barricadas, y los sigue tratando de delincuentes. Entonces no existe una vara para medir quién es delincuente y quien no.

El lunes, Karla Rubilar se refirió a una “marcha de los guerrilleros”, cosa que en ningún momento se convocó. Además, nosotros vimos que las principales manifestaciones han sido pacíficas, y el foco del gobierno ha estado en criminalizar el movimiento, pero eso lo ha venido haciendo hace tiempo, sobre todo con el movimiento estudiantil. No es casualidad que Juan Gómez Millas, que es el campus de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, esté sitiado constantemente por Carabineros. No es baladí que el Instituto Nacional, durante los últimos cuatro meses, haya sido amedrentado por Carabineros, tratándolos de delincuentes día y noche. Así como el Liceo Darío Salas, así como el Liceo 1, así como el Liceo 7. Entonces, vemos que existe un amedrentamiento constante a la educación pública.

Y el punto es que, después, salen un millón de personas a la calle y los siguen tratando de delincuentes, ya no solo al estudiante, sino a cualquier persona que se organiza. Ese ha sido otro de los errores del gobierno, criminalizar las movilizaciones que les molestan y, por otro lado, apropiarse de las manifestaciones pacíficas, cuando todas ellas tienen la misma consigna: “Que se vaya Piñera”.

-¿Qué rol juegan en estas manifestaciones las universidades? Porque aquí vemos una sociedad que está en contra del sistema y de sus instituciones, y las universidades son parte de esto.

-Creo que es súper importante hacer una distinción entre las universidades del país. Por una parte, tenemos las universidades públicas elitizadas, como la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y también las que son privadas, como la de los Andes, la del Desarrollo, etc. El punto es que no podemos olvidar el carácter relevante que ha tenido tanto la FEUC, como la FECH, federaciones que han sido partícipes activamente de la movilización social mucho antes de la dictadura, como también lo fue el Pedagógico y como lo es la Usach actualmente. Instituciones que, no solo sufrieron la caída de varios compañeros en dictadura, sino que también han construido y han permitido, por ejemplo, la vuelta a la democracia en los 90’ y las distintas movilizaciones de ahí en adelante.

Entonces existe un carácter fundamental y relevante de las universidades, que claramente representan a una élite. El punto es cómo nosotros democratizamos esos espacios. Yo me puedo referir a la Universidad de Chile, que tiene que disputar el carácter democrático que debe tener, lo que abarca desde la matricula hasta la formación, y que esta no solo sea dirigida a que los profesionales entren a ciertos bufetes como ocurre en Derecho, y a empresas grandes como sucede en Ingeniería, sino que le sirvan al Estado.

Hay que sacar los mejores profesionales, y esto va en fortalecer la educación pública, expandir su matrícula, inyectar más recursos, yo creo que por ahí se va democratizando el carácter elitista que han tenido las universidades en Chile. Pero elitista principalmente en la Chile y en la Católica, porque las otras universidades del Estado han sido abandonadas de norte a sur.

-¿Qué pasa con los estudiantes de esas universidades elitizadas? ¿Crees que sienten esta dualidad contrapuesta de ser parte del pueblo, pero a la vez pertenecer a esta élite académica contra la que luchan?

-El punto es que los estudiantes se han organizado para ponerse al servicio del pueblo. O sea, esto lo último que hizo la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de levantar una defensoría jurídica, no lo hicieron los decanos ni el rector porque sean personas de buena voluntad, que no niego que la puedan tener, pero fue levantada por los estudiantes. Entonces, yo creo que ese es el mayor trabajo que hemos tenido: la FECH como uno de los emblemas nacionales de organización. Creo que, desde ahí, claramente ha tenido un rol histórico, que el Estado y los distintos gobiernos han buscado disminuir, no solo no dándole pantalla, sino que quitando recursos a las instituciones públicas. Las federaciones de estudiantes se financian con la plata que da el Estado a las distintas universidades, de la que estas le reparten a su vez un porcentaje a las organizaciones estudiantiles. Entonces, cuando tu recortas ese aporte, estás impidiendo una mayor organización estudiantil.

Las universidades sin sus estudiantes, que son tan críticos, jamás podrían contemplar la posibilidad de tener un espacio democrático y público.

-Hemos visto en los últimos días detenciones arbitrarias e ilegales de dirigentes estudiantiles, secundarios sobre todo. ¿Ustedes son vistos como objetivos potenciales de las policías en estos contextos?

-Es importante hacer algunas distinciones. En general, los dirigentes -y siempre se ha comentado- han sido bastante perseguidos. Desde el año 2011, que veíamos a Camila Vallejo y a Giorgio Jackson, a nadie le parecía extraño que a ellos los persiguieran. Era de común conocimiento que tenían persecución constantemente, no solo en sus casas de estudio sino donde vivían. Y eso se empezó a naturalizar.

Yo sufrí un par de persecuciones, llamadas por teléfono a altas horas de la noche, mensajes por Whatsapp durante tres, cuatro semanas seguidas, autos polarizados afuera de mi casa que me seguían hasta un cierto punto y luego se devolvían.

Una vez, en una reunión de la Confech a la que asistí, uno de los dirigentes de la Universidad Arturo Prat, que ya no está dentro de las vocerías, dio cuenta de que, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, Carabineros ingresaba a la institución donde estudiaban y los sacaban de sus mismas federaciones y oficinas, y se los llevaban detenidos sin haber hecho nada.

Durante este último tiempo de movilizaciones, la vocera de la Cones da cuenta de que tuvo una persecución de una semana y luego fue sacada de un domicilio particular y detenida. Hace tres días un dirigente secundario en Iquique fue sacado de su casa y detenido. Desde que comenzaron las manifestaciones hemos tenido a Carabineros persiguiéndonos constantemente, gritándonos en las caras a los dirigentes que nos “dejemos de huevear”, con esas palabras. Eso lo vivimos afuera de nuestras casas.

-¿Cuáles en tu opinión son las posibles soluciones para el conflicto?

-Es una pregunta que nos hemos venido haciendo los últimos diez días todos los que participamos dentro del movimiento social en general, y creo que ya se han puesto sobre la mesa algunos elementos. Se ha dicho que la única manera de solucionar este conflicto es por la vía democrática, y uno de los elementos de ese camino es la acusación constitucional que se le va a levantar al Presidente Sebastián Piñera y al ex ministro Chadwick, por las responsabilidades políticas de las violaciones a los derechos humanos. Y es tan relevante porque evita que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la dictadura, que los violadores de derechos humanos ahora están en cárceles de alta seguridad, pero que generan alta calidad de vida para ellos, o, por otra parte, simplemente impunidad. Y que, por ejemplo, se mueran como Augusto Pinochet, sin siquiera haber recibido algún tipo de condena por los delitos que cometió.

Exigir acusaciones constitucionales, una asamblea constituyente y una nueva constitución. Esos son los tres mecanismos que hemos elegido para solucionar este conflicto, pero el gobierno está haciendo oídos sordos, y eso también nos parece bastante grave. La semana pasada solamente citó a los partidos para preguntarles cómo resolver esta coyuntura, cuando debió haber citado a esta mesa de Unidad Social, que tenía las respuestas que buscaba.

Esto se va a resolver cuando el Presidente en verdad quiera entregar un debate y discutir las ideas, que por cierto la derecha las debe tener, pero de manera democrática y no estableciendo terror y miedo que, como ya vemos, no funcionó. Hoy la gente no tiene miedo de salir a movilizarse, no tiene temor en decir basta.

-¿Crees que la acusación constitucional al Presidente llegue a algún puerto? Porque está difícil que se apruebe una resolución en su contra con los votos que se requieren del Congreso…

-Nosotros sabemos que es complejo, principalmente en la segunda cámara: el Senado. Ahí nosotros vemos que está más complejo que avance esta acusación constitucional. Pero el punto es que, teniendo una acusación constitucional, eso podría abrir posibilidades para que, por ejemplo, de manera internacional se establezcan responsabilidades políticas del Presidente y del Ministerio del Interior.

Recordemos que uno de los requisitos que imponen las cortes interamericanas es que se hayan ocupado todos los recursos que se tengan dentro del país. Y uno de los recursos más democráticos que nosotros tenemos para poner en jaque a algún tipo de actor, de algún ministro, al Presidente de la República, es la acusación constitucional. Entonces, tenemos que hacerla para el día de mañana poder llegar de manera internacional y que ellos sean sancionados. No puede quedar nadie en la impunidad. No pueden quedar los carabineros en impunidad, los militares, y menos los que han propiciado este escenario, que es el gobierno de Sebastián Piñera, sus distintos ministros y, por qué no decirlo también, alcaldes que han fomentado un escenario de violencia importante en el país, como el de Puente Alto o el de La Florida.