La desigualdad en Chile se expresa con dureza en el sistema de salud y para avanzar en equidad, en acceso y resultados sanitarios, es necesario reconocer los déficits estructurales y resolverlos de una buena vez, con voluntad y valentía política, con recursos suficientes y con una propuesta construida participativamente. Esto significa renunciar a réditos políticos inmediatos y espurios, enfrentar con determinación la desinformación sobre la calidad del sistema, reconocer el trabajo de los equipos de salud y eliminar el lucro con la enfermedad de las personas.

La salud es un derecho y el desarrollo sostenible de un país depende del estado de salud de su población. Hemos realizado importantes esfuerzos, que duda cabe, pero han sido insuficientes, no hemos logrado los cambios estructurales en el modelo de salud que Chile requiere ahora y en el futuro. Esta incapacidad ha obedecido esencialmente a que estos esfuerzos se han enfrentado una y otra vez con el modelo de desarrollo neoliberal e individualista imperante, donde se ha instalado que “cada uno se rasca con sus propias uñas”, modelo que parecía irrevocable hasta este estallido social.

Hoy no basta un listado de medidas focalizadas en seguros y subsidios al sector privado, ni planes que fortalecen el modelo actual. Es necesario insistir en que los cuidados en salud estén en cadena, sean integrales, basados en una Atención Primaria fortalecida, abordando las condiciones en que las personas desarrollan su vida, donde nacen, estudian y trabajan, porque difícilmente cuentan con capacidad para “elegir” vivir más sanos, como nos han tratado de convencer.

Un nuevo pacto social para salud deberá involucrar el traspaso de competencias entre profesionales sanitarios y de otros sectores. La asignación de nuevos roles a distintos profesionales, más allá de los médicos, con capacidad de contribuir a disminuir los tiempos de espera, por ejemplo, es una deuda que se arrastra por demasiado tiempo. La generosidad de mirarnos y reconocer nuestras distintas competencias y saberes deberá ser de todos y todas, teniendo como fin la buena salud de la población.

Si hablamos de recursos, Chile asigna menos del 5% de su PIB a la salud pública y la OMS recomienda que los países inviertan desde un 6%, y ojalá un 9%, y un 30% o más de este gasto se destine a la Atención Primaria.

Para que las estrategias de salud lleguen a las personas, con calidad, seguridad y dignidad, no solo se requieren más recursos (no hay evidencia suficiente que sustente que existe ineficiencia en salud), mantener la profesionalización de la gestión y usar nuevos mecanismos de asignación, sino también solidaridad. Debemos avanzar hacia un modelo de Seguro Único con un fondo mancomunado donde todos y todas contribuyamos a financiar los gastos en aumento, dado el perfil sociodemográfico y epidemiológico de nuestra población (con sobrepeso y obesidad, más envejecida y con aumento del cáncer como causa de muerte). Es necesario abandonar la segmentación de nuestro sistema y el modelo de aseguramiento en salud, que segrega dependiendo de cuánto puede pagar el “cliente”.

Todo lo anterior debe ser enfrentado con convicción de la clase política, y participación de las comunidades académica, gremial y social. La Primavera Chilena o el rechazo generalizado al modelo de mercado abre una gran oportunidad. Nunca antes hubo tal consenso social, que el derecho a la salud es inherente a la dignidad de las personas y debe ser garantizado, lo que debiera expresarse, a su vez, en la nueva Constitución Política que construyamos.