La dura realidad de estos días nos ha dejado ver el funcionamiento concreto de las instituciones bajo presión. Como se comportan en un escenario real de emergencia. Cuáles son sus prácticas arragiadas y de qué entidad es la fortaleza institucional que las regula y las hace controlables frente a los excesos de poder. El resultado nos debe preocupar. Los valores democráticos, como el respeto a la dignidad humana y la supremacía de la ley, aún no parecen haberlas permeado. Subsisten culturas institucionales de corte autoritario que toleran, facilitan y propician conductas abusivas de las garantías constitucionales.

Se torna ineludible el pensar en medidas concretas para democratizar las instituciones, especialmente Carabineros, las Fuerzas Armadas y Gendarmería de Chile. Éstas deberían reflejar los valores de la sociedad actual que es plural y diversa. Para recuperar el prestigio de estas instituciones, es necesario generar en su interior estructuras democráticas y transformar sustantivamente los contenidos y el enfoque formativo de sus integrantes. Los valores del Estado democrático deben tener fiel reflejo en su cultura organizacional. No bastan unos cursos de formación en derechos humanos realizados para cumplir las metas insitucionales, pues solo sirven para crear un espejismo de cambio, una falsa imagen de modernización, una trasformación de papel, vacía de contenido real y desprovista de la esencia del cambio real que nuestra sociedad requiere.

Es central forjar un sistema de competencias, en que la idoneidad del cargo y la adhesión irrestricta del funcionario a los valores democráticos, expresados en la estructura orgánica funcional de las institucionales policiales y de seguridad, den garantía de protección al orden constitucional vigente y alejen el fantasma de la sublevación por las armas de las FFAA, que nos remite indefectiblemente a la época de oscurantismo dictatorial. La entidad del reclamo social evidencia una madurez cívica del ciudadano actual que, cual conquista épica, no está dispuesto a perder sin luchar. El pueblo creció, se educó y valora la democracia. Exige por tanto un nuevo estandar para sus instituciones, que claramente no es exhibido hoy por nuestros carabineros y militares, uno acorde a la madurez social adquirida. En esta exigencia, Carabineros de Chile debe cambiar sus procesos internos dando un vuelco a la eficacia policiaca, dejando atrás la militarización funcionaria. El Ejército requiere superar su orgullo malsano de seguir la línea prusiana de la disciplina y los resabios de una cultura institucional herededa de la dictadura, para dar lugar a un proceso de modernización en que sus tropas no solo se preparen para brindar seguridad en caso de guerra, sino que además sus efectivos estén eficientemente aptos para actuar en los diversos escenarios de emergencia que la Constitución mandata. Desde esta perspectiva, es indispensable promover un cambio constitucional para prohibir el uso de las fuerzas armadas en conflictos internos. No es sufiente excusa para aceptar la violencia del personal militar el argumentar que están instruidos para un escenario bélico. Nuestras FFAA deben satisfacer los otros estándares que le son exigibles por el orden constitucional. Este cambio será deseable además para propiciar que otras instituciones superen la militarización. Como resulta el caso de Gendarmería de Chile que a través de los años no ha podido sobreponerse al cambio isomorfo sufrido en la década de los 80, desvirtuando la esencia de su función y sus objetivos más inmediatos. No es un logro que Gendarmería de Chile participe en la parada militar del próximo año. Es muestra de una desorientación funcional que evidencia un olvido en su rol propio, como parte de la administración civil del Estado.

Pinochet en su momento (1999), declaró que el ejército de la República Federal de Alemania (RFA) estaba formado por "marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas". Habría que preguntarse si efectivamente no requerimos de un ejército que se asemeje más a la diversidad de una sociedad democrática que uno al estilo prusiano. ¿Qué habla en contra de un carabinero con pelo largo, con tatuajes o pircings? Quizás se le haría más fácil hablar con algunos grupos de ciudadanos que debe proteger. Ya no sería sólo una autoridad que se debe respetar, sino un co-ciudadano que ayuda a garantizar el bien común. ¿Cuál es el impedimento para que haya sindicatos al interior del ejército o de Carabineros de Chile? Quizás colaboraría a canalizar el descontento que existe frente las condiciones laborales y estructuras autoritarias al interior de las instituciones. Existen múltiples denuncias por maltrato o bautizos abusivos de conscriptos y otras prácticas contrarias a los valores de la Constitución. ¿Queremos que eso siga así o más bien deseamos que hasta los “subalternos” dentro de las instituciones castrenses tengan voz y voto? ¿Por qué no permitimos que, por ejemplo, los cadetes elijan a un representante para formar parte del equipo que decide sobre los ascensos al interior de la institución? Si los que quieren asumir el mando son buenos líderes se debería suponer que cuentan con el respaldo de “su tropa”.  Si existiese la voluntad de cambio, podríamos preguntarnos igualmente si es necesario que los funcionarios cambien permanentemente de destino. ¿No sería más deseable que conozcan “su barrio” porque llevan 20 años trabajando en él? En cambio, hoy los funcionarios se ven obligados a mudarse constantemente de región a región para poder ascender. Sus familias son desarraigadas y con qué finalidad ¿para evitar la corrupción? Si fuese así, habría que preguntarse si no existen medios más eficientes para ello en el siglo XXI. Las existentes claramente no funcionan. O, por último: ¿por qué existen casinos diferenciados para oficialidad y sub- oficiales, reproduciendo el clasismo y la exclusión? Son algunas dimensiones para revisar la profesionalización, modernización y ajuste a los valores del Estado democrático de derecho.

Existe también la necesidad de democratizar el poder judicial. Todavía cuenta con una estructura de jerarquía rigida que no garantiza la independencia interna de las juezas y los jueces. El hostigamiento que sufrió el Juez Daniel Urrutia (entre otros) por haber criticado el rol de la judicatura durante la última dictadura chilena en un texto académico, es solo una muestra de la falta de independencia interna. En ese caso, Chile ha sido condenado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto varios ejemplos de juezas y jueces que de manera independiente han impuesto el respeto a las garantías constitucionales en los últimos días, pero que aún no es la regla. Tampoco sabemos si se les van a iniciar procedimientos disciplinarios una vez que haya terminado el estado de emergencia. Hace falta garantizar constitucionalmente la independencia de cada una y cada uno de ellos. Que no se fijen en lo que quieran sus superiores antes de fallar sobre lo que dice la ley. Es decir que el poder judicial institucionalmente respete lo que nuestros representantes y no sus jerarcas (a quienes nadie les eligió nunca), decidieron.

Otra muestra del autoritarismo subsistente en la cultura institucional del poder judicial se ve en los recursos constitucionales declarados inadmisibles por las Cortes de Apelaciones. Las Cortes no analizan el fondo de los petitorios y son proclives a declarar inadmisibles los recursos por un formalismo excesivo. Personas que temen por su vida, por su integridad física, o reclaman en contra de restricciones ilegales de su libertad de locomoción reciben resoluciones denegatorias de tres líneas, sin expresion de sus fundamentos. Subsiste, especialmente en las cortes superiores, una cultura judicial legalista que no hace prevalecer las garantías constitucionales por encima de cualquier resolución administrativa.

También falta democratizar al Congreso nacional. Chile tiene a un Congreso infantilizado. Cada iniciativa legal que implica un gasto requiere ser ingresada por la presidencia (art. 65). Es decir, el Congreso no podría ni presentar una iniciativa legal para que haya baños separados en edificios públicos, pues implica un gasto. Cada directiva de una comunidad de co-propietarios en Chile tiene más facultades. Una cosa es un sistema presidencial, otra es un presidencialismo que se parece a una monarquía absoluta. No sorprende en ese contexto, que los partidos políticos hayan perdido tanta credibilidad.

Consolidar la democracia pasa finalmente por fortalecer el ejercicio de los derechos políticos, de manera tal que el maximo de personas participe activamente en las decisiones que atañen a la comunidad, inluidos nuestros privados de libertad. Este es un buen momento para pedir empatía para este grupo de personas. Hasta ahora la Constitución chilena quita el derecho a voto a todos los acusados y condenados a “penas aflictivas” (art 16 y 17). Es una exclusión antidemocrática que se copió hace más que 200 años de la Constitución de Cádiz (1812) y que impide que personas condenadas a penas mayores a tres años y un día puedan votar (Art. 37 CP).

Los abusos, las torturas, la represión policial y el toque de queda en el escenario actual, introducen elementos que desnaturalizan la convivencia democrática, afectan la conciencia colectiva y de paso, dado el contexto socio político chileno, mancillan la memoria histórica que nos hace revivir los horrores cruentos de una dictadura de la que aún no se sana. Para que las instituciones funcionen bajo presión, de acuerdo a estándares democráticos, se requiere de reformas estructurales urgentes.